El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
En el año 1981, hace 43 años, dirigí una brigada de la Federación de Estudiantes de Panamá, que hicimos un recorrido por la línea del Ferrocarril y cruzamos de la ciudad de Panamá hasta Colón. En ese proyecto hicimos un campamento en Frijoles, varios kilómetros al norte de Gamboa y donde llegaban muchos científicos que desarrollaban estudios científicos en la isla de Barro Colorado. Allí, en ese lugar, vivía un obrero del Canal que era patriota, es decir, de los nuestros. El propósito de esa jornada era un reconocimiento de toda la línea férrea en el objetivo de prepararnos para que Estados Unidos de Norteamérica, cumpliera al pie de la letra con lo que se había firmado en los tratados del Canal de 1977, y además, por el valor histórico del ferrocarril en la vida de Panamá que fue la primera vía férrea que unía los dos grandes océanos, desde 1855.
En el año 1998 el ferrocarril de Panamá se le concesionó a la empresa Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC. En ese contrato que ya cumplió 25 años de existencia, Panamá empezó perdiendo hasta el modo de caminar porque la compañía reclamó un traslape que se había cometido en Colón con los terrenos de los puertos de Cristóbal y Coco Solo, responsabilidad de la Autoridad Portuaria de esa época, además de un crédito de cuarenta millones de balboas que conforme el contrato se le otorgó a la empresa para que con nuestro dinero hiciera una serie de rellenos e inversiones.
En ese entonces la carga por contenedores que se manejaba en los puertos panameños era de solo 800 mil contenedores al año. Hoy se manejan más de 10 millones de contenedores anuales.
El negocio multimillonario para la compañía ha sido de maravilla, sin embargo, para Panamá no ha sido similar historia.
Lo que era un recurso que el Estado deliberadamente nunca quiso potenciar, ahora significa altas utilidades a la empresa, pero los que vivimos dentro del área revertida, perdimos el derecho de uso de la Avenida Gaillard, Diablo Road, que comunicaba Balboa con Alto de Jesús o Diablo Heights y Cárdenas. El Estado tuvo que construir a su costo, la carretera alterna que va contigua al aeropuerto de Albrook y la rotonda, y Los Ríos. Se perdieron los 11 campos de juego de Balboa, solo para mencionar algunos casos insólitos de la concesión en los que el Estado entregó a la empresa sin recibir beneficio alguno.
En ese contrato, también leonino, el Estado se amputa la posibilidad de construir otra línea férrea por la duración del contrato que debió terminar en febrero del 2023, pero todo se maneja con opacidad y hasta oscuridad absoluta. En la actualidad la república de Costa Rica y México tienen en servicio o desarrolla un Canal seco constitutivo de un viaducto y líneas de tren que pretende competir con Panamá, y como el contrato nos limita como Estado, no podemos hacerle frente a este desafío, siendo que deberíamos desarrollar otra línea férrea por el lado oeste del Canal que comunique a la Zona Panamá Pacífico con Zona Libre y los puertos de Colón y entonces tendría sentido construir un puerto en el área de Farfán y Palo Seco tal como recomendaron los expertos originalmente y no como caprichosamente algunos avivatos quisieron imponernos el puerto de Corozal. El proyecto tico costaría arriba de diez mil millones de balboas para un recorrido de cerca de trescientos kilómetros, mientras que en Panamá solo se trata de menos de 80 kilómetros y el de mexico más caro y ya lo tienen listo.
Panamá tiene el deber de estar a la altura de su responsabilidad histórica y utilizar todo el potencial de servicios que tenemos y poner esos recursos a disposición de la satisfacción de las necesidades del pueblo panameño, quien es el dueño de esos bienes.
Esa concesión leonina cesó por muerte natural, pero no hay nada que podamos hacer para que la sociedad panameña reciba en justicia lo que le corresponde por lo que, ya es hora de que empecemos a prepararnos para recuperar dinámicamente al ferrocarril y los puertos y ponerlos al servicio de los panameños con alta eficiencia, así como lo hace el Estado de Singapur o lo hace China y otros.
Ese leonino contrato no tiene ninguna cláusula que le dé sustento alguno a su prolongación automática.
Hasta ahora esos puertos y el ferrocarril, han estado exonerados de impuestos, y no aportan al desarrollo del país lo que debieran y los beneficios solo caminan por una sola dirección que no es precisamente, el pueblo panameño.
¡Así de sencilla es la cosa!
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