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Inicio de Negociaciones entre Minera Panamá y La República de Panamá.|


Por: José Dídimo Escobar Samaniego

La Dignidad Nacional, el nuevo término insoslayable.

En el día de hoy, 1 de septiembre de 2021, la República de Panamá se sienta con la empresa Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals Ltd., para explorar la viabilidad de firmar un nuevo contrato que reivindique los intereses del país, ante la inexistencia de marco legal, que no obstante en abierto desafío a la legalidad y al fallo de inconstitucional de 2017,  la empresa extrajo mineral por tres años seguidos sin contrato por una suma superior a las 6 mil millones de dólares, lo que indica que es un capital superior a lo que declara la empresa que invirtió  en todo el proceso de extracción y refinación primaria.

Después de dos años y dos meses del nuevo gobierno y luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara desde hace tres años la inconstitucionalidad  del Contrato de concesión para explotación de Cobre y Oro por la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la minera canadiense First Quantum Minerals, que extrae de Panamá, Oro, Cobre, Molibdeno y otros valiosos minerales de nuestro subsuelo, y que acostumbrada a hacer lo que le venga en gana, sigue después de un años de inexistencia legal de Contrato alguno, explotando y llevándose miles y miles de toneladas del mineral y dejando a Panamá la vergonzosa cantidad del 2% de las utilidades de lo que a ellos les parece declarar, cuando el país tiene derecho a percibir por lo menos el 50% de esa riqueza que bien podría servir para impulsar el desarrollo nacional y no tener que estar endeudando al país en la forma en lo que, han hecho los diferentes gobiernos en los últimos treinta años, especialmente en los últimos doce años, de la cual mucho de ese dinero ha ido a parar a los bolsillos y cuentas bancaria de quienes han participado del gran desfile de la corrupción rampante en Panamá.

En medio de las circunstancias actuales, a la presente generación, le es imperativo tomar todas las previsiones a fin de garantizar nuestra existencia digna, habidas cuentas de que, el país que nos regaló Dios, y por el cual lucharon las generaciones pasadas, fue esta codiciada cintura ístmica, llena de ríos, de peces, de mariposas, de gente buena y también de oro y es nuestro deber intransferible, legar responsablemente, algo más que angustias, y onerosas deudas a las futuras generaciones.

Hace dos días atrás, el precio del metal amarillo registró su máximo desde el año 2012, llegando a los $1.814,85 dólares la onza troy.

De la pandemia de coronavirus, los expertos monetarios, estiman que el dólar saldrá muy mal parado frente a la revalorización del oro, mismo que se estima podrá subir hasta más de 2,000 dólares por una onza troy, al final de este año, y tomando en cuenta una gran verdad de que; “la Reserva Federal no puede imprimir oro”.

La gente sabe que la emisión alegre de moneda sin el respaldo en oro, como debió ser, abre una puerta de desconfianza muy seria, por lo que las economías serias, todas están apostando al valor real del oro, como base segura de su riqueza, pues desde que EE-UU, dejó el acuerdo de Bretton Woods, en donde el oro era la base del dólar estadounidense y otras monedas estaban vinculadas al valor del dólar estadounidense. El Sistema Bretton Woods llegó a su fin a principios de la década de 1970 cuando el presidente Richard M. Nixon anunció que Estados Unidos ya no cambiaría oro por moneda estadounidense.

Como quiera que la contracción económica nos ha sobrevenido brusca y aparatosamente, los inversores buscarán el oro como inversión más segura y real y nadie quiere estar sometido a una moneda que se emite sin su debido respaldo, porque tarde que temprano todo el edificio se puede venir abajo irremediablemente. Con el Cobre pasa algo similar al Oro. Su precio ha subido en más de 300% en los últimos años.

Las actuales circunstancias, como hemos escrito, nos obligan a revalorizar y proteger todos nuestros activos como nación, porque nadie vendrá a tendernos la mano generosamente, para poder salir del hoyo en que estamos, Solo Dios y la oportuna diligencia y esmero que, de nosotros mismos debe surgir, en búsqueda de una respuesta prudente y sabia.

Desde hace casi 25 años atrás, un grupo de avivatos, malos panameños, obtuvieron del gobierno de entonces, concesiones amplias de casi todo el territorio nacional para hacer estudios exploratorios, que ya el Estado tenía preliminarmente través de misiones de la Organización de Naciones Unidas, para que nuestros países pudieran saber con los recursos minerales que podíamos contar, a efectos de extraer el oro, el cobre y otros minerales que Dios nos legó en su infinita misericordia y los utilizáramos en el desarrollo de los panameños.

Acto seguido, dichas concesiones fueron negociadas con empresas extranjeras, y de allí, El Estado otorgó un contrato leonino de concesión a la empresa Minera Panamá, donde se llevan el oro y el moro y a Panamá solo que quedan migajas, en un tiempo en que el país necesita desesperadamente de esos recursos para salir de la situación en que estamos inmersos, contrato que como hemos dicho, murió y no existe en el mundo jurídico.

En los términos declarados inconstitucionales y que ahora no existen, el Estado Panameño no tenía acceso ni siquiera a verificar “in situ” las reales dimensiones del peso y las medidas de la extracción y envió real del dorado metal, que representa la mayoría de los miles de toneladas cúbicas que se envían desde el puerto de Punta Rincón en Coclé del Norte, puerto en el cual, las autoridades marítimas y de seguridad nacional y Cuarentena, no se les permite ejercer dominio ni jurisdicción, lo cual debe ser resuelto muy claramente con la nueva negociación, en donde quede muy claro que el soberano del territorio es la República de Panamá, con derecho a verificar por nuestros propios medios todo lo que se exporta de los distintos minerales además de que el Estado Panameño es el único que puede ejercer la jurisdicción en todo el territorio nacional, incluyendo el territorio de concesión probable de la mina.

El Gobierno de Laurentino Cortizo-Cohen, cuando asumió el mandato, hace 26 meses, determinó que ese contrato era, como en efecto, lo es, leonino y altamente gravoso a los intereses nacionales y nombró una comisión de personalidades nacionales para reelaborar los nuevos términos de un contrato distinto que reconozca nuestro interés nacional.

El centro de los nuevos términos contractuales, lo constituye el derecho de la República de Panamá, al 50% de todo lo que se extraiga, como fundamento jurídico que ampare el despojo y saqueo de nuestro patrimonio minero que hasta ahora se ha dado inmisericordemente.

Es de reseñar, que cuando se estaba desarrollando la campaña publicitaria, pagada por la empresa para presionar la aprobación del contrato declarado inconstitucional, se decía que esta actividad le daría trabajo directo a más de 10,000 panameños con muy buenos salarios. La realidad es que, efectivamente laboran en la mina, unas 5 mil personas de las cuales 2,500 son panameños y el resto son extranjeros, de diferentes partes del mundo, Filipinas, Sudáfrica, Perú, China, a los cuales, no se les paga seguro social, ni se cumple con las obligaciones que tiene el empleador con un salario y demás beneficios y se obtienen permisos de trabajo a través del Ministerio de Trabajo a todas luces violatorios a la Ley Laboral Vigente. Vale señalar que en estos meses atrás ha habido varios trabajadores infectados con COVID-19, y la empresa no le ha brindado la adecuada asistencia de salud, y la ayuda a las familias, cuando éstos han muerto, por causa de las no existencias de las condiciones de bioseguridad adecuadas, especialmente en los campamentos, imputables a la empresa, las familias solo han recibido migajas, que dejan en desamparo a sus dependientes.

Estos aspectos tienen que ser revisado absolutamente todos, y la empleomanía debe ser en por lo menos el 90% de panameños, que de hecho ya cuentan con bastante experticia y solo deben aceptarse permiso de trabajo a extranjeros de carácter provisional y hasta el 10% de la planta laboral que exista en el momento y con la obligación de transferir los conocimientos nuevos a los trabajadores panameños que deben asumir esas tareas cuando se venzan los permisos provisionales.

Quienes hayan sobrevolado la extensa concesión, habrán podido observar la amplia defoliación de todo ese paisaje, que antes era selva virgen y ahora un gigantesco campo pelado, degradado y horadado, de donde se extrae el mineral, sin misericordia. La Empresa, sin embargo, ante esta realidad ha expresado el interés de ampliar el área de concesión, según informan distintos medios de prensa. Es hora de firmar compromisos concretos de restauración y mitigación y en lo posible del medio ambiente en esa región del país, en el que se le ha proferido un daño descomunal que no tiene posibilidad de poder ser rescatado.

En el medio de estas alegres concesiones que, se dieron en el pasado, algunos panameños desde el sector privado y funcionarios de los gobiernos pasados, han obtenido beneficios que, no les corresponde, porque nadie puede comprometer, sin fundamento legal alguno, el patrimonio de todos los panameños. Estas personas deben devolver lo recibido al Estado y deben ser procesados por la audacia de vender lo ajeno, igual debe ser sancionada la empresa que participa de estos tratos chimbos en contra de nuestro interés nacional y de la transparencia que el país requiere, porque la corrupción, es precisamente, el vehículo que nos ha llevado al frente del sepulcro en donde estamos.

Esta empresa se ha dedicado a realizar una suerte de relaciones públicas, financiando algunas actividades propagandísticas en la región, sabiendo que esta no es la conducta adecuada ni honorable de extranjeros que desean contratar con Panamá, porque de lo que se trata, no es de una generosidad calculada y fría, sino de entregar a Panamá la parte que en justicia le corresponde, y que como socio dueño de estos minerales, se les otorga para que ellos lo extraigan, y la paga de los respectivos impuestos nacionales y municipales, de modo que; como dijera en su momento José Antonio Remón Cantera, “no queremos ni millones, ni limosna, queremos justicia”. La empresa, en vez de pagar lo que en justicia le corresponde al país, se empecina en una amplia campaña publicitaria en donde, una minúscula parte, de lo que le niega al país, lo emplea en hacer propaganda, con obras pasajeras en distintas comunidades, obligación que le corresponde exclusivamente al Estado y que lo podría hacer, si ellos pagaran lo que corresponde, lo cual indica que se adscriben un papel de generosos con nuestros propios recursos, práctica deleznable que debe ser proscrita muy claramente en el nuevo texto del contrato.

El distrito en donde se desarrolla la actividad minera, lleva el Nombre del patriota Omar Torrijos Herrera, seguramente que en su tumba se revolcaría de vergüenza, si nosotros seríamos pendejos y no defendemos el derecho a que nos respeten y nos traten con dignidad, por muchos millones que represente una empresa de la que tenemos evidencia que calla cuando los beneficios se los atraganta sola y en la absoluta oscuridad, y con la complacencia de traidores a la patria.

Un contrato nuevo, debe y tiene que reconocer la condición nuestra; de dueños de esa riqueza y no queremos ni podemos ser convidados de piedra, sino socios en pie de igualdad, respetuosos, como debe de ser, con acceso a los beneficios que de nuestra riqueza provengan. Si eso no es así, el interés nacional aconseja suspender en forma definitiva y tajante el contrato, porque no podemos regalar a extranjeros, lo que le privamos a nuestros propios compatriotas. Primeros los de nuestra casa. Así mismo, debemos precisar la denuncia que ha realizado valientemente Marcel Salamín, respecto a la presencia de cuatro Estados como tenedores de acciones de Minera Panamá, si ello es así, el contrasto es absolutamente inviable porque nuestra Constitución Política prohíbe taxativamente tal relación contractual.

El ministerio de Comercio e Industrias, tiene el deber moral de presentar al país y a la Asamblea Nacional, el nuevo Contrato que contemple los nuevos términos en pie de igualdad, es decir que elimine todo concepto leonino o enfrentar al pueblo panameño, legítimo dueño de esas riquezas, el cual tiene el derecho de disponer de la misma, como le convenga. Que no suceda como lo ha hecho de desoír reiterados llamados que le ha formulado la Asamblea y ha preferido arbitrariamente entrar en desacato.

Quiero, por último, hacer un llamado a todos los patriotas a que estemos atentos a fin de que, si el interés nacional no es reivindicado claramente, nos preparemos para una jornada en las calles con toda nuestra gente a fin de que, la dignidad nacional no sea mancillada.

¡Por un país decente y una patria para todos!

¡Así de sencilla es la cosa!

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