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Entre la abyección y el entreguismo

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Han transcurrido 59 años desde la gesta heroica de soberanía y patriotismo de enero de 1964. Así como hay una considerable distancia en el tiempo de aquella jornada fundamental de nuestra historia, también la hay entre quienes asumieron posiciones patrióticas en aquel entonces a nombre del Estado y los que hoy.

Roberto F. Chiari, siendo de la burguesía agraria e industrial, no titubeo y tuvo la entereza de adoptar una postura enérgica y viril al romper las relaciones diplomáticas ese mismo 9 de enero a las 10 de la noche, con el Gobierno de Los Estados Unidos de América. Ordenó al Embajador de Panamá en Washington que regresara con todo el personal a la mayor brevedad posible. Lo hizo de cara a los hechos sangrientos y cobardes, provocados por el Ejército Norteamericano acantonado en las bases norteamericanas en Panamá, y la acción provocadora de los Zonians e interpretando fielmente la salvaguarda de nuestra dignidad nacional.

Hoy día nuestras relaciones exteriores transitan entre una majestuosa cobardía y un terror reverencial que pasa por dejar en la indefensión a los intereses nacionales y al proverbial incumplimiento del texto de nuestra Constitución Política.

Estados Unidos, sigue ejerciendo la política intervencionista que irrespeta a nuestro Estado Nacional y a todas nuestras instituciones. De hecho, pretende ejercer y ha ejercido  jurisdicción administrativa y Penal y hasta dicta normas de derecho comercial, sin que nuestro gobierno cumpla con el deber y mandato constitucional de proteger a los nacionales, que tiene por encargo y en virtud del mandato popular, que, al no cumplirlo, pierde automáticamente su legitimidad.

Decía Belisario Porras y lo repitió Omar Torrijos, los dos más célebres panameños del siglo pasado que: “Cuando el que manda pierde la razón, los que obedecen pierden el respeto”.

Nuestra política exterior es impresentable, negligente, pusilánime y lejos de defender la honra y bienes de los panameños, están prestos a cohonestar y cumplir decisiones administrativas y sentencias de otra jurisdicción, sin los trámites que exige el derecho internacional, en un claro desacato a su obligación constitucional y legal. La embajadora se pasea como Mari Carmen por su casa, dando instrucciones y tratando con desconsideración proverbial al país y a los panameños.

Da vergüenza que quienes están obligados a defendernos de la ilegalidad, sean los que se encargan de apuntalarla, sólo porque provienen, las instrucciones, de autoridades de un país, al que están prestos a obedecerles con abyección, aun cuando sea en detrimento del propio nuestro.

No tiene nombre, que, sobre la base de presunción, es decir, sin que se haya realizado proceso judicial alguno que le garantice el derecho a la defensa y se hayan aportado pruebas contundentes de lo que se alega, gobiernos recientemente pasados y éste no es la excepción, se hayan ejecutado decisiones supranacionales que vulneran nuestra soberanía e independencia jurisdiccional, y que causan daños irreparables a ciudadanos panameños, que se han visto compelidos a ver destrozados sus esfuerzos y caudales.

Aquí no estamos defendiendo a personas en específico, estamos defendiendo principios y valores jurídicos vitales, sin los cuales es imposible la convivencia pacífica entre los panameños y en la comunidad internacional.

Hoy, a 59 años de esa jornada patriótica que se escribió con sangre del pueblo, vale la pena destacar también que; quienes administran la Autoridad de Canal de Panamá, que son precisamente los que no solo no estaban en las filas combatientes por nuestra soberanía y recuperación del Canal, sino que apoyaban, como malinches, a quien había secuestrado y apropiado lo que, siempre ha sido propiedad de todos los panameños, están vendiendo terrenos a privados, que la Constitución prohíbe, como es el caso, entre otros, del terreno dado a North Properties (Grupo Silaba), para negocio automotriz, dentro de los terrenos consignados para la operación del Canal y que son constitucionalmente, inadjudicables. Vale destacar que este grupo empresarial ha causado serios y cuantiosos daños ecológicos, al haber deforestado con crueldad e ilegalmente, el bosque primario en esa zona que, no obstante, continúan en sus fechorías desde 2013 sin que nadie los detenga hasta ahora.

Ahora recientemente nos sorprende saber que la isla Flamenco es privada y que los panameños comunes y corrientes tenemos impedido poder “traspassing”.

Estas acciones en conjunto, constituyen un atentado a la Constitución Política y un franco desacato que causa un grave perjuicio a la república y a todos los panameños.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Unidad de Bienes Revertidos (UABR) está aún, vendiendo los terrenos donde funciona actualmente el Instituto Bolívar en Balboa, que deliberadamente se le ha quitado matrícula, para proceder a entregárselo en venta a los especuladores de bienes raíces, dándole así una estocada a la única escuela secundaria pública en el área del Canal, como el homenaje que le hace esta administración a los mártires y héroes del 9 de enero de 1964.

No se diga lo que ocurre en estos momentos con la Minera First Quantum Minerals Ltd. , que hace cinco años se está robando literalmente miles de millones de dólares en oro cobre y otros minerales de alto valor comercial , sin que exista ningún fundamento legal para ese despojo y aquí es como si no tuviéramos gobierno.

Estamos en la hora precisa en que tenemos que rescatar a la patria de los bribones, pusilánimes y negligentes que la someten a la vergüenza de la indignidad.

¡Así de sencilla es la cosa!

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