Si todo lo anterior fuera insuficiente, ahora el Presidente se declara ciego y sordo

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Recientemente y a regaña dientes, la Defensoría del Pueblo presentó un informe muy preliminar y por tanto incompleto, en el cual detalla que unas 186 personas fueron detenidas en la provincia de Bocas del Toro, a pesar que las estadísticas dan cuenta de más de 500 detenidos, sobre quienes se cometió toda clase de abuso e irrespeto a su dignidad, producto de la cacería que la fuerza pública ejerció durante la suspensión por diez días, de las garantías fundamentales donde la policía actúo con absoluta impunidad.

Esta mañana el periodista Juan Alberto Cajar, quien víctima de los desmanes de la policía cuando fue detenido mientras cubría una protesta frente a la Asamblea Nacional. La Policía Nacional en ese momento lo detuvo y acusó de alterar el orden público, pero luego retiró los cargos y se disculpó por el incidente, cuando quedó al descubierto que era periodista, sus colegas y ciertos medios y las redes sociales denunciaron el hecho, y como la detención no tenía fundamento alguno se vieron obligados a soltarlo sin levantarle los cargos que le imputaron al momento de justificar su arbitraria detención. Ese mismo periodista le preguntó a Mulino, esta mañana, si nombraría alguna “Comisión de la verdad” que investigara las muertes y todos los efectos funestos del levantamiento de las garantías constitucionales que se extendieron no solo a Bocas del Toro, sino también a toda la Comarca Ngäbe Bugle, especialmente la región de Ñoqribo. El presidente respondió inmediatamente que cuales muertos, y que él no crearía ninguna comisión ad Hoc, y que la única instancia válida para investigar estos hechos es la procuraduría General de la Nación, pero solo hay que recordar que el procurador titular era el abogado personal de Mulino, de modo que, el pueblo tendrá que espera por una investigación imparcial, no ahora.

Y siguió diciendo Mulino en su defensa: “Hicimos lo que hicimos en función de la Constitución Nacional. No suspendimos garantías porque a mí se me antojó ese día. Era lo que había que hacer. Si no, ahí estuvieran todavía sentados en la calle hundiendo más a Bocas del Toro de lo que ya la han hundido. Así que, si el Ministerio Público tiene que investigar, que investigue. Yo no voy a patrocinar ningún otro tipo de investigaciones en este país”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa semanal en el Palacio de la Garzas hoy jueves 17 de julio.

Como si el pueblo panameño viviera en otro planeta, el presidente Mulino en un afán por ocultar los graves hechos sucedidos en Bocas del Toro, cuando el periodista Cajar le preguntó sobre los muertos, el presidente contesto con desparpajo que: “eso es totalmente falso”.

Esta respuesta categórica, retrata de cuerpo entero el cinismo inaudito en que se fundamenta el gobierno nacional, como si los muertos, condenados a la inexistencia en virtud de la palabra del presidente, y que todo el mundo sabe, gracias a los medios que han dado la noticia, es decir que no la han ocultado, fueran menos que animales silvestres, lo cual esa sangre inocente, pura y generosa derramada, como la de Abel, hoy clama en la nación por justicia terrenal. La justicia divina mientras tanto, no podrá se estorbada, si sobornada como ocurre con nuestras instituciones encargadas de investigar y hacer justicia terrenal.

Algún día, cuando haya un verdadero Estado de Derecho en Panamá, se podrá investigar a José Raúl Mulino, al ministro de Seguridad Frank Abrego y al Director de la Policía Jaime Fernández como autores materiales e intelectuales de los hechos que no reconocen ahora, porque se han declarado sordos y ciegos, pero que por ser delitos de lesa humanidad e imprescriptibles, los perseguirán hasta donde han enviado a sus victimas que temen reconocer.

¡Así de sencilla es la cosa!

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