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El país de los sueños soterrados |

 

Por: Pedro Luis Prados S.

Si Lewis Carroll no hubiera empeñado su tiempo en crear el País de las Maravillas para la inocente Alicia, habría ganado tiempo a Theodore Roosevelt y creado a Panamá con más riqueza imaginativa y menos pasajes truculentos que los urdidos por el presidente norteamericano. País de mitos y mitómanos les encanta los cuentos de la Tulivieja, el Cadejo, el Chivato, la Silampa, la Niña Encantada, las resurrecciones y muertos vivos; también la lotería, la interpretación de los sueños, las curas milagrosas y las apariciones. No por ello dejan de lado las figuras mesiánicas que surgen del mar o bajan de las estrellas cada cinco años, como tampoco los discursos promisorios cual tablas de la ley bajadas de la montaña. Pero lo realmente extraordinario es la fe que ponen en cambios premonitorios por fechas o hechos determinados como si fuera el Calendario Azteca o los Ciclos de Zoroastro; desde la llegada del nuevo año, la invasión norteamericana, el advenimiento del nuevo siglo, la alineación de los astros o un eclipse lunar son anunciadores cambios promisorios y bienaventuranzas para sus frustradas expectativas.

Una de las cosas de las cuales hacen gala los panameños dentro de su sistema de creencias y mitología popular es su acendrado nacionalismo, las luchas por la soberanía y el amor a los símbolos patrios y, siguiendo el orden, la Democracia como forma de gobierno, las Libertades Individuales y el Estado de Derecho que, sin duda alguna, son componentes de un Estado Nacional moderno por lo cual se entiende, y no puede ser de otra manera, deben ser imprescindibles soportes del orden constitucional. Tal vez esas motivaciones fabulosas, y lo pienso de buena fe, inspiraron a los constituyentes en las cuatro Cartas Magnas que han regido el país y el gran número de enmiendas sufridas durante sus vigencias para garantizar derechos, instrumentar la justicia y procurar la igualdad , pero que el crudo devenir histórico las ha convertido en una mascarada que permite la imposición y ejercicio del poder por parte de un sector dominante (que no podemos llamar oligarquía porque es mucho más complejo) y la subordinación y explotación de una ciudadanía crédula y sumisa por otro.

Mitos institucionalizados, las constituciones y el orden preestablecido por ellas, por lo menos en las experiencias panameñas, se han convertido en metarrelatos que permiten organizar y establecer un orden social bajo el imperio de un sistema legal heterodoxo y en extremo impreciso. Enarbolando los principios de la Ilustración e invocando los precedentes históricos de la tradición griega y romana, garantizan desde sus tribunas y con vibrante sonoridad preceptos como Libertad, Igualdad, Fraternidad, Solidaridad que rebotan sobre los techos marginales y los ranchos campesinos en reiterados monosílabos, dad…dad…dad como una solicitud de aporte más al gran proyecto nacional o los balbuceos de un infante luego de chuparse el dedo. El ideal romántico devenido en Derecho, en países como el nuestro, sin tradición de institucionalidad ni vocación por el cumplimiento de la norma, una vez plasmados en documentos constitucionales son menos obligatorios que los diez mandamientos o una receta médica. Se accede a la norma como precepto cuando ésta sirve para encubrir una acción o para autenticar una decisión, no para regular o delimitar las responsabilidades políticas o el comportamiento social.

Tierra de modas e innovaciones no perdemos tiempo en consideraciones y pasamos a nuevas etapas sin agotar las opciones anteriores. Cambiamos de vestimenta, costumbres, alimentación, entretenimiento y formas de vida al recibir los primeros embates de las tendencias internacionales. De igual forma, ante las necesidades e intereses de nuevos grupos que detentan el poder inventamos excusas, teorías, modelos económicos y demandas de derechos para abalanzarnos sedientos sobre los textos constitucionales. En esa prolificidad estamos a punto de alumbrar una quinta Constitución Política en 125 años de vida republicana, sin desmedro de las incontables reformas, enmiendas, parches, remiendos y tergiversaciones sufridas por las que han pasado de vigencia. Con un promedio de 25 años nos damos el lujo de una Constitución por cada generación, lo cual para un extraño habla de la maduración política, la institucionalidad y el progreso político social de los panameños.

Lo triste, y también ridículo, es que muchos lo creen como revelados por sueños soterrados. Piensan que esas innovaciones son producto de los cambios de mentalidades, desarrollo de las instituciones y avances en el Derecho. Sumidos en telenovelas y el mejor boxeo no llegan a comprender que cada Carta Magna constituyó en su época un instrumento para legitimar los intereses y acciones de los grupos gobernantes y a los imperativos de cada época. Desde conceder derechos de circulación, jurisdicción y uso de tierras para la construcción del Canal, hasta el derecho de intervención militar que consagró la Constitución de 1904; los impulsos ególatras, autoritarios y racistas del documento de 1941; el sano equilibrio de los derechos individuales y la actividad económica conjugados en la Constitución de 1946 —la mejor concebida de todas— y el instrumento de 1972 cuyas premisas de bienestar social y participación del Estado sirven de matiz al centralismo del poder. En todas y cada una se enarboló los Derechos Individuales y las Garantías Ciudadanas como cobertura para esconder intenciones del sector dominante.

Nada garantiza que, tras esa poética de democratización, eliminación de prebendas e impunidad del Órgano Legislativo; de precisar las facultades de la Corte Suprema de Justicia, perfeccionar el funcionamiento del Sistema Judicial y dotar de autonomía a sus miembros; de limitar las facultades del Ejecutivo y definir sus capacidades como regulador de la vida política y económica, no se escondan otros motivos de sectores interesados que tras bastidores impulsen su propia agenda constitucional. La propuesta de una Constituyente Paralela que esconde en el debate las aspiraciones de quienes, después de lograr el poder tras la invasión de 1989, se encuentran con el escollo de una Régimen Constitucional proteccionista y garante de la administración de los recursos del Estado y la finalidad social de los mismos, frente a la impronta de la concepción libertaria del individuo que reduce las facultades del Estado en materia económica, tenencia de bienes y usufructo ilimitado de la actividad económica desligada de la responsabilidad social. Por otro lado, quienes abogan por una Constituyente Originaria que proponga la construcción desde sus cimientos de un nuevo orden social, político y económico que permita arrancar con igualdad de condiciones el compromiso de transformar el país. Agendas diferentes con disímil literatura que entrechocan, pero que ninguno de sus voceros se atreve a desmigajar y poner sobre la mesa para participación de todos.

Mientras, de todas y de ninguna parte, nos siguen llegando sueños soterrados, relatos, metarrelatos, mitos, cuentos y fábulas que tranquilizan la conciencia y atiborran la imaginación para que en este país de Alicia, las maravillas ocurran a diario entre uno y otro programa de televisión mientras llegan los bonos y las fiestas patronales.

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