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EL PODER CONSTITUCIONAL

 

Dr. Luis De Leon Arias

Presidente De La Asociación Nacional De Juristas De Panamá (anajupa)

 

 

Para la Asociación Nacional de Juristas de Panamá la declaratoria de Inconstitucionalidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, por medio de la cual se aprobó el Contrato de Concesión Minera, dentro del contexto nacional, abre el inicio de dos fenómenos jurídicos-políticos.  El primero se centraliza en la Corte Suprema de Justicia, el PODER CONSTITUCIONAL y establece con  certeza los presupuestos de la tutela efectiva del derecho y la salvaguarda de la seguridad jurídica, verdadero ejercicio del control sobre la legitimidad constitucional, de la guarda de las normas constitucionales y de la garantía de la efectividad de las leyes que integran el ordenamiento positivo nacional.    Advertimos la existencia de nuestro sistema rígido, sistema concentrado o denominado centralizado, función jurisdiccional de control de la constitucionalidad de las leyes que se centraliza en la Corte Suprema de Justica (Pleno), como único Tribunal con funciones o atribuciones constitucionales.

Con la Sentencia de Inconstitucionalidad proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 27 de noviembre de 2023, por decisión unánime de los Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia (Pleno), se instaura el nuevo orden constitucional en la República de Panamá y se recompone nuestro sistema judicial constitucional, es decir, retorna la confianza en el supremo órgano del Estado, el Órgano Judicial y se fortalece la democracia, principio fundamental en un Estado de Derecho que se encontraba próximo al desequilibrio social.

La Corte Suprema de Justicia, Pleno, ejerciendo su poder constitucional, con la dictación del Fallo de Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 nos obliga a todos como ciudadanos a reflexionar y a auto reflexionar sobre el futuro de nuestro país, trazándonos como objetivo de urgencia la unidad nacional, nuestra propia identificación nacional y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.  En igual sentido, nos obliga a crear los mecanismos que se incluyan en el factor político y a abocarnos a establecer un sistema de valoración sobre las personas que aspiran a ocupar altos cargos políticos, como la elección para conformar la Asamblea Nacional y los Ministros de Estado, a fin de seleccionar personas de solvencia moral, con ideas nacionalistas y que depongan sus intereses sobre el bienestar común de la sociedad panameña.  Es decir,  generar cambios en nuestro Estado soberano y que el pueblo ejerza libremente sus derechos y libertades dentro del contexto de las normas constitucionales y convencionales y que se le respeten sus garantías jurídicas y garantías judiciales.

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