El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: FLORENCIO R. MUÑOZ B.
Profesor titular de Historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos
Universidad de Panamá
Presionado por la comunidad universitaria, después de varios días de insubordinación popular, el rector Eduardo Flores convocaba, a una asamblea extraordinaria, al Consejo General Universitario, máximo organismo directivo de la Universidad de Panamá, para analizar la grave situación que vive la sociedad panameña provocada por la soberbia y los oídos sordos, de dos órganos del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y los ataques que ha sido víctima la institución universitaria.
El cónclave comentado en medio de un agitado debate, en busca de una salida que traiga la paz social, acordó manifestarse el miércoles 22 de noviembre, en los predios de la Corte Suprema, para que los integrantes de esa Corporación conozcan el sentir profundo de sus académicos, personal administrativo y estudiantes a la vez que abre una ves más sus puertas a las búsqueda de caminos que conduzcan elevar la conciencia patriótica nacional, a ser el fórum central de la búsqueda científica de los grandes problemas nacionales e internacionales y a frenar la rapiña que invade las instituciones oficiales que nos tiene al borde del abismo.
El máximo organismo universitario no pasó desapercibido que la noche anterior, amparándose en la oscuridad nocturnal, la policía Nacional, olvidando su lema de proteger y servir, inundó los predios universitarios con gases lacrimógenos poniendo en peligro la vida de numerosos estudiantes, que en vigilia patriótica, se encontraban en los predios de la Casa de Octavio Méndez Pereira. El miércoles 14, incrementó su provocación cuando un auto de esa institución invade el campus universitario, violando la autonomía universitaria consagrada en nuestra Constitución. La mencionada aventura policial pudo provocar otra tragedia, a la ocurrida con el crimen contra dos docentes y un panameño originario. Al ser descubierta la provocación policial, en su precipitada fuga, atropelló a dos estudiantes, por suerte, sin mayor consecuencia.
La Corte Suprema ha anunciado que el 23 de noviembre comenzará el proceso que determinará el destino final de dos denuncias de inconstitucionalidad de la ley 406. Mientras esperamos, en algunas regiones los gremios empresariales no solo instigan a las instituciones armadas para atacar a quienes protestan, sino que organizan grupos gansteriles para atacarlos y encarcelan a cientos de jóvenes con el propósito de intimidar a los manifestantes. Deben tener presentes quienes piensan y actúan de esa manera, están provocando la radicalización de las protestas.
La máxima instancia judicial del país no es ajena a lo que acontece, por tanto, debe saber que una sentencia que emita obedeciendo a los círculos dominantes y a la presión extrajera, para salvaguardar intereses ajenos a las justas demandas perióticas, provocará una catástrofe institucional y social que no podrá ser ahogada e incendiará el país.
Todavía quiero confiar que la corporación judicial se empinará sobre cualquier interés mezquino y no escuchará el sonido de las cajas registradoras. Los sucesos que ocurren en varios Estados del continente advierten que la paciencia de los pueblos tiene un límite que, sobrepasado, es incierto el futuro acontecer.
Espero que la prudencia y el sosiego prevalecerá en los nueve Magistrados de la Suprema Corte.
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