Denuncian a empresa por daños ambientales en la comunidad de La Colorada La Chorrera

La empresa JPW S.A es señalada de contaminar fuentes de agua hídricas y de suelos, que ponen en riesgo la salud humana

 

Por Lourdes García Armuelles lourdes.garcia@laestrella.com.pa

La abogada ambientalista Susana Serracín presentó una denuncia en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) contra la empresa Inversiones JPW S.A, cuyo representante legal es James Gooden, que se dedica a la producción de piña para el mercado local y de exportación. La demanda incluye igual a todos los funcionarios del Ministerio de Ambiente (Miambiente) involucrados en el caso, ya sea por acción u omisión de sus funciones públicas.

Según los denunciantes la empresa JPW lleva adelante una serie de irregularidades alrededor de su actividad comercial que está afectado ambientalmente al corregimiento de la Colorada, en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

Serracín, quien es presidenta de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), sustenta su posición luego de recopilar varias pruebas, entre las que están una inspección técnica de oficio que realizaron funcionarios del Departamento de Verificación del Desempeño Ambiental de la Dirección Regional de Miambiente de Panamá Oeste el 7 de enero de 2021, donde se constató que la empresa JPW realiza actividades sin contar con estudios de impacto ambiental aprobado, que constituye un delito de acuerdo al artículo 418 del Código Penal.

En el documento al que tuve acceso a La Estrella de Panamá, la abogada ambientalista aseguró que las actividades de la empresa están contaminando fuentes de agua y afectando la calidad hídrica y de los suelos y con ello poniendo en riesgo la salud humana y la vida silvestre, que está agravado de acuerdo con el artículo 399 del Código Penal, en los numerales 4 y 7.

Según la presidenta de ACD, la empresa ha ido más allá de sus acciones y cuenta con una quebrada represada para formar un lago, sin permisos, ni licencias ambientales, que se registró en un informe de Miambiente, que dictó una providencia con firma de la directora regional de Miambiente de Panamá Oeste, Marisol Ayola, con fecha de 26 de mayo de 2021. En dicha providencia se había establecido que la empresa tenía que paralizar sus actividades.

Sobre este último punto comentó que la empresa pesé a tener la orden de paralización solicitó a Miambiente permiso para cosechar piñas argumentando, entre otras cosas que, si no lo hacían, iban a tener pérdidas económicas.

“Miambiente actuando en violación a la ley, pues la orden era paralización, le permite a la empresa este dudoso permiso de cosecha, por alrededor de 4 o 5 días, sin embargo, ellos tomando en ventaja actuando con dolo, y en violación directa a las leyes, continuaron sus actividades de siembra, fumigación, ruido y otras afectaciones a los moradores”, cuestionó Serracín.

La denuncia reveló que uno de los afectados de la comunidad de la Colorada, el señor Moisés Montero, dirigió una nota al director de Servicios Agropecuarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para constatar varias irregularidades entre ellas, que la empresa no cuenta con registros de productos agroquímicos, que son autorizados por Sanidad Vegetal del Departamento de Agroquímica.

“De esto Miambiente debe tener conocimientos, sin embargo, a pesar de todos los riesgos, la empresa sigue operando impunemente, sembrando y fumigando de manera constante, mantiene aún la quebrada represada y se burla de todas las autoridades y de la comunidad. De hecho, los moradores de La Colorada le han manifestado en cartas a Miambiente su rechazo y oposición a este proyecto inconsulto que está afectado directamente el pozo y el tanque de abasto que suple de agua a más de 100 familias cercanas al proyecto”, criticó Serracín, al tiempo que manifestó que existen constancias de una carta con 75 firmas de afectados que se oponen a este proyecto.

La presidenta de ACD destacó que, en la denuncia, evidentemente, no sola hay faltas administrativas, sino también delitos comprobados de la ausencia de estudio de impacto ambiental, que debe ser un proceso previo a cualquier inicio de actividad que impacte el ambiente y que es la que permite establecer la obligatoriedad de la consulta y participación ciudadana para que los posibles afectados conozcan el proyecto, lo cuestionen y puedan emitir su opinión, con base a hechos certeros, sin embargo, “nada de esto sucedió”.

De acuerdo con Serracín, Miambiente conoce de estos incumplimientos, pero solo emite una paralización en papel, a comparación de las pruebas que la ACD ha recopilado y que revelan que la empresa sigue operando con el aval de las instituciones involucradas, por el cual solicita una investigación minuciosa de todos estos hechos que supuestamente estaría cometiendo flagrantemente la empresa JWP, que también opera con otros nombres, como Colorada Fresch Pineapple y Latan Investment Corp.

También solicitó que se investigue a los funcionarios de Miambiente, pues según los demandantes, no han cumplido sus obligaciones inherentes a su cargo a pesar de existir informes periciales de su propia institución y un expediente administrativo con pruebas contundente, que demuestran los delitos denunciados y dejando a la comunidad indefensa.

(Tomado de la Estrella de Panamá)

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