El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Dr. José R. Acevedo C.
Actualmente está en debate en la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 96, por el cual se reforma el Código Electoral, de cuya finalidad se dice que es limpiar el camino de escombros legales, que actualmente limita la libertad y decisiones internas de los partidos políticos y de igual manera, lograr una mejor equiparación de los subsidios electorales en relación a lo que obtienen los partidos políticos frente a los candidatos de libre postulación. También tengo información que las contribuciones privadas requieren de un ajuste, al no ser cierto que todo ese dinero procede del lavado de activos como se afirma equivocadamente, quien se arriesga paga, ya lo hemos visto.El Proyecto 96 fue presentado por los Magistrados del Tribunal Electoral, aun así, estos no podían retirarlo del debate al recibir modificaciones.
En el camino se han presentado más de 150 modificaciones, lo que es un derecho de los diputados. Esto no significa que vayan a ser adoptadas.
Es cierto que el Tribunal Electoral ha abusado de su facultad constitucional de reglamentar e interpretar la Ley electoral. En el último proceso electoral se le critica que han emitido un número exagerado de Resoluciones y Decretos, que de alguna manera directamente inciden en los procedimientos internos de los partidos, mermando su autonomía y en otras ocasiones mutan la exégesis de la norma, actuando más allá de lo lógicamente aceptado y la flexibilidad legal permitida.
La decisión a la cual nos referimos además del contenido de algunas normas, es el hecho cierto que no se presentaron dentro del proceso de discusión en el órgano competente en el momento, que es la Comisión de Reformas Electorales. De ninguna manera esto significa que los diputados cedan su facultad constitucional de legislar, ya que dentro de ese proceso tienen pleno derecho a proponer y ese derecho no se debe considerar desacertado.
La decisión incomprensible que sale del mando más alto de otro Poder del Estado, no midió el costo político de llevar casi un nuevo código electoral a discusión sin ser antes consensuado con los actores políticos. Esto se ha considerado y visualizado como un desdén contra el Tribunal Electoral y una imposición electorera del partido gobernante junto con el CD. Lo incomprensible es que esto pudo ser evitado con un poco de sensatez y de prudencia política. Ahora esto parece salirse de control, porque ha logrado unificar intereses difusos y que además sus actos puedan ser extintos en el tiempo, rompiendo la tranquilidad cotidiana y a la Asamblea retomando sus pasos como una mea culpa de la que no es del todo responsable. La verdad me cuesta demasiado desgaste neuronal entender tal decisión.
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