El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Enrique Avilés
En pleno siglo XXI, hay quienes creen fervientemente que hablar de dictaduras es hablar de militares con gafas de aviador enviando tanquetas a reprimir civiles y violentando a la vista pública derechos y garantías constitucionales, sin entender que ese modelo de autoritarismo falleció hace mucho, dando paso a nuevos mecanismos de coerción que, sin despreciar las balas, carcelazos y violaciones de todo tipo, se presenta de manera civil, actuando contrariamente a la voluntad civil e imponiendo la voluntad de los sectores dominantes sobre las grandes mayorías, evadiendo así su responsabilidad para con quienes lo eligieron, sin mediar consenso alguno y aplicando todo el torque jurídico, incluso descabellado, para imponer su voluntad abiertamente en contra de la voluntad del pueblo. A diferencia de las dictaduras militares éstos no dependen de ejército, sino de estamentos de seguridad del Estado, y un desbalance de poderes donde los órganos judiciales y legislativos quedan sumisos a su deseo.
Esta democracia dictatorial, como bien la ha abordado el cientista social Carlos Pérez Soto en su obra “Democracy as dictatorship”, hace mucho tiempo tiró por la borda la misión fundamental de representar la soberanía popular y vive del formalismo de la alternancia del poder, hoy manipulada quirúrgicamente por los sectores de poder económico, mediante elecciones donde el ciudadano o pueblo vota, pero el poder económico elige. En ese modelo de dictadura, naciente como neoliberal, hoy tornándose a ultraderecha y fascista, los discursos de crisis son en esenciales en su proceso impositivo, donde los resultados de solución de la mismas no es nada más que el shock impositivo a través de leyes que erosionan conquistas sociales y precarizan más las condiciones de vida del pueblo. Ya no se imponen en su presentación inmediata a balas, matan al pueblo a través de leyes regresivas, sin obviar que si hay que matarlos en las calles no será por militares sino por estamentos de seguridad civil a órdenes de un ejecutivo, que radicaliza y criminaliza toda acción de oposición a su política elitista en lo interno y genuflexa en lo externo.
La democracia panameña en manos de la administración Mulino, no deja de tener todos los visos de constituirse en una dictadura, si entendemos que desobedece la soberanía ante crisis creadas o ficticias para imponer jurídicamente las voluntades de las minorías de poder económico, basta mencionar que la ley para salvar el seguro y mantener una pensión digna tenía el motivo de salvar la columna financiera del estado, o sea no importaba quebrar la de los jubilados con más años de trabajo y menos plata para jubilarse. Esto, teniendo el respaldo de una asamblea sumisa y complaceciente, se acompañó de una narrativa mediática que todo el que se opuso era comunista, radical, golpista, en otras palabras, creó una crisis ficticia de gobernabilidad para justificar estados de sitio que violaron abiertamente los derechos humanos, persecuciones sistemáticas a gremios y sindicatos, procesos amañados y carcelazos, evidenciando la injerencia del ejecutivo en el plano judicial y violando el democrático derecho constitucional a huelga como protesta. No es de extrañar que en esa ruta dictatorial continúe la agenda de poder dominante buscando suprimir mediante decreto ley, mecanismo usual de dictaduras, el derecho a huelga, el desmembrar a los gremios docentes con una reforma que suena a supresión y no modernización, el descapitalizar a sindicatos beligerantes quitándole sus cooperativas, y tratando de lograr una ley para encarcelar a quien proteste en lo venidero so pretexto de enmascararse o disfrazarse, todo esto ante un desbalance de poder donde el órgano legislativo y el judicial se prestan vilmente, haciendo la vista gorda ante un llamado constante de un ejecutivo que pretende una constituyente en semejante escenario, constituyente a favor de quién, si la realizan ellos con sus propias reglas del juego y con el resultado al alcance de sus manos, porque el Tribunal Electoral que sucumbió a la extorsión hacen dos años atrás, será diferente al actual?
Para junio se viene fútbol y mina, goles e inconstitucionalidad irán de la mano, pero no olvidemos que cuando este tipo de democracia convierte las injusticias en ley, los pueblos convierten la resistencia en deber de supervivencia. Nunca jamás a ninguna dictadura y mucho menos democrática, civil y oligárquica, Panamá merece más que eso.
El autor es historiador.
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