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En la actual crisis, «los fiscales son operadores políticos», sostiene el ex primer ministro del Perú

Ex primer ministro de Perú se declara en «clandestinidad» y expresa su «incólume lealtad» a Castillo.

La crisis peruana se agudiza, varias regiones se han declarado en rebeldía y exigen la libertad de su presidente.

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Aníbal Torres denuncia que al expresidente «lo están aislando y humillando para dar el mensaje de que nadie del pueblo se atreva a gobernar el país».

Victor Gonzales / Peruvian Presidency

El ex primer ministro peruano, Aníbal Torres, anunció este sábado que pasa a «la clandestinidad», después de que la Fiscalía lo denunciara por presunto delito de rebelión.

«La fiscal de la Nación, sin razón, me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la Justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial», tuiteó el político, refiriéndose a la alocución del pasado miércoles, en la que el exmandatario Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y el establecimiento de un Gobierno de excepción.

Según explica, tomó la decisión de declararse en «la clandestinidad», porque —asegura— «los fiscales son operadores políticos».

En otro mensaje publicado en su cuenta de Twitter, denunció que a Castillo «lo están aislando y humillando para dar el mensaje de que nadie del pueblo se atreva a gobernar el país», al tiempo que expresó su firme adhesión al exmandatario. «Mi incólume lealtad con Pedro Castillo es mi lealtad con el pueblo», subrayó.

El pasado 24 de noviembre, Torres renunció a la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de que el Legislativo rechazara una cuestión de confianza que había solicitado para derogar la Ley 31.399 por considerar que limita el derecho de la ciudadanía a participar y controlar reformas constitucionales a través de referéndum. Posteriormente, fue nombrado jefe de Gabinete de asesores del Gabinete Ministerial.

Tras el mensaje a la nación, el político ha permanecido al lado del expresidente, incluso representándolo como su defensa durante la audiencia en el la que se solicitó la detención preliminar contra Castillo, donde esgrimió que se violaba «flagrantemente el principio de la legalidad», porque las acusaciones fiscales contra el exmandatario «no habían sido acreditadas».

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