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Un presidente falaz y mediocre

Juan Jované

 

Los recientes acontecimientos desarrollados a partir de la aprobación y sanción del nefasto contrato minero, muestran con claridad que el país esta manejado por un gobierno falaz y mediocre. Falaz porque, de manera sistemática, encubre la entrega del país y su ambiente a los intereses de las trasnacionales con argumentos falsos. Mediocre dado que no ha sido capaz de implantar un estilo de desarrollo democrático, socialmente justo y ambientalmente sano.

En su mensaje a la Nación del 24 de octubre el señor Cortizo intentó vender la idea de que la firma del contrato minero fue la “decesión correcta”, lo que a todas luces contradice la verdad. Su supuesta decisión optima, basada en la idea de  la  Sociedad Minera Panamá tenía derechos en firme, no solo niega el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional esos supuestos derechos. También le intenta entregar, en base a una Ley espuria, una base legal. Es como darle un aval a un intruso que ha venido aprovechándose por mucho tiempo de la casa propia.

El señor Cortizo al reconocerle a la Sociedad Minera Panamá una supuesta “seguridad jurídica” olvida, de manera burda, el hecho de que cuando esta empresa adquirió la explotación minera ya existía la demanda de inconstitucionalidad. El presidente de Panamá, que se precia de ser un empresario exitoso, debería saber que cuando se adquiere una empresa se adquieren los activos y los pasivos, los posibles beneficios, así como los eventuales riesgos.

En el infame discurso del 24 de octubre el señor Cortizo también demostró ignorancia, ya sea real o por conveniencia, al olvidar que cuando se evalúa un proyecto de inversión de tipo III la Ley panameña obliga a que se establezcan claramente los costos ambientales. Estos, como era de esperarse, simplemente resultaron totalmente excluidos de la falaz narrativa presidencial.

Es así, por ejemplo, que se hace énfasis en las recaudaciones de cuotas de la CSS, pero se omite el hecho de que la construcción, operación y cierre de una mina a cielo abierto genera un incremento de la morbilidad y la mortalidad. Es entonces claro que los gastos del programa de enfermedad y maternidad, así como el de riesgos profesionales, se elevarán significativamente por la actividad minera.

De acuerdo a un estudio reciente publicado en la revista Science el 22 de septiembre, a nivel global un poco más de 23 millones de personas se encuentran afectados por la presencia de la concentración de residuos tóxicos potencialmente dañinos, procedentes de la actividad minera. Obviamente Panamá no es ni será una excepción en el caso de este riesgo. Por otra parte, en el sitio web The World Counts se afirma que “Cada año mueren más de 15.000 mineros, y esta es sólo la cifra oficial de muertes. Lo más probable es que sean muchos más. Nadie sabe realmente cuántas personas resultan heridas en la minería, pero es probable que sean cientos de miles cada año”. En todo caso, como debería entender el señor Cortizo, estamos hablando de costos humanos inconmensurables desde el punto de vista monetario, debido a que los mismos simplemente son infinitos.

También en referencia a la seguridad social el señor Cortizo alega que la firma del contrato es el camino para elevar las pensiones de los pensionados más vulnerables y lograr la salvación del programa de invalidez, vejez y muerte. No solo olvida que los problemas de este programa provienen de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, que fue aprobada por un gabinete del cual el hacia parte.

Lo peor es que olvida que existen formas de ayudar al sistema solidario de pensiones sin tener que entregar la soberanía nacional. En primer lugar, su gobierno pudo haber combatido con decisión la evasión fiscal por parte del sector empresarial, la que en el 2022 alcanzó a B/. 7,383.6. También pudo combatir la corrupción que tiene un costo que puede alcanzar a 4.0% del PIB anualmente. Por lo menos se pudo referir a la evasión patronal de las cuotas de la seguridad social (B/. 3,161,7 millones entre el 2015 y el 2021).

Lo más ridículo en este caso es que el presidente no señala que en su contrato minero si bien se le entregan, según el B/ 190.0 millones anuales a la CSS, también se generan gastos por la misma magnitud. Es obvio que el déficit queda exactamente en el mismo lugar.

Frente a las amenazas abiertas de represión emitidas por el señor Cortizo, vale la pena recordarle la siguiente frase de Gandhi: “cuando una ley es injusta, lo correcto es no obedecer”.

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