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Por una solución pacífica, democrática, legitima y duradera de la crisis nacional

CONSTITUYENTE YA

Dr. Luis M. Adames G.

Abogado – docente universitario.

 

Crisis hegemónica del régimen cleptocrático clientelar.

Tenemos en el país una triple crisis política, económica y social que amenaza la pacifica convivencia que ha caracterizado el devenir histórico nacional. Después de los estragos causados por la pandemia por COVID-19 y del estallido social de julio del año pasado, volvemos a tener un nuevo trance que afecta la gobernabilidad democrática, el país se encuentra ante una situación de incertidumbre generalizada.

El Estado panameño no ha logrado superar los persistentes niveles de pobreza, corrupción y desigualdad existentes y que, en la actual coyuntura, tienen el carácter de una sindemia que amenaza con corroer el tejido social que hasta ahora ha cohesionado a la sociedad panameña.

Ante la gravísima coyuntura actual han surgido en los medios y redes una infinidad de supuestas soluciones a la crisis que, a mi juicio, generan mucha incertidumbre y falta de claridad sobre el objetivo estratégico que debemos, como ciudadanos demócratas, perseguir como salida viable, democrática pacífica y duradera ante semejante dejación de los intereses nacionales por el gobierno nacional.

Soluciones coyunturales desde perspectiva legalista.

Algunos colegas abogados imbuidos de un cierto optimismo legalista se han apresurado a sugerir y varios a demandar la inconstitucionalidad de la ley 406 de 2023 con la peregrina ilusión que la corte invalide el contrato de manera expedita. Esta salida es a nuestro juicio un tanto ingenua porque nada en las actuaciones recientes de la corte hacen suponer una sentencia favorable a los intereses nacionales.

Estas acciones olvidan decisiones recientes de esta corporación, negándose a acoger los recursos que reclamaban el desacato en el cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad del contrato anterior y la composición de la actual correlación política en esta institución, donde todos los magistrados fueron nombrados por los últimos dos presidentes, ambos amanuenses de los intereses mineros.

Los tiempos constitucionales y los tiempos políticos no coinciden y nada nos hace presumir que esa mayoría de magistrados que deben sus cargos a la discrecionalidad del ejecutivo cambiaran sus lealtades ante la presión popular.

Otros sugieren que la Asamblea Nacional derogue el contrato ya aprobado, olvidando que una aplastante mayoría de Diputados aprobó la ley exprés que lo formaliza. Nada indica que sus actuaciones sufrirán un acto de contrición repentino.

Los que persisten en estas actuaciones legalistas no han comprendido que la crisis que atravesamos dejo de ser jurídica para convertirse en una crisis política. El estallido de rechazo al contrato minero fue la chispa que encendió el bosque. Tanta corrupción, impunidad y un rosario de etcéteras han provocado este malestar profundo que no se resolverá ni en tribunales ni mediante ninguna ley que intente parar lo que ya NO ES UNA CRISIS DE GOBIERNO SINO DE RÉGIMEN POLÍTICO.

Respuesta del régimen y salida de la crisis hegemónica.

La respuesta del presidente, quien ha demostrado tener más testosterona que neuronas en la actual crisis, ha sido amenazar, reprimir o dilatar la solución de la crisis planteando una consulta sin suspender la vigencia de la ley 406 de 2023. La réplica popular ha sido continuar la lucha hasta la derogatoria de la ley minera y hasta que termine el inepto régimen que por más de cuatro años nos ha conducido a este desastre sin precedentes.

Los de arriba no pueden y los de abajo no quieren.

La auténtica salida popular y democrática pasa por un acuerdo de todos los sectores y partidos que se oponen a la actual situación para convocar una Asamblea Constituyente Originaria, que lidere los cambios para realizar una transición hacia la construcción de un auténtico régimen democrático. Estamos en ese momento de la lucha de los pueblos en que un conflicto como el actual, si es correctamente encauzado, puede conducirnos a construir una nueva institucionalidad superadora de tantos gobiernos clientelistas y cleptócratas. Estamos en ese momento histórico en que los de arriba no pueden seguir gobernando como quieren y los de abajo no quieren continuar con el actual desgobierno. Si demostramos voluntad de cambio la constituyente puede ser el mejor vehículo para una solución integral, pacífica y duradera de la crisis nacional.

Construir un proceso constituyente democrático y participativo.

La apertura de este proceso constituyente debe ser el resultado de un amplio acuerdo nacional tanto de los partidos políticos y de los distintos sectores que estén comprometidos en dotar al país de nuevas instituciones políticas y jurídicas, decisión que debe necesariamente legitimarse mediante el voto ciudadano. No podemos permitir que las elites políticas que han monopolizado el poder redacten las normas que nos regirían en el siglo XXI.

Las condiciones están maduras para el cambio. Las reiteradas muestras de irresponsabilidad incapacidad y contubernio del régimen con los intereses antinacionales representados por la minera, han alcanzado niveles tan generalizados que amenazan con hacer de Panamá un Estado fallido. Para lograr superar la crisis es imperativo exigir la renuncia del gobierno y proceder a designar un gobierno provisional de gran consenso que en un tiempo prudencial convoque la Asamblea Constituyente para luego elegir, inmediatamente superado ese proceso, a las nuevas autoridades que regirán al país.

En América Latina tenemos experiencias recientes donde mediante acuerdos políticos los pueblos han logrado construir procesos constituyentes exitosos. La ciudadanía puede transformarse en sujeto constituyente directamente ejerciendo presión social sobre los órganos del Estado, obligándolos a convocar una consulta popular para decidir si se quiere convocar una asamblea constituyente.  AHORA O NUNCA

 

 

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