Razón Y Desventura De La Carrera Administrativa

Sólo a paso firme se podrá detener el Proyecto 390 como inequívoca señal de una nueva grosería oficialista.

Lic. Víctor Collado S.

 

Pocos temas legales están requetepoblados de ripios como aquellas que pretenden regular derechos para el personal del servicio público. Ocurre que esas normas sufren de fragilidad, resultan inconsistentes y quedan a merced de las democracias parasitarias que, como la que padecemos, siguen atrapadas por un puñado de personas y organizaciones políticas que se trepan en los cargos públicos asumiendo que los poderes del Estado son patrimonio partidario y personal del que abusan en condiciones recurrentes y a prueba de casi todo.

Lo infeliz se origina en la Constitución Política donde se establece la ruta hacia una profesionalización y eficiencia en el burocracia oficial pero con el agujero de quedar endulzadas con palabras nobles pero vacías de vigencia concreta. Esta asimetría se hace posible porque, por un lado, se afirma que los servidores públicos no serán discriminados por su militancia política y su estabilidad en el empleo estará condicionada por su lealtad, competencia y moralidad pero, por otro lado, se deja abierta la puerta para que los nombramientos y remociones en la administración pública, queden a merced y discreción de las autoridades negándoles, además, el derecho de asociarse para fines de su progreso y defensa.

En otras palabras, la Constitución enciende la vela pero la ley, como vástago preferido de la politiquería, la colocan debajo de la mesa para que alumbre cómo y hasta dónde pueda.

Es así que 17/9 llegó a la AN un Proyecto de Ley del gobierno, el No. 390, que busca reemplazar la Ley 9 de 1994.
Es una boscosa propuesta de 103 páginas de tamaño legal con 267 artículos apenas superior a las 198 disposiciones de la Ley de 1994.

Dejando de lado el lenguaje florido y retórico con que suelen garabatearse este tipo de legislaciones para el gusto de oídos ingenuos, adictos al verbo falaz y fantasioso porque les inventa realidades borrosas, hay 2 temas que definen el carácter y la orientación de estas leyes sobre las cuales se debe enfocar el interés ciudadano antes que intentar subir al árbol por las ramas.

1. La actual y la propuesta 390 se orientan a garantizar manos libres para los nombramientos y despidos para seguir con la vía expedita para el tráfico de influencias.

Después de Ley 9 del 94, lo significativo fue la Ley 23 de 2017, que creó el Tribunal Administrativo de la Función Pública, independiente y con funciones jurisdiccionales, para resolver los conflictos que se generarán en la carrera administrativa, sustituyendo la instancia administrativa de la Junta de Apelación y Consultas de la Ley 9. Sin embargo, la partidocracia le mangoneó al TAFP su competencia para que no pudiera decidir sobre acciones de despido, y para lo cual se rehusaron a nombrar al 3er Magistrado desde 2017 a la fecha de hoy.
El gobierno propone, ahora, eliminar el TADF en 60 días calendarios seguidos a la promulgación de la Ley para retomar el reinado impune en las acciones de personal.

2. Niegan y ejercen control sobre el derecho a formar asociaciones y sindicatos.

En la Ley 9 se regula las asociaciones pero solo para el personal de carrera administrativa. Y para crearlas se requiere el visto bueno del Director de la Carrera Administrativa, que es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.
No se reconoce el derecho a tener sindicatos por lo que se viola el Convenio 87 de la OIT que rige en Pmá. desde la Ley 46 de 1967, sobre la libertad libertad, que le es aplicable a los trabajadores del Estado.
La iniciativa de Mulino añade el derecho a tener Sindicatos pero mantiene la condición que serían reconocidos previo concepto favorable de la Dir. Gral. de la Carrera Administrativa, oficina adscrita al Ministerio de la Presidencia, quien a su vez sería la única autoridad para determinar la legalidad o no de un huelga de servidores públicos.
Meses antes que al Ejecutivo se le ocurriera atender el tema del personal del servicio público, el diputado Zúñiga integró una comisión de funcionarios y organizaciones civiles para la búsqueda de una Ley actualizada sobre la carrera administrativa. El consenso que se logró fue remitido a la Presidencia del país y de allá regresó a la AN el 17/9 convertido en un esperpento que refleja la imagen y la soberbia con el que se pretende retener el más tenaz dominio sobre el destino y suerte de los servidores públicos.
Sólo a paso firme se podrá detener el Proyecto 390 como inequívoca señal de una nueva grosería oficialista.

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