Por. Gonzalo Delgado Quintero
El momento actual exige que con la misma fuerza que los mártires reclamaron la soberanía sobre la Zona del Canal, con ese mismo ímpetu se reclame la participación popular en la Junta Directiva de esta institución ahora conocida como Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Hemos de recordar que en medio de la lucha patriótica por arrancarles esta franja de tierra y el Canal a los norteamericanos, el propio Omar Torrijos Herrera advertía que el asunto no era “cambiar los amos blancos por los amos chocolates”. Con esta sentencia del General Torrijos hace 45 años, pareciese que tenía visión de Nostradamus; pero no fue eso. Simplemente él conocía la apetencia parasitaria y oportunista de la oligarquía criolla. Un grupo que desde el Club Unión conspiró sin cesar a favor de los gringos y contra el proyecto descolonizador del líder Omar.
Hoy como siempre, cuando se trata del Canal de Panamá, la transparencia es fundamental y advertimos que sobre esta institución los panameños forman un haz de voluntades por su defensa. Y es que hay demasiados asuntos en juego y la información oportuna, la consulta y los consensos después de amplios debates son estratégicamente necesarios para no comprometer el prestigio de esta institución, sobre todo, en estos momentos en los que se ha empañado su imagen y que se presenta borrosa en cuanto a la actuación de la Administración y la Junta Directiva de la ACP.
Por ejemplo, desde hace más de 10 años se está presentando reiteradamente la queja de los trabajadores de la vía acuática, sobre todo, de los Pasabarcos y su estabilidad laboral. Muchos de ellos sin razón aparente, no se les ha brindado la permanencia a pesar de tener hasta 15 años de estar laborando. Tal situación incluso no les permite ser sujetos de créditos o realizar cualquier transacción que pueda ser respaldada por su salario ganado en un puesto estable. Además, queda pendiente la posibilidad de un posible resarcimiento a los familiares de los trabajadores del Canal, víctimas por Covid 19, quienes fallecieron en el cumplimiento de su deber.
Tal circunstancia fue descrita por los dirigentes sindicales, quienes hicieron señalamientos contra la administración a quienes endilgaron en ese momento, de haber obligado a estos humildes operarios del Canal a tener que asistir a laborar sin la supervisión ni los controles necesarios de bioseguridad, en cuanto que, y sobre todo los pasabarcos, debieron atender en los peores momento, en total indefensión contra la Covid 19, directamente una serie de embarcaciones procedentes de todas partes del mundo.
Hay otros temas en la parte laboral, como fue el descomunal aumento otorgado al Administrador General, además del incremento dado a los miembros de la Junta Directiva y a ciertos círculos cercanos de colaboradores. Pero lo más peligroso son las decisiones que de manera unilateral, se han estado tomando y ejecutando.
Por ejemplo, la presencia de soldados norteamericanos en la supuesta custodia de las aguas del Canal, que es una flagrante violación a los Tratados Torrijos- Carter. Pero eso no queda allí, y es que residentes y vecinos de las áreas revertidas se están quejando de la utilización de tierras que son inadjudicables y sin embargo, la Administración y la Junta Directiva hacen caso omiso a la norma. Sustentan que se están vendiendo áreas de Operación del Canal, los parques y otras áreas recreativas, sin que se respete las disposiciones legales vigentes sobre el uso de estas áreas adyacentes y a lo largo de la vía acuática.
Otros muy delicados cuestionamientos que hacen son los que observan los fondos del Canal, al menos en dos aspectos significativos. Uno es y se hacen la pregunta, de si realmente se le está otorgando lo que verdaderamente le corresponde en cuanto a los aportes anuales del peaje al Estado y lo otro es si lo que recibe el Estado, es debidamente distribuido cumpliéndose con el precepto del mayor uso colectivo de estos dineros para beneficio del pueblo panameño.
Otro fuerte cuestionamiento es la forma en que algunos miembros de la Junta Directiva, vienen utilizando información privilegiada para su propio beneficio y de un pequeño círculo de beneficiados de manera desleal y cerrada a cualquier entrada a la que tienen derecho todos los panameños entre los que cuentan otros empresarios excluidos.
Finalmente, cuestionan la conformación de la Junta Directiva, de cómo está integrada y de quiénes deben ser y plantean que las decisiones fundamentales y los asuntos del Canal de Panamá, la Administración y su Junta Directiva son temas de carácter nacional y de plena consulta al pueblo panameño, por lo que la directiva de esta instancia deliberadora debe estar representada por la propuesta de las fuerzas vivas del país, salida de los sectores populares y garante de la transparencia que hasta el momento, como es evidente, falta en el manejo de esta institución.
El autor es periodista, analista y escritor
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