Camilo Valdés, Director de la DGI, no hace, ni hará nada contra los grandes evasores.
Deacuerdo al presupuesto de la ACP para su año fiscal que va del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, recientemente aprobado por el Consejo de Gabinete, esta institución administradora del Canal de Panamá deberá entregar en ese período de tiempo una suma de B/ 3,193.8 millones al gobierno central. Se trata de una suma muy similar a la que se incluye como aportes del Canal durante el año 2026 en el proyecto de presupuesto general del Estado, presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. En este caso se trata de B/. 3,343.0 millones.
En ambos casos estamos frente a una cantidad de recursos muy significativa, que podrían tener un elevado impacto en el desarrollo social del país, siempre y cuando se utilizaran realmente para resolver los problemas de la población. Es así, para dar un ejemplo. que la suma de B/. 3,193.8 millones equivale al 125.3% del gasto de inversiones programadas para ser realizadas en el 2026 por el Ministerio de Educación, así como por el Ministerio de Salud. Lastimosamente ese no es el destino de los fondos que recibirá el gobierno central a partir de las operaciones de la ACP.
En principio los fondos entregados por la ACP deberían servir como fondos adicionales a la recaudación de impuestos que, de acuerdo a la Ley, tendría que captar el gobierno central. Esto permitiría que los mismos potenciaran muy significativamente el desarrollo social, logrando un elevado nivel en la prestación de los servicios públicos.
Sin embargo, existe un elemento, prácticamente estructural, que bloquea esta posibilidad: la evasión y elución tributaria que realizan las personas jurídicas, es decir el sector empresarial del país. Es así, que de acuerdo a las últimas cifras disponibles de la DGI la evasión y elusión tributaria de las personas jurídicas (sector empresarial) durante el período 2007 – 2022 tuvo un acumulado de B/. 71,832.2 millones. Solo en el 2022, último año en que existen estadísticas oficiales, esta evasión y elusión fue de B/ 7,879.2 millones.
En términos del peso de esta lacra social sobre el país, se debe aclarar que entre 2018 y el 2022 el incumplimiento tributario bajo análisis representó el 10.7% del PIB. Teniendo en cuenta este nivel de evasión, que el actual gobierno no a querido corregir, se puede, habida cuenta de la proyección del PIB nominal para el 2026, prever que el próximo año la evasión y elusión tributaria del sector empresarial podría alcanzar a la extraordinaria suma de B/. 9,870.0 millones.
En estas circunstancias los B/ 3,193.8 millones que provendrían de la ACP, más que servir para ampliar el gasto social, simplemente sirven para tapar, de manera parcial la enorme evasión y elusión tributaria que practican los sectores empresariales. De hecho. el aporte de la ACP apenas cubre el 32.4% de dicha evasión – elusión.
Más aún, la evasión y elusión tributaria, junto a la corrupción, generan, aun teniendo en cuenta los aportes financieros del Canal, un notable desfinanciamiento del Estado, lo que lleva a una enorme y creciente deuda pública, que significa que el pago de intereses de la misma en el 2026 tendrá un monto que superará los aportes de la ACP al gobierno central. El actual gobierno, en su primer año de gestión, elevó la deuda pública en la enorme cantidad de B/ 10,560.8 millones.
Solo una acción estatal decidida a ponerle freno a la rapiña de los potenciales fondos públicos por parte del sector empresarial, podrá revertir la difícil situación fiscal del país. Obviamente se trata de una medida que no se puede esperar del actual gobierno fascista dependiente.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
