El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
ORADOR DE FONDO, ANTE EL MAUSOLEO DE LOS SOLDADOS DE LA INDEPENDENCIA, EN EL CEMENTERIO AMADOR, EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2009, DÍA DE LOS DIFUNTOS.
(Este discurso causó mucho malestar en aquel momento)
Excelentísimo Señor Ricardo Martinelli, Presidente de la República;
Su Excelencia Juan Carlos Varela, Vicepresidente de la República y Ministro de Relaciones Exteriores;
Sus Excelencias Ministros y Viceministros de Estado;
Honorable Señor Bosco Ricardo Vallarino, Alcalde del Distrito de Panamá;
Honorables Señores Directores de Entidades del Estado;
Honorable Concejal Jair Martínez, Presidente del Consejo Municipal de Panamá;
Honorables Concejales y Directores Municipales;
Medios de comunicación;
Público en general:
Un mes de diciembre de los años cincuenta, de montería en las selvas vírgenes que yacían entre San Miguel de Pacora y una posta de cazadores conocida como “Tres Brazos”, entonces inhabitada, me tocó caminar sin armas y sin conocer la ruta, pues no había camino, a partir de la medianoche hasta el día siguiente para llegar a Loma Bonita, donde tomaría el único transporte de regreso a Panamá. Entonces había en San Miguel tres ranchos, y este villorrio era la última señal de la civilización antes de adentrarnos en la espesura que se extendía hasta las cabeceras del Río Mamoní y las estribaciones de Kuna Yala.
«Colá» Castro, quien me dio albergue, me había prevenido esa medianoche de dos cosas, diciéndome: “Camina siempre a lo largo del río, porque cuando no lo escuches es que te perdiste. Si eso ocurre, regresa por donde viniste, buscando siempre el sonido del río. Y otra cosa, cuídate del gato”, como le llamaban los campesinos al tigre. En medio de la oscuridad me perdí varias veces, pero siempre el sonido del río, que tronaba entre rocas, me ayudaba a rectificar el rumbo.
Los caminos de la patria deben ser como los ríos: cuando ya no escuchamos su música y no sabemos a dónde nos llevan nuestros pasos, necesitamos regresar a nuestro lugar de partida, a nuestros orígenes, siguiendo las aguas cantarinas que nos reclaman.
Es por ello que hoy, dos de Noviembre, al conmemorar el Día de los Difuntos y abocarnos mañana a la fecha de nuestra separación de Colombia, es necesario reconocer que demasiados panameños ya no escuchamos el río de la patria; que demasiados panameños nos hemos perdido en la maraña y no tenemos ni la menor idea de a dónde llevan nuestros pasos; que demasiados panameños carecemos de memoria histórica y por eso navegamos a la deriva, arrastrados por ajenas circunstancias.
Ante el Mausoleo de los Soldados de la Independencia, regresar a nuestros orígenes para indagar cómo empezó nuestra lucha por la independencia, supone remontarnos al 6 de enero de 1502, cuando Cristóbal Colón, en su último viaje y acompañado de su hermano Bartolomé y su hijo Fernando, llegó – en pos de afamados yacimientos de oro — a un río al que llamaron Belén. Allí los recibieron los panameños originarios pero éstos fueron pronto engañados y sometidos para robarles su oro. El Rey Quibién o Quibián, “El Señor de la Tierra”, fue apresado y amarrado junto a su familia y sus seguidores. Pese a estar amarrado y herido en un brazo, Quibién logró escapar lanzándose al río de noche para convocar a una alianza con otras tribus a fin de rechazar la invasión. Su familia, que iba a ser destinada a la Encomienda o llevada a España como esclavos, prefirió – al igual que los sitiados en Masada o las mujeres coreanas ante los invasores — ahorcarse a bordo de las naves antes de entregarse, mientras que otros se arrojaron al mar.
El Rey Quibién prevaleció sobre Colón, hirió a Bartolomé y redujo a cenizas el poblado de Santa María la Antigua de Belén, el primero en todo el continente, constituyendo ésta la primera derrota que sufrieron los españoles, que salieron en estampida. Quibién fue el primer guerrero que venció y expulsó a los conquistadores, en esta primera victoria y este primer combate de los pueblos de Abya Yala en la lucha por la vida, los recursos naturales y el medio ambiente.
El oro afanosamente buscado por Colón es el mismo oro que se saquea a título gratuito hoy en Petaquilla, y por eso las tres comunidades indígenas de esa región han fundado la Asociación Rey Quibién en resistencia a los proyectos mineros. Las comunidades afectadas por la minería a cielo abierto, prohibida crecientemente a nivel mundial, rechazan que nuevos conquistadores se lleven el oro y otros metales y destruyen toda forma de vida a cambio de una mayor cantidad de espejitos y engañifas.
Sin embargo, la victoria del Quibién no aparece valorada correctamente en la historia. Existen dos monumentos, uno frente al otro, en la ciudad de Colón: el primero, dedicado al Almirante Cristóbal Colón y el segundo, a Quibién. Pero el monumento a Colón es al menos 30 veces más grande que el erigido al Quibién, y la placa explicativa del «Señor de la Tierra» dice que conmemora el “encuentro” entre ambos, y no los enfrentamientos entre el indígena y el invasor.
Volver a nuestros orígenes, es preguntar por qué nuestra moneda nacional se denomina Balboa, mientras que una centésima parte de ella está dedicada a Urracá, guerrero imbatible y pesadilla de los españoles durante nueve años; implica denunciar el hecho ofensivo, ignominioso y vergonzante de que el sitio donde fuera fusilado nuestro máximo héroe popular, el General Victoriano Lorenzo, víctima de los poderes e intereses foráneos en el Canal, sea tan solo un simple escalón de concreto en Las Bóvedas, que sirve de urinal para perros y para que los turistas puedan encaramarse para ver mejor el mar.
Volver sobre nuestras huellas es explorar por qué se ha dicho que en los actos separatistas de 1903 no hubo mártires. La historia oficial dice que murió un chino y un burro. Traté de averiguar, desde mi escuela primaria, por qué se le dio tanta importancia a un burro – ya que en todas las guerras mueren animales sin que a nadie eso le quite el sueño; de averiguar por qué era trascendente reportar la muerte de un equino al lado de un ser humano. Llegué a la conclusión de que todo fue una manipulación de los hechos para rebajar la personalidad del chino y de impedir que un asiático sin importancia – y no alguien de apellido rimbombante — fuese declarado mártir de la independencia. ¿Cómo reconocer siquiera como mártir a alguien que no tenía nombre en español ni era católico? ¿Por qué iban a erigir un monumento a un chino que ni siquiera era tenido como ciudadano por las élites?
Pero nosotros descubrimos que en 1903 no murió uno: murieron dos chinos. Según el cónsul de Estados Unidos, pereció en Salsipuedes el ciudadano del Celeste Imperio, Wong Kong Yee, oriundo de Hocksan, en la provincia de Kwantung, China. Según The Star and Herald, murió un segundo ciudadano chino, de nombre desconocido, en la Playa de la Marina, colindante con la presidencia de la República, víctima de una granada. Y si algún animal murió no fue ningún burro sino un caballo peruano de paso que pertenecía a Enrique Linares y que pacía (me refiero al caballo) en un corral donde se instaló la panadería Barrio Caliente frente a La Aurora en Santa Ana. Aunque no murieron heroicamente, los dos chinos fueron mártires, porque fueron testigos — mártir en griego significa “testigo” — de la misma forma en que los Mártires de Enero incluyeron a víctimas no combatientes durante la agresión del ejército acantonado en la Zona del Canal.
Volver sobre nuestros pasos y escuchar el río de la patria es indagar si es cierto que los chinos que construyeron el ferrocarril se suicidaron. Miles de chinos llegaron a Panamá traídos por la empresa norteamericana del ferrocarril, que estaba atrasada según el contrato con Colombia, pues la deserción de trabajadores de otras nacionalidades ponía en peligro la obra. Los chinos, engañados y estafados, cayeron víctimas de la empresa que les negó mínimas condiciones de vida, y en esas condiciones de nula vida, los chinos cumplieron con la tarea pero también llevaron a cabo la primera rebelión laboral contra una empresa transnacional en Latinoamérica. Los que no cayeron víctimas de enfermedades y reptiles, fueron ultimados por alguaciles de la empresa o bien se suicidaron como acto de liberación personal y social. Pero allí está el ferrocarril, que nunca se hubiese construido sin el aporte y sacrificio de los chinos en aras de salvar el contrato entre la compañía y la Nueva Granada.
Nuestra visión deformante de la historia reproduce la ideología de los sectores hegemónicos no importa cuántas veces repitamos que la nación panameña es multirracial, no importa cuántas veces gritemos que en Panamá no hay discriminación, ya que es innegable – y damos constancia de ello — que estamos en deuda con quienes contribuyeron con sus vidas a nuestra formación nacional.
Los Soldados de la Independencia, ante cuyo Mausoleo hoy nos convocamos, combatieron en la Guerra de los Mil Días y expusieron sus vidas ante el Batallón Tiradores que se aprestaba a aplastar el intento separatista. Al año siguiente, los liberales de entonces urdieron una conspiración para derrocar al presidente Manuel Amador Guerrero y recabaron el apoyo del General Esteban Huertas, brazo ejecutor del acto separatista, pero los liberales pidieron apoyo al primer golpe de Estado nada menos que al embajador de Estados Unidos.
Premunido del Artículo 136 de la Constitución de 1904, conocido como la Enmienda Platt panameña, y de las potestades intervencionistas que el Secretario de Estado John Hay había incorporado al Tratado Hay-Bunau Varilla, el gobierno de Estados Unidos consideró que Panamá no necesitaba de un ejército, pues para eso estaba el de Estados Unidos, y decidió ordenar su desmantelamiento, cosa que ocurrió en el primer aniversario del Tratado nefasto, el 18 de noviembre de 1904. Los Soldados de la Independencia fueron disueltos bajo amenaza de invasión, que llevarían a cabo varios miles de infantes de marina que aguardaban apostados en las faldas del Ancón para intervenir en caso de desobediencia al imperio. Así llegó a su fin el primer ejército nacional, cuyos integrantes se disolvieron con lágrimas de rabia e impotencia.
El problema colonial y la falta de democracia representativa fueron resueltos de manera significativa a partir del Tratado del Canal de 1977 y el traspaso de la vía interoceánica el 31 de diciembre de 1999. Pero el siglo XXI encuentra a Panamá atenazada por varios retos: el cambio climático, la desigualdad en la distribución de las riquezas, la corrupción, el crimen organizado, la violencia internacional y algunas ambigüedades del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal.
El cambio climático tiende a condicionar el desarrollo sostenible de Panamá de múltiples maneras porque produce transformaciones negativas en los ecosistemas, ancla y punto de partida de un desarrollo armonioso. El planeta se calienta; se secan los ríos y otras fuentes de agua; se agotan las reservas forestales; se esterilizan y envenenan las tierras, y éstas son menos aptas en cantidad y calidad para la agricultura; las tierras del patrimonio nacional son acaparadas por especuladores y terratenientes que se las roban y niegan a campesinos e indígenas; no se cuenta con una política energética adecuada a la crisis, mientras los polos se derriten y amenazan la demanda de tráfico por el Canal. Los medios de producción entran en crisis, y a todo este panorama se suma la carencia de un modelo de desarrollo adaptado en lo interno al colapso estructural de nuestro Istmo, que no soporta arbitrarios proyectos mineros e hidroeléctricas, y ajustado, en lo externo, al desplome mundial del sistema capitalista.
La desigualdad en la distribución de las riquezas produce la inseguridad ciudadana y crea las condiciones para el crimen organizado, en tanto que la educación del panameño es incapaz de producir ciudadanos y se dedica a fabricar las tuercas y tornillos de un sistema en bancarrota material y moral.
La corrupción devora un 30 por ciento del Producto Interno Bruto, pero hace metástasis en toda la población. Hace un par de años hice una pregunta a un grupo de estudiantes pre graduandos de la Universidad de Panamá: “¿Quiénes de Uds. robarán cuando sean altos funcionarios y manejen dineros del Estado?” Para mi sorpresa, dos tercios levantaron la mano. La mitad de los restantes dijeron que no, que no robarían, y la otra mitad dijo, “lo estamos pensando”.
Pero el mayor problema que confronta Panamá está directamente vinculado a su rol dentro de la comunidad internacional y al lugar que ocupa dentro del escenario geopolítico y estratégico de la región.
Durante la mayor parte del siglo XX, Panamá no ha tenido la capacidad para formular una política exterior independiente. Panamá es quizás el único país del mundo que nunca estableció relaciones diplomáticas ni con la Unión Soviética ni con la República Popular China. Luego del colapso de la primera, Panamá abrió relaciones con una Rusia debilitada que no podía ofrecer como antes un contrapeso a Estados Unidos. Panamá no ha establecido relaciones diplomáticas con la China Popular, en parte por la corrupción de quienes han dirigido la política exterior hasta el gobierno anterior y en parte porque China Popular ha sido víctima de la contención encubierta de Estados Unidos, que intenta impedir el surgimiento de otra superpotencia como antes lo hizo con Japón.
Cuando el General Omar Torrijos y el General Manuel A. Noriega emprendieron serias gestiones ante Japón para ampliar el Canal o construir uno nuevo al nivel del mar, entre 1977 y 1989, en claro reto al monopolio sobre la ruta interoceánica que ejercía Estados Unidos desde 1880 y 1903, ambos militares fueron eliminados raudamente. La invasión fue fruto de los acontecimientos incontrolados generados por una orden para desestabilizar a Panamá por esta aventura. Y a raíz de estas intervenciones, no se ha investigado la muerte de Torrijos, aunque ya John Perkins confesó que fue víctima del servicio de inteligencia de su país. Pero aún no se ha integrado una comisión que investigue los hechos de la invasión y sus consecuencias legales y económicas, en los veinte años de su aniversario, mientras que el ciudadano Noriega – que merece protección gubernamental conforme a la Constitución Nacional — queda en un limbo jurídico entre el acatamiento de la Convención de Ginebra, que ordena su liberación inmediata y su retorno inmediato a Panamá, y el intercambio de intereses entre Francia y Estados Unidos, que juegan caprichosamente con leyes, extradiciones y conceptos en violación de los derechos ciudadanos del único prisionero de guerra de Estados Unidos.
Ante el Mausoleo de los Soldados de la Independencia, debemos recordar a los Mártires de Enero y a quienes combatieron la invasión del 20 de diciembre, entendiendo que soldados no son solamente los militares sino también quienes construyen la patria día tras día. Debemos recordar a quienes murieron inocentemente – que son la mayoría – en manos de los invasores, quienes en violación de leyes nacionales e internacionales, cometieron espantosos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra el derecho internacional y contra la paz, con el único objetivo de restaurar el monopolio y la hegemonía de Estados Unidos sobre nuestro territorio y nuestra población.
El efecto combinado de la invasión y el Consenso de Washington ha sido el de eliminar la noción de que el Estado regula la economía; de que el país requiere de soberanía y de que el Canal debe ser protegido y defendido constitucionalmente por panameños. Por tal motivo, nacen por un lado las privatizaciones de proyectos estatales y recursos naturales y, por el otro, se produce la inserción jurídica y no exclusivamente material, de las fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio nacional, que se plasman en acuerdos entre el Servicio de Guardacostas y el Servicio Marítimo Nacional en 1991; en acuerdos secretos entre la inteligencia militar de Estados Unidos y el gobierno nacional panameño, de 1999; acuerdos entre el Encargado de Negocios de Estados Unidos, Frederick Becker, y el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Alemán Healy, en diciembre de 2001; entre Becker y el ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, de 5 de febrero de 2002, llamado Tratado Salas-Becker; entre Becker y José Alemán Zubieta, de la Autoridad del Canal de Panamá; entre John Bolton, responsable de la seguridad y embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, y el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona; entre la embajadora de Estados Unidos, Linda Watts, y Harmodio Arias, ministro de Relaciones Exteriores, en 2004, para exonerar de la justicia a criminales de guerra de la superpotencia.
De estos tratados internacionales, solamente el último fue enviado a la Asamblea Legislativa para cumplir con el requisito constitucional de su aprobación, razón por la cual denunciamos que dichos acuerdos no cumplen, ni por su modalidad formal ni por su contenido, con los requisitos de la Constitución Nacional y de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados y, por lo tanto, están viciados de nulidad.
Conforme a los acuerdos, las fuerzas armadas, terrestres, aéreas o navales, de Estados Unidos, pueden surcar el territorio nacional sin mayores trámites o requisitos, motivo por el cual militares de alto rango de ese país han dicho que Panamá es la puerta de entrada al servicio o letrina que es Colombia. Conforme a esos acuerdos, todos los barcos de bandera panameña pueden ser interceptados en alta mar por naves de Estados Unidos y por las pertenecientes a decenas de países, sin permiso especial, bajo el programa de control de armas de destrucción masiva. Conforme a esos acuerdos, Estados Unidos puede invitar para que entren a nuestro territorio otros Estados con el propósito de que éstos cooperen con Panamá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos internacionales. Conforme a esos acuerdos, Panamá se obliga a no ejercer jurisdicción sobre funcionarios civiles o militares de Estados Unidos, acusados de crímenes de guerra, ni de someterlos al Tribunal Penal Internacional.
Los citados arreglos intentan cubrir las Maniobras Panamax que desde 2003 llevan a cabo países latinoamericanos y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Panamá y en la región con el pretendido propósito de atender la protección y defensa del Canal y de Panamá. Las Maniobras Panamax han sido siempre comandadas por un Almirante del Comando Sur, pero nuestra Constitución Nacional atribuye exclusivamente a panameños la defensa de su territorio y prohíbe a nuestros funcionarios civiles o militares recibir órdenes de militares extranjeros, en tanto que el Tratado de Neutralidad imposibilita la presencia militar extranjera en nuestro país.
El Artículo V del Tratado de Neutralidad dispone que, después del 31 de diciembre de 1999, sólo la República de Panamá mantendrá fuerzas e instalaciones militares y sitios de defensa dentro de su territorio nacional. Y como los defensores de la militarización argumentarán que la Reserva Nunn al Artículo V del Tratado de Neutralidad permite acordar dicha presencia militar, les advertimos que una cosa es lo que se pretendió con dicha Reserva y otra es lo que la misma dice.
Lo que dice la Reserva Nunn es que, no obstante el Artículo V, Panamá y Estados Unidos podrán acordar la presencia militar extranjera para garantizar el régimen neutral del Canal. Pero, ¿en qué consiste este régimen? La neutralidad de la vía acuática consiste en la libre navegación y la desmilitarización del Canal y sus anexidades, y mal puede la Reserva Nunn garantizar si ella misma introduce condiciones que específicamente la niegan. La Convención de Viena es clara al estipular que pueden aceptarse enmiendas a los tratados siempre y cuando no contradigan sus propósitos fundamentales. Si esto último ocurre, las enmiendas dejan de tener validez jurídica, y ése es el caso de la Reserva Nunn.
Pero Panamá se inserta en un espacio geopolítico más amplio. Colombia publicará la próxima semana los acuerdos firmados con Estados Unidos para poner a su disposición siete de sus bases militares: en Malambo, en el Atlántico; en Palanquero, en el Magdalena Medio; en Apiay, en el Meta; bases navales en Cartagena, en Tolemaida, y en Larandia, en el Caquetá. Según lo dicho por el General Freddy Padilla de León, Ministro de Defensa encargado de Colombia: “Se trata de profundizar unas relaciones que han venido siendo exitosas con el acceso a bases militares colombianas. No son bases norteamericanas, son colombianas, pero brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones”.
El anuncio hecho ayer, 1 de noviembre, de que “la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional Aeronaval firmaron un acuerdo interinstitucional para el establecimiento de bases aeronavales y de policía panameñas en el litoral Pacífico y Atlántico del país”, que aclara declaraciones previas de que se firmaron acuerdos con Estados Unidos, no nos sorprenden porque serán bases aeronavales y de policía panameñas que podrán ponerse a disposición de Estados Unidos, por la sencilla razón de que el Tratado Salas-Becker de 2002 se adelantó y hace siete años dispuso que los puertos y aeropuertos de Panamá podrán ser usados generosamente por las fuerzas armadas de Estados Unidos.
Las bases aeronavales en Isla Chapera, en el Archipiélago de las Perlas, en Isla Coco, en Veraguas, en Bahía Piña, Darién, y en Rambala, en Bocas del Toro podrán ser utilizadas para múltiples objetivos. Pero quiero recordarles respetuosamente a los responsables de nuestra Política Exterior aquí presentes que, si bien las Naciones Unidas carecen de una definición sobre el terrorismo, motivo por el cual no existe un solo tratado que lo regule, sí tienen en cambio una definición de la soberanía nacional, que comprende la independencia política y la integridad territorial, y que la soberanía no puede ser invocada para albergar violaciones de sí misma, del mismo modo que la patria potestad no incluye la posibilidad del incesto ni la promiscuidad entre padres e hijos.
Es por ello que, a nuestro juicio, las bases puestas a la disposición de Estados Unidos profundizan la militarización de un amplio espacio territorial que separa a ese país de Sudamérica, mismo que constituye una plataforma desde la cual será posible lanzar operaciones sobre toda la región en franca conspiración contra la pacífica convivencia entre los pueblos y la solución pacífica de los conflictos.
Panamá es aún miembro del Movimiento de Países No Alineados, uno de cuyos objetivos es el rechazo a formar parte de las esferas de influencia de las grandes potencias. Nuestro gobierno no puede poner en peligro la neutralidad verdadera del Canal ni atraer sobre nuestra población los peligros que la guerra contra un terrorismo indefinido e inasible sin duda proyectará sobre nosotros y nuestros hijos. El deber de nuestro gobierno es mantener una posición ética, transparente y compatible con el servicio internacional que el Canal presta al mundo y no sumarse a cruzadas en nombre de supuestas libertades y cuestionadas democracias.
Las bases aeronavales pondrán a prueba el Protocolo de Adhesión al Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal, al cual han adherido decenas de Estados, que tienen la facultad de pronunciarse en torno a si el uso de dichas bases por parte de Estados Unidos y otros países violan o no el régimen de neutralidad de la vía acuática al que se comprometieron respetar.
Con estas reflexiones culmino mi intervención, con la esperanza de que los tambores de guerra y las turbulencias inesperadas producidas por el cambio climático no obnubilen nuestra visión y nos hagan perder el rumbo, y que cuando ya no sepamos si vamos en la dirección correcta, escuchemos el gran río de la patria, la música de la patria, el gran río que nos hace sentir orgullosos de nuestro pasado y que sin duda nos llevará de las tinieblas a la oscuridad, y de la oscuridad a la luz.
Muchas gracias
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