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Enfrentar la política de choque de RM

(Especial para el Periódico de Panamá.com)

Juan Jované

Poder político y acumulación

 

Una vez pasadas las elecciones generales, conocidas las declaraciones del presidente electo y la selección de la mayor parte de su gabinete ministerial, resulta factible establecer con precisión la naturaleza del proyecto político, económico y social que el próximo gobierno pretende desarrollar.

Este proyecto que ya está en marcha pretende restaurar la total hegemonía política de los sectores económicamente dominantes, la cual resultó cuestionada por la población en las acciones de rechazo a la minería a cielo abierto durante octubre y noviembre del año pasado. La composición del gabinete del señor Mulino muestra claramente un acuerdo dentro del seno de los sectores económicamente dominantes, logrado con la   bendición de la potencia hegemónica regional, destinado a tomar directamente, sin mayor intermediación, la conducción política del país.

En el plano económico y social se trata de un proyecto que busca desarrollar las más cómodas condiciones que le permitan al capital transnacional, así como a los sectores dominantes, asegurar sus altas ganancia, a la vez que también se logra un ambiente que facilite la acumulación de capitales, lo que implica la apertura de nuevos campos de posibles inversiones, las que implicarán diversas formas de privatización, incluyendo el desarrollo de las llamadas asociaciones público – privadas.

La política de choque

El proyecto oligárquico así definido tomará la forma de un nuevo ajuste estructural, el cual será ejecutado por medio de una política de choque. Las políticas de choque, tal como han sido propuestas tanto por Milton Friedman como por Jeffry Sachs, implican que en las mismas no se reconoce ningún nivel de gradualismo. Estas se introducen en un período relativamente corto políticas de estabilización y políticas de cambios estructurales, ambas guiadas a acercar lo más posible a la economía hacia el ideal de lo que Joseph Stiglitz llama el fundamentalismo de mercado.

La velocidad con que se intentan imponer las nuevas políticas del fundamentalismo de mercado no es casual. En primer lugar, se trata de aprovechar una ventana temporal en la que, si bien la población sigue expectante frente a las acciones del gobierno, esta se aprovecha para avanzar con su proyecto antipopular. No es un producto del azar que un expresidente de la Cámara de Comercio haya declarado enfáticamente que “el próximo gobierno no tendrá una luna de miel, hay temas que deben ser abordados rápido.” Esto también es claro cuando el presidente electo anuncia que la reforma de la seguridad social estará completada hacia diciembre.

En segundo lugar, que se relaciona con el primero, tal como lo señala Naomi Klein en su magistral obra “La Doctrina del Shock” (2007), la velocidad y la variedad de las reformas propuestas intentan emular un ataque militar sorpresivo, que confunda, abrume y desarticule a los posibles sectores que puedan hacer resistencia a la política de choque. Por otra parte, estas políticas intentarán mostrarse como producto de un “consenso social”. Sin embargo, no se trata de un proceso basado en el diálogo social. Es así que lo que pretende el próximo gobierno es un acuerdo en una asamblea, donde la inmensa mayoría está constituida por representantes de partidos políticos que ya han practicado las políticas neoliberales.

Algunos elementos claves de la política de choque

De acuerdo a las declaraciones del presidente electo, el desarrollo de la política de choque se va iniciar con la reforma al régimen de pensiones de la CSS. Incluso se conoce que de manera secreta un grupo de personas han venido elaborando la forma concreta de esta reforma, sin ni siquiera hacer público los principios básicos sobre la que la misma se estaría elaborando.

Es evidente que la propuesta de reformas del nuevo gobierno seguirá los lineamientos ya especificados por Fitch Raiting, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Conep. El FMI en su “Declaración final del personal de la Misión del Artículo IV de 2024, proponen una reforma paramétrica del programa de IVM de la CSS, que significaría: elevación de la edad de jubilación; aumento de los años de cotización; incremento del valor de las cuotas; reducción del cálculo del monto de las nuevas pensiones. El Conep, por su parte, no solo propone la reforma paramétrica, sino la implantación de un sistema radical de cuentas individuales, cuyos fondos puedan ser manejados por la empresa privadas (Visión País 2050, pp. 95 – 97). Gran negocio para el capital financiero y pensiones de miseria para la población.

Es evidente que en el desarrollo de la política de choque el próximo gobierno intentará realizar la recomendación del banco J. P. Morgan, que indica que se debe avanzar en una consolidación fiscal y en realizar una reforma tributaria. En este sentido el bloque económicamente dominante, además de la típica política de austeridad, que nunca los afecta, se propone una reforma tributaria claramente regresiva.

En el caso del FMI se puede observar que en la “Declaración del personal de la Misión del Artículo IV de 2024 se señala que “es posible que también sea necesario aumentar las tasas impositivas. El gobierno podría considerar aumentar la tasa de ITBMS”. Este organismo desarrolla esta idea con más detalle en su documento “Panamá Selected Issues, March 2023”. En este caso argumentando que en Panamá este tipo de impuestos tiene una de las tasas más bajas del mundo, se establece la base para un eventual incremento del ITBMS. Sin embargo, la propuesta va mucho más allá cuando en el documento que ahora se analiza, se arguye que lo que se considera “uno de más poderosos instrumentos en las economías emergentes” no cumple con su función dada la gran cantidad de exenciones que el mismo permite. Por tanto, se propone eliminarlas (pp. 9 y 10), lo que significa que todos los bienes y servicios, incluyendo los alimentos y el agua adquiridos por la población deberán ser cargados con el ITBMS.

La promesa de favorecer a los más pobres con medidas compensatorias adecuadamente dirigidas, es una simple narrativa poco convincente, en las condiciones de compresión del gasto público que exigen las calificadoras. Esto es claro, por ejemplo, en un documento del 29 de septiembre titulado “Fitch Revises Panamá Outlook to Negative”, en que Fitch Raitng prácticamente se queja que para el 2024 se haya asignado a la educación un presupuesto equivalente al 7.0% del PIB. Más fuerte aún es la propuesta de Conep de lograr un gobierno “lo más pequeño posible” (Visión País 2050, p. 20). Obviamente no se trata solo de un intento de practicar austeridad con el gasto de educación, sino de introducir formas de privatización en la educación oficial. No es casual que en declaraciones realizadas durante la campaña el presidente electo señalara que preferiría una educación pública gerenciada por el sector privado. Cualquiera que entienda el significado de este debe pensar en el infame esquema de las escuelas charter de Milton Friedman.

Un elemento clave de la política de Choque está dado por el tema del agua. Lo importante es entender que aquí la reforma va más allá de la problemática de la disponibilidad de agua para el Canal de Panamá. En este sentido se deben tener en cuenta las recientes declaraciones del nuevo Ministro del Canal, quien señaló que se estaría pensando en la creación de una Autoridad del Agua, ya que en Panamá cuando se habla de autoridades se está haciendo una referencia a instituciones que supuestamente regulan las actividades de servicios públicos mercantilizados y privatizados, tal como es el caso de la Autoridad de los Servicios públicos. Este, en todo caso, será un campo en el que la privatización vía las asociaciones público-privada probablemente se desarrolle rápidamente.

Dada la idea del presidente electo de “abrir la mina para cerrarla”, los sectores sociales tendrán que enfrentar y volver a derrotar el intento de establecer en nuestro país un estilo de desarrollo basado en el extractivismo minero. Es evidente que el capital transnacional y el actual gobierno intentarán, en nombre de la financiación del cierre de la mina y la necesidad de recuperar el grado de inversión, tal como lo establece el comunicado de Fitch Raiting del 28 de marzo de 2024, no solo reabrir la mina de Donoso, sino también liquidar la Ley de moratoria de la minería a cielo abierto.

Frente al trabajo la propuesta de Conep está guiada a desarticular la posibilidad de que los trabajadores actúen de manera organizada para defender sus intereses. Es así que en su Visión País 2050 este organismo, cuyo objetivo básico es promover la rentabilidad de los sectores económicamente dominantes, propone entre sus principios básicos una legislación laboral centrada en los individuos atomizados carente de un respaldo organizado solidario (p. 20). No es casualidad que un artículo en el diario La Estrella de Panamá el 16 de febrero de 2024, se titule “CoNEP reaviva la idea de modificar el Código de Trabajo, esta vez para promoción de la IED”. De hecho, en su Visión País 2050 el Conep propone flexibilizar la capacidad de despedir trabajadores (p. 116) y que se eliminen los aumentos periódicos del salario mínimo (p. 119).

Enfrentar decididamente la política de choque

Ante esta complicada situación los sectores sociales deben intentar construir un amplio bloque no solo de resistencia social frente al embate del bloque dominante, sino el desarrollo de un programa alternativo nacional, democrático, con justicia social, equidad de género, respeto a los pueblos originarios y cuidado pleno de la naturaleza. Se trata de avanzar en una propuesta organizada horizontalmente, ausente de sectarismo, que logre una nueva legitimidad alternativa nacional, que permita avanzar hacia una real solución favorable a la población de la actual crisis estructural. Es fundamental ganar el apoyo de la juventud para esta tarea.

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