La posición demagógica del Conep, buscando aparecer no como autor intelectual de la Ley 462, sino como mediador en la “falsa solución” de la huelga magisterial, haciéndose pasar como neutro, con el fin de intentar mejorar su muy deteriorado nivel de hegemonía.
Juan Jované
Los medios tradicionales de comunicación, cuya función ideológica en términos de la construcción de hegemonía es filtrar lo que se discute, establecer que se discute y sesgar el debate en favor de los sectores económicamente dominantes, han estado presentando como una enorme derrota el final de la huelga magisterial.
Esto se evidencia en un titular del diario La Prensa, tradicional vocero de los sectores económicamente dominantes, publicado el lunes 14 de julio de 2025. Según el mismo, luego de 80 días de paro la “cúpula docente vuelve a clases con sabor a derrota.” Se trata de una posición que, además de buscar un sentido de frustración y desmovilización en los sectores sociales, intenta descabezar, tal como hicieron con parte del movimiento sindical, a la actual dirigencia magisterial.
No es casual, entonces, que una glosa de La Llorona de la misma fecha, asegure que: “Me escribe un docente para contarme que, después de 80 días de paro, y quedar con las manos vacías y con la peor derrota gremial de la historia, es mejor que la dirigencia empiece a ceder paso a una restructuración de los gremios magisteriales”. Tampoco es casual que en El Picadillo del día siguiente se lea lo siguiente: “me aseguran que un dirigente de los docentes que llevó a sus compañeros al matadero, que está en una tembladera, porque o se lo echaron o lo van a echar.”
No se trata, desde luego, de alegar que las acciones de protesta frente a la aprobación de la Ley 462 no tuvieran un alto costo para los sectores sociales, pero tampoco se trata de aceptar pasivamente que las mismas no tuvieron ningún costo para el bloque dominante, constituido por el gobierno del señor Mulino, la asamblea y los sectores económicamente dominantes a quienes representan.
Es un hecho que la Ley 462 nunca logró sostenerse, como pretendía el gobierno de turno y los sectores económicamente dominantes, por medio de un consenso social, pese a todo el esfuerzo propagandístico desarrollado por los mismos. En realidad, la misma solo logró ser impuesta por medio de la fuerza, ejercida con una enorme saña y brutalidad por los organismos represivos del Estado, como lo son el SENAFRONt, el SNAN y la Policía Nacional, los cuales contaron con la complicidad de los órganos que permitieron la judialización de la protesta. Las múltiples denuncias de las fragrantes violaciones de los Derechos Humanos así lo confirman.
Esto significa que el resultado de las luchas sociales también significó un elevadísimo costo para el gobierno de turno y la Asamblea Nacional. Su capacidad de ejercer hegemonía frente a la población, es decir de aparecer como cuerpos con capacidad de dirigir e interpretar los intereses generales de la Nación, prácticamente quedó hecha añicos. Es así que en la reciente encuesta publicada por el diario la Estrella, el 85.1% de los encuestados respondieron que el actual gobierno no representa los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Se trata, dicho sea de paso, de una cifra conservadora, habida cuenta que la encuesta no se realizó ni en le provincia de Bocas de Toro ni en la del Darién.
La esencia de la Ley 462 se puede encontrar claramente en las propuestas del Conep, tal como se desprende de una lectura atenta de su documento titulado Panamá Visión País 2050, publicada antes de las elecciones generales de 2024. Concretamente esto se hace evidente en las páginas 95, 96 y 97 de ese documento. En este sentido resulta cierto que la resistencia activa de los sectores de los pueblos originarios, los gremios magisteriales y parte del movimiento sindical, así como el repudio generalizado de la población frente a la Ley 462, también se tiene que interpretar como una derrota ideológica – política para los sectores económicamente dominantes.
Si bien es cierto que estos sectores lograron a sangre y fuego avanzar en su primer paso de la política de choque, destinada a potenciar su acumulación de capital y ganancias, no es menos cierto que la pérdida de hegemonía de los sectores económicamente dominantes, ya golpeada en 2023, se profundizó. Cada vez les resulta más difícil disfrazar sus intereses particulares como los del conjunto de la Nación. Esto, desde luego, le dificulta un avance suave y rápido para el resto de la política de choque
Esto explica la posición demagógica del Conep, buscando aparecer no como autor intelectual de la Ley 462, sino como mediador en la “falsa solución” de la huelga magisterial, haciéndose pasar como neutro, con el fin de intentar mejorar su muy deteriorado nivel de hegemonía.
Resulta fundamental, con el fin de mejorar la lucha contra la política de choque, denunciar este burdo y demagógico intento. Se trata de vincular las acciones gubernamentales, incluyendo la represivas, con los intereses de los sectores económicamente dominantes: ¡la huelga ha muerto, viva la batalla de las ideas!