Como un mercado de pulgas.|

Por: Pedro Luis Prados S.

Hace un poco más de medio siglo dos economistas norteamericanos, Paul Baran y Paul Swezzy, examinaron el comportamiento del capitalismo en el plano de las relaciones internacionales y los efectos que los centros de poder económico ejercen sobre los países menos desarrollados. El capital monopolista fue un aldabonazo sobre las consecuencias de la inversión masiva de capitales en los países subdesarrollados, y de cómo se lograría la  apropiación-expropiación del excedente económico derivado  de las políticas de rendimiento corporativo.

Visualizaron, en 1964, el panorama de la “mundialización del capital” mucho antes de que la “globalización” (eufemismo promocional) amplificaba su proceso de megafagosis de recursos tras la caída de la Unión Soviética y con ello la extrapolación de fuerzas que significó la Guerra Fría.

Conjuntamente con otros textos, como El desarrollo desigual del egipcio Samir Amin, sentó las bases para un movimiento teórico que alcanzaría repercusión continental y diera reorientación ideológica a las luchas de liberación africanas. La llamada Teoría de la Dependencia a la cual se sumaron sociólogos, economistas, filósofos y cientistas sociales de diversas partes del mundo redefinió no sólo la interpretación de la historia económica del planeta, sino que dió un instrumento que permitió una nueva concepción geopolítica de los países de la región.  Andrê Gunther Frank, Enrico Cardoso, Theotonio Du Santos, Celso Furtado, Torcuato De Tella, Roger Bartra y muchos otros aportaron una copiosa bibliografía que permitió analizar con una nueva perspectiva los mecanismos de sobreexplotación en nuestros países por parte de los centros hegemónicos, y las causas del subdesarrollo de los mismos. “El desarrollo del subdesarrollo”, como diría Gunther Frank, no estaba en la debilidad de los sistemas productivos de los países empobrecidos, radica en las políticas de apropiación de los centros de poder.

Esa mundialización del capital, a la que se refería Marx de forma prematura, y cuyos riesgos advirtieran economistas de tendencias liberales como J.A. Schumpeter, J.M. Keynes, P. Samuelson y otros no se dio con la celeridad que la conjugación del capital financiero y el capital industrial, que ya se gestaba desde finales del siglo XVIII, debió darle en su proceso de expansión. La Primera y la Segunda Guerra Mundial y la prolongada Guerra Fría mantuvo fraccionado y en tensión los centros de ese poder económico y muchas veces en abierta contraposición. La caída de la Unión Soviética puso fin esa aparente rivalidad y el siglo XXI se anunció como la era de la Globalización Económica y de la expansión del capital. Las anunciaciones de las teorías de la dependencia y del desarrollo desigual pasaron a los anaqueles como un viejo sueño romántico y la era del capitalismo mundial hizo sonar sus campanas.

No es necesario haber leído a Ricardo o a Marx, y es sabido que los políticos no están para esas sutilezas, para saber que el sistema capitalista funciona básicamente sobre dos directrices: la expansión del capital y la acumulación de plusvalía. Su crecimiento natural demanda cada vez más expandir su capacidad de reproducción y ampliación de mercados y, por otra parte, la acumulación de riqueza mediante la generación de valor adicional en el proceso de producción. Para ello necesita la eliminación de cualquier impedimento político o legal que frene esos objetivos o reduzca su incremento. Es por eso que, en la coyuntura actual los gobernantes que de alguna manera se coloquen en la línea de fuego de esos objetivos están llamados a salir del escenario por la razón o por la fuerza. En ese rejuego de presiones y claudicaciones es fácil comprender el apoyo a los “gobiernos amigos” y de la ligereza en financiamientos que comprometan su autonomía de gestión. El binomio formado por los gobiernos de los países desarrollados  ─con sus ejércitos, mecanismos coercitivos y políticas de línea dura– y las corporaciones industrial-financieras que los sufragan, actúan al unísono cuando se trata de garantizar o defender su dominio sobre las zonas periféricas.

Por eso no debe sorprendernos que Laurentino Cortizo, con una celeridad viral, haya aprobado la llamada Ley EMMA  (Ley 159 de 31 de agosto de 2020) en medio de una pandemia que no permite a la ciudadanía tomar un respiro para la reflexión frente a las  necesidades del diario vivir y la muerte al acecho. No debe sorprendernos, decimos, porque no hay otra explicación para los generosos préstamos y facilidades para la colocación de bonos (igual préstamos), que los Organismos Financieros Internacionales han dado al actual gobierno casi sin garantía alguna y con intereses supuestamente preferenciales. Las concesiones tributarias, migratorias, de uso de suelo y laborales que se hacen a esas empresas para “impulsar el desarrollo” son muy similares a los acuerdos y enmiendas derivadas al Convenio de 1903. Para la vergüenza de los panameños que aún nos atrevemos a sufrirla, esa legislación nos describe cómo las caricaturas de los diarios colombianos de inicios del siglo XX, en donde magnates de la bolsa, políticos y militares, encabezados por el Tío Sam, ofrecen dineros y joyas a una meretriz semi desnuda reclinada en un diván.

Para los viejos torrijistas, que con fe ciega y voluntad inquebrantable enarbolaron las banderas de lucha al calor de “un solo territorio, una sola bandera” como propuesta reivindicadora; para las juventudes que sudorosas y sofocadas, corrían por las calles pidiendo “soberanía total” en clamor de un mañana y para los miles de ciudadanos que el “de pie o muertos, nunca de rodillas” tenía un profundo sentido de dignidad personal y colectiva, esta ha sido la ocasión para que develen el manto de las ilusiones fallidas, aparten las flores marchitas de las tumbas y contemplen el cadáver en descomposición de lo que queda de sus sueños y esperanzas. De lo obtenido en lucha tenaz y solidaria hace 50 años poco queda por rescatar; como en un mercado de pulgas todo se ha vendido al mejor postor, del partido que daría continuidad ideológica y de principios al legado torrijista, solo queda el cascarón indiferenciado que lo iguala a los otros partidos empresariales sometidos al sistema financiero y a los intereses foráneos.

Treinta años de mascaradas y corrupción compartida han dejado su secuela y han puesto en evidencia que todos los partidos políticos en que los panameños han puesto sus esperanzas, son un solo partido con una sola bandera, la bandera de la ignominia.

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