Juan Jované
Es claro, entonces, que la propuesta empresarial de una reforma estructural del sistema de pensiones, que incluye la instauración completa del infame modelo de las cuentas individuales manejadas por la empresa privada, así como la llamada reforma paramétrica, es considerada por los sectores económicamente dominantes como el primer paso de la profundización de la reforma estructural neoliberal. Luego vendrían elementos como la destrucción del actual Código de Trabajo, la privatización de la educación y de la salud, el aumento del ITBMS, entre otras medidas.
De lo anterior se desprende el motivo por el cual la cúpula empresarial pretende iniciar el camino a su perversa imagen objetivo de la sociedad panameña con la reforma a la seguridad social.
Resulta evidente que la seguridad social es, a todas luces, el frente en que la población y sus organizaciones sociales pueden tener el mayor nivel de resistencia. Esto no solo por lo sensible del tema, sino, además, porque el mismo afecta directamente al 77.1% de la población, incluyendo a las capas medias. Por tanto, si la cúpula empresarial lograra derrotar al movimiento social en el campo de la seguridad social, lo dejaría prácticamente desarticulado, abriendo el camino para completar la transformación retrógrada de toda la sociedad panameña, tal como se lo ha propuesto.
Es interesante, para entender la táctica del sector económicamente dominante, que pese a que el diario La Prensa, que actúa como vocero oficioso de los sectores económicamente dominantes, reconoce en su publicación del 18 de enero de 2023 “que es probable que nada se haga en un año electoral”, insiste en seguir calentando el tema de la seguridad social con un fin evidente: aterrorizar a la población y condicionarla para que acepte su propuesta de destrucción de la solidaridad.
Por eso, los voceros de la cúpula empresarial no solo promueven y avalan la persecución vía judalización de los dirigentes obreros y de otros sectores. También distorsionan los hechos a fin de lograr sus propósitos. Es así, por ejemplo, que uno de sus economistas más connotados al realizar un análisis del impacto de la informalidad sobre la seguridad social, olvida un hecho fundamental: en abril del 2022, de acuerdo al INEC, existían 108,715 trabajadores informales laborando en empresas formales. Obviamente se trata de una forma de presentar los hechos ocultando la evasión que practican algunos empresarios frente a sus responsabilidades con la Caja de Seguro Social.
Más bizarro aún fue la reciente declaración de otro economista del capital financiero, según la cual este año la ACP aportará al Estado un total de B/. 2,000.0 millones, lo que merece dos comentarios. En primer lugar, la cifra verdadera es de B/. 2,544.6 millones. En segundo lugar, no fue capaz de recordar la evasión fiscal del sector empresarial, la cual llega al 10.0% del PIB.
Frente a la actual situación es fundamental que los movimientos sociales y las capas medias no solo entiendan los objetivos de la cúpula empresarial. Hace falta denunciarla, a la vez que fortalecer la alternativa popular sobre la seguridad social pública, solidaria y universal, teniendo en cuenta la importancia de la organización y la movilización. Es necesario, además, entender que la derrota de los planes de la cúpula empresarial sería el inicio de una transformación hacia la justicia social de la sociedad panameña.
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