El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Lic. Víctor Collado S.
El 24/7 el Procurador General presentó 2 Proyectos de Ley en la AN para ampliar y modificar el régimen legal sobre el tratamiento de la corrupción. Del primero de ellos dimos cuenta el domingo último en la Opinión Dominical con el título «La Corrupción: piedra en el zapato». En esa propuesta se sugiere aumentar las penas a 10 tipos penales de delitos Contra la Administración Pública y se agrega uno nuevo.
En el 2o. proyecto es más abarcador porque en adición a reformas al C.P., persigue establecer el marco integral de la investigación y enjuiciamiento, restitución y recuperación de activos vinculados con delitos contra la Administración Pública, el Blanqueo y, en general, contra toda conducta delictiva en perjuicio del Estado.
Sin duda alguna la Corrupción tiene infectado y afectado al país, y lo es en tal grado que todos, por una u otra manera, hemos terminado siendo víctimas sea por la frecuencia con que se cometen esos delitos como por la frustración que generan las esporádicas sanciones que se aplican que, para peor, no resultan ejemplares ni los procesados las cumplen en la vida real.
Lo primero a destacar de esta iniciativa es el fortalecimiento de la figura del Fiscal o Personero, de suerte que éstos podrán ejecutar acciones, tales como retener bienes, decretar la reserva total o parcial de las actuaciones, asignar a particulares como agentes encubiertos, ordenar seguimientos, adelantar pesquisas patrimoniales a empresas o personas, uso de peritajes y auditorías a cargo de personas, sean funcionarios o no y sin requerir validación de una entidad publica, no se exigirá examen previo de la Contraloría General para la validez o acreditación de hechos, incluyendo la persecución del delito de enriquecimiento ilícito. Mientras muchas de estas acciones, luego de cumplidas, quedarían sujetas al control posterior de un Juez, no siempre se prevé el activo aseguramiento de los efectos reparadores, incluyendo perjuicios causados.
Todo lo anterior se refuerza con la aplicación inmediata de las nuevas disposiciones de orden público, en condiciones de complementariedad o a la par de normas ya existentes, según lo que resulte mas pertinente para la investigación del Ministerio Público. En otras palabras: sin tener que modificar reglas procesales hoy vigentes, el MP tendrá la facilidad para utilizar los resortes actuales adicionados con las amplias facultades investigativas que les concedería la legislación propuesta.
Desde la óptica de contar con la sagacidad para la persecución ante los sofisticados métodos de que se vale la delincuencia, parecen adecuadas medidas tendientes a empoderar a los Fiscales modernizándoles las herramientas de trabajo para habilitarlos mejor ante el reto que plantea el avance de la criminalidad con sus mecanismos de escapes y triquiñuelas.
Empero, hay que ser científicos y comedidos para que no se nos vaya la mano en pollo.
Nuestro sistema justicia nacional sigue siendo frágil, inconsistente y altamente penetrable de mil y unas maneras. La más plausible acechanza contra la ola de delitos y sus variantes, no puede desconocer la vigencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías judiciales en favor de quien sea el indiciado, imputado o sentenciado.
Ninguna justicia serviría para los fines que impulsan el Proyecto de Ley, si se hace a trocha y mocha, al gusto y paladar de autoridades transitorias u obviando una insustituible visión a luces largas. Por esto es de cuestionar el sabor avinagrado que deja la superficialidad con que se aborda el tema de la recuperación concreta de los bienes ilegalmente obtenidos.
El esfuerzo que se advierte en este Proyecto de Ley tiene que complementarse con aquello que no tiene: la necesidad urgente de una política nacional anti crimen, altamente concertada y concentrada en el saneamiento y la mora nacional, donde tenga prioridad la transparencia, la solidez institucional y reglas de procedimiento sin espacios para reservas y privado de pasadizos ocultos porque, de otra forma, podríamos estar repartiendo las llaves que abrirían puertas hacia un agresivo esquema de abuso de poder.
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