El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Cuando los españoles vinieron a América, al asentarse en los nuevos territorios aplicaron la experiencia novedosa que se había ensayado en el Reino de Castilla que era precisamente el que patrocinaba la conquista y colonización de América.
Los corregidores eran la autoridad administrativa por excelencia que, resolvían conflictos vecinales, pleitos de menor monta y los que certificaban varios hechos dentro de su circunscripción. Pero la arbitrariedad y el uso político de esta instancia, el abuso con la capacidad para limitar la libertada ambulatoria, dictar cárcel inconmutable por largos períodos, terminó disminuyendo su legitimidad en la comunidad y ello dio marco a la aparición de los Jueces de Paz con una gran expectativa, que a pocos años de la implementación han derivado en una seria crisis.
La figura de los jueces de paz en Panamá surgió formalmente con la Ley 16 del 17 de junio de 2016, la cual instituyó la Justicia Comunitaria de Paz para reemplazar a las corregidurías. Su implementación comenzó el 2 de enero de 2018 en el Primer Distrito Judicial y se extendió al resto del país ese mismo año.
Muchos han sido los incidentes que han devenido en la grave crisis que ahora señalamos y que han llevado a que se hayan despedido a la mayoría de los jueces de paz, los mismos no cuentan con garantías de estabilidad, independencia que garantice la recta administración de justicia comunitaria imparcial y que se respete las garantías procesales de las partes que buscan una solución en esta instancia.
Por ejemplo, en el corregimiento de Bugaba, provincia de Chiriquí, específicamente en las instalaciones de la Junta Comunal de Bugaba y la Casa de Justicia de Paz de Bugaba, recientemente se dieron las situaciones de presión, negación de servicios básicos y hostigamiento contra la Juez de Paz Lisbeth de Elizondro, a quien, no solo se ha perseguido, sino que se le exigía de parte de autoridades política corruptas del corregimiento y distrito, para que certificara el estado de necesidad de personas amigas o cuadros políticos o copartidarios que, gozaban de buenas condiciones económicas, para poder hacerse acreedores de beneficios de programas sociales y económicos que habían sido diseñados para personas de escasos recursos.
El haberse negado a certificar lo que claramente no era cierto, y no cohonestar la mentira fue suficiente para que comenzara una persecución infame y perversa.
La Señora Némesis Stonestreet, quien sufrió también el hostigamiento por parte de las funcionarias de esta Junta Comunal, tan solo por ser usuaria del despacho de la Juez de Paz Lisbeth de Elizondro, les negaron el uso del servicio higiénico, al igual que también se le negó a su hija de 3 años de edad en ese tiempo, en franca violación a sus derechos humanos. Estos espacios que deberían garantizar derechos pero que se convirtieron en escenarios de hostigamiento y exclusión, allí se negaron servicios básicos tanto a la jueza de paz como a usuarias como la señora Némesis Stonestreet y su hija, mostrando cómo el lugar físico se transformó en un instrumento de presión política y social.
Los protagonistas de esta historia son figuras clave en la política y administración local de Bugaba, cuyas decisiones y acciones marcaron el rumbo de los hechos narrados y desarrollaron toda una serie de acciones de persecución y hostigamiento.
La Señora Edilsa Gómez de Camarena, exrepresentante de Bugaba (2019-2024), era la persona que ejercía presión a la Juez de paz para otorgar certificaciones de escasos recursos a personas con solvencia económica e incluso de afuera del distrito. Su rol es central porque representa la práctica de manipular beneficios sociales destinados a los más vulnerables, desviándolos hacia quienes no cumplían los requisitos, lo que representa una deleznable conducta delictiva que pretende encubrir un andamiaje de corrupción, inaceptable a la luz de los más elementales principio éticos y morales.
Por su parte el alcalde de Bugaba, Rafael Quintero (2019- 2029), quien firmó la nota que facultaba la expedición de dichas certificaciones y que, sigue en el puesto porque fue relecto precisamente por el uso de prácticas políticas clientelistas y corruptas. Su figura encarna la autoridad municipal que, en lugar de corregir irregularidades, las legitimó con su firma y es comprensible, pues él era uno de los beneficiarios de esa deleznable práctica.
Así las cosas, Lisbeth Dali Cubilla De Elizondro, se negó a emitir certificaciones indebidas y como consecuencia, las autoridades que vieron en esa conducta apegada a la Ley, y por no acceder a sus pretensiones, la sometieron a sufrir todo tipo de represalias administrativas y personales.
La víctima interpuso el auxilio a diferentes autoridades como la defensoría del pueblo y SENADIS, pero estas instituciones se hicieron de la vista gorda y no asumieron su responsabilidad, lo cual pone a estas instituciones en un a grave condición de sometimiento y penoso encubrimiento.
Este entramado de actores muestra que no se trata de un conflicto aislado entre una funcionaria y sus superiores, ya que es un sistema donde las presiones políticas, las prácticas irregulares y la falta de respuesta institucional se entrelazan, creando un ambiente hostil para quienes defienden la legalidad.
La existencia de Hechos Punibles
Lo que se debe investigar hasta las últimas consecuencias es el presunto peculado y uso irregular de fondos públicos vinculados a certificaciones de escasos recursos y al manejo administrativo de la Junta Comunal mismo que, existen pruebas irrefutables como una nota firmada por que era y sigue en el cargo de Alcalde de Bugaba en la que le quitaba la facultad como Jueza de Paz, para emitir las certificaciones de escasos recursos para AYUDAS POR PARTE DE LA EX-REPRESENTANTE DE BUGABA, (entiéndase chanchullo), cuando esa función era específica de Juez de Paz.
El núcleo del caso está en cómo se manipulaban y falsificaban documentos públicos que, debían servir para apoyar a las familias más vulnerables, pero que terminaron siendo utilizados como instrumentos de beneficio para personas con solvencia económica e incluso ajenas al distrito de Bugaba, Hecho que lo utilizamos como ejemplo, pero no es el único caso, sino una gran cantidad de casos en todo el país, y a estas alturas no existe ninguna investigación en firme que persiga estos delitos tan graves porque se trata de quitarles a los pobres para que terminen disfrutando fondos del Estado, personas que no califican para esos auxilios económicos.
El mecanismo delictual fue claro: Presión política y administrativa para que la jueza de paz emitiera certificaciones falsas. Al negarse a participar en esa práctica, solicitando incluso que cualquier orden se le diera por escrito, se desencadenó una cadena de represalias. Estas certificaciones, que deberían abrir la puerta a ayudas sociales, se convirtieron en un medio de corrupción, desviando recursos y debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
En la actualidad la Fiscalía Anticorrupción mantiene procesos contra Edilsa Gómez y otros exfuncionarios, lo que establece una clara conexión en la línea de la investigación judicial más amplia, pero hasta el día de hoy no han llamado a la Jueza de Paz perseguida.
Cuándo ocurrieron los hechos de este relato e investigación periodística.
Los incidentes iniciales ocurrieron en julio de 2019 cuando la alcaldía notificó verbalmente que se le quitaban atribuciones a la Jueza de Paz. La orden fue tajante, usted no puede firmas una sola certificación de ahora en adelante para la Junta Comunal de Bugaba, especialmente de certificación de escasos recursos. Ese documento marcó un punto de quiebre: la autoridad municipal desplazaba la función de la jueza de paz, debilitando su independencia y legitimando prácticas cuestionables, hecho que se ha dado en muchas partes del país y que ha dado al traste con la figura en la que se tenía grandes expectativas como ya hemos anotado.
Desde entonces, entre 2019 y 2024, se sucedieron hostigamientos, traslados forzosos y denuncias que terminaron archivadas. Cada año trajo nuevas formas de presión: negación de servicios básicos, falta de personal, ausencia de vacaciones y tiempos compensatorios, y un ambiente laboral hostil que se prolonga hasta la fecha.
Esa negativa colocó en conflicto permanente a la Jueza de Paz con la exrepresentante y el alcalde del distrito de Bugaba generando un ambiente de acoso laboral, hostil, nocivo y personal permanente que se mantiene a la fecha, causándole una afectación plena a los derechos de la Jueza de paz.
El trasfondo es la corrupción en el manejo de fondos de descentralización, que se investiga como peculado, pero que hasta ahora no hay un deslinde de responsabilidades ni nadie esta detenido por la dramática corrupción que terminó negándole recursos a gente humilde y necesitada de todo el país.
La Jueza de paz, tuvo un accidente o lo que podría ser riesgo profesionales, pero Enel momento de asistir al dispensario de la CSS, la misma no pudo ser atendida porque el Municipio estaba moroso con la CSS y como es natural, aparece la evasión de la responsabilidad de la CAJA DE SEGURO SOCIAL quien se niega a pagar lo que entró por un accidente de riesgo profesional, aduciendo que ellos en tales circunstancias no podían pagar los riesgos, lo que han dejado a la Jueza de paz en orfandad jurídica y desprotegida a pesar de que le descuentan de su salario la cuota obrero patronal.
Los jueces de paz en todo el país están desprotegidos y el mecanismos sobre los que se abrigó mucha esperanza para crear un clima de paz comunitaria, está hoy sometido a presiones, que liquidad la independencia, la imparcialidad que podría general paz por medio de una recta administración de justicia comunitaria de Paz.
1 Hay un solo Like:(
