El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
Un elemento clave para que un sistema de seguridad pueda ser calificado de social es la adhesión del mismo al principio de la solidaridad, el que significa que se trata de una forma institucional basada en la idea de que los riesgos de la vida son compartidos dentro de cada generación y entre las diversas generaciones.
Es por esto que el documento aprobado por el Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá, que lleva el título de “Seguridad Social y Sistemas de Pensiones en Panamá: Crisis y Alternativas Sociales (2021)”, se refiere al principio de solidaridad en los siguientes términos: “Amparado en la filosofía del derecho humano, este principio se ocupa de la búsqueda de la justicia social,… Se trata de la solidaridad entre personas que pertenecen a una generación, así como entre las diversas generaciones, entre personas sanas y enfermas, entre trabajadores activos y pensionados, así como entre los ganan más y los más vulnerables”.
Teniendo esto en cuenta queda claro a lo que Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República, renunció cuando en entrevista para el diario la Estrella de Panamá, declaró que “pasar al sistema solidario 100% no es la solución” (29/06/2023). Para comprender el significado de su afirmación se debe tener en cuenta que si no se practica el modelo solidario, entonces se estaría optando por un modelo con cuentas individuales, en las que los riesgos dejan de ser socialmente compartidos para convertirse en privados.
El candidato Lombana omite señalar que el llamado Subsistema Mixto basado fundamentalmente en las cuentas individuales, que él parece querer preservar, solo es capaz de generar pensiones de miseria. Si él mismo tuviera el cuidado de leer el informe del FMI del 2015, en el que se evalúa el sistema de pensiones de Panamá, tendría que observar que quienes se pensionen en este Subsistema Mixto en el 2050 o en el 2060, contarán con una pensión de apenas un poco más del 20.0% de sus últimos salarios (Gráfica 6, p. 17).
Siendo que la campaña del candidato Lombana intenta sostenerse en una eventual lucha contra la corrupción, resulta extraño que él mismo no haya llamado la atención que el planteamiento, tanto de los sectores sociales como de la Universidad de Panamá, de volver al sistema solidario implica eliminar dos formas de corrupción practicadas por el sector empresarial.
La primera se refiere a la evasión de las cuotas obrero patronales que afectan a la CSS. Si el candidato Lombana se toma el tiempo de leer la Valuación Actuarial de la OIT de 2022, encontrará que, de acuerdo al cuadro 3.1 de ese informe, en el 2019 la empresa privada evadió de la seguridad social al 26.7% de sus trabajadores y trabajadoras, cerca de 227,671 personas. Se trata de una clara violación del derecho humano a la salud, a la pensión y a la protección frente a los riesgos profesionales. De acuerdo a nuestros cálculos, ésta corrupción empresarial, le costó a la CSS entre el 2015 y el 2021 cerca de B/. 3,035.8 millones.
La segunda se refiere a la evasión fiscal de los sectores empresariales, tanto en términos del impuesto sobre la renta, como del ITBMS, lo cual limita más que significativamente la posibilidad de que el Estado cumpla con el principio de la subsidiaridad en apoyo de la CSS En base a las estadísticas oficiales de la DGI se puede afirmar que la evasión fiscal en el 2021 alcanzó a B/. 7,838.6 millones, cifra equivalente al 11.6% del PIB.
Los sectores sociales no deben caer en las ilusiones electorales, se tienen que preparar para enfrentar el proyecto de los sectores dominantes.
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