El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade, subrayó al intervenir ante los diputados que el pueblo decida si es conveniente o no ese pacto que lesiona su soberanía y atenta contra la vida y la naturaleza.

El líder obrero citó artículos de la Constitución de la República que obligan a los parlamentarios a sancionar leyes que garanticen que la población un ambiente sano y libre de contaminación y que el desarrollo económico no comprometa al ecosistema , lo que se niega en ese pacto con la filial de las trasnacional canadiense First Quantum.

Al citar fragmentos del texto, Andrade denunció que el Estado concede una parte del territorio nacional a una empresa extranjera por 20 años, prorrogables igual lapso; y además le permite el control de su espacio aéreo, lo cual viola lo establecido en la carta magna.

“La Constitución obliga a los diputados a actuar en interés de la nación, piensen en sus hijos, en sus nietos, en sus familias, en el pueblo y el futuro de las nuevas generaciones”, insistió.

También sentenció que los verdaderos patriotas, como los mártires estudiantes de la gesta de enero de 1964, se mantendrán en las calles dispuestos a dar la vida, si fuese necesario, para defender los intereses del país al no permitir que ese convenio sea aprobado.

Otro de los líderes y voceros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida que expuso sus argumentos ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional fue Saúl Méndez, secretario General el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción, quien pidió a los diputados a rechazar el leonino contrato.

Méndez denunció que ese pacto conllevará a la destrucción del corredor biológico mesoamericano con daños irreversibles a la naturaleza por la minería a cielo abierto, así como que exonera de impuestos tributario a la compañía en funciones.

Además de las 20 mil hectáreas que el Estado entrega según ese texto, al capital extranjero, también establece la concesión de otras tierras para seguir explotando cobre, oro y manganeso, entre otros minerales.

Por su parte, el economista William Hughes exhortó a los diputados a que no incurran en la misma violación de sus pares en 1997- en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999)- al sancionar un texto similar, para que luego en 2017 la Corte Suprema de Justicia lo declarara anticonstitucional, por incumplir con la licitación pública.

“Lo mismo que sucede ahora con Minera Panamá que opera de manera ilegal y sustrae recursos que le pertenecen a todos los panameños y además en flagrante violación de la seguridad jurídica”, remarcó.

Las deliberaciones en sesión permanente de la comisión legislativa tienen lugar en medio de protestas de grupos estudiantiles, trabajadores, ambientalistas y de colectivos populares que se mantienen en los alrededores del Legislativo en demanda de que se rechace el contrato con Minera Panamá.

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