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Servicios internacionales, filtraciones y…|

….la necesidad de una Estrategia Nacional frente a los Rivales Económicos


Por: Rigoberto Castillo G. Abogado y Master en Derecho Internacional

 

Hacen ya varios años, el modelo económico de servicios de Panamá, en particular las sociedades anónimas (offshore – Ley 32 de 26 de febrero de 1927 sobre Sociedades Anónimas) vienen siendo objeto de planificados ataques cíclicos, por parte de diversas “organizaciones” de periodistas e investigadores (el alemán “Sueddeutsche Zeitungy el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ – por sus siglas en inglés). Con el presunto propósito de descubrir supuestas actividades ilícitas en las actividades de servicios comerciales internacionales de Panamá.

Es de extrañar, que existiendo una pluralidad de jurisdicciones offshore en el mundo (más de 90, incluyendo a Panamá (bajo influencia y jurisdicción de Gran Bretaña, EE.UU., Francia y otros países de la UE), con regímenes jurídicos impositivos mucho más flexibles que el panameño, únicamente, la República de Panamá, se haya hecho del interés de los referidos “investigadores” y de organismos como, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo Europeo o la Comisión Europea, y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros.

Estas supuestas “investigaciones” han causado un daño terrible, pero temporal, a la imagen internacional de Panamá, lo cual nos ha llevado a pensar que, estos ataques son actos planificados de terroristas cibernéticos, o de agentes externos financiados por especuladores internacionales o rivales económicos de Panamá, con el fin de restar clientela, negocios, mercado y golpear la imagen global del Estado y de la economía panameña y su sector de servicios internacionales (en particular las sociedades anónimas y el sector bancario).

¿Cabría preguntarse, son estas filtraciones, presuntos, delitos de terrorismo informático y financiero en contra de la personalidad internacional del Estado panameño tipificado, junto a otros tipos penales, en nuestro ordenamiento jurídico penal (Delitos contra el Orden Económico y los Delitos Contra la Seguridad Colectiva), y en el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001, a la que la República de Panamá se ha adherido?

Durante años, la política nacional del Estado panameño (indistintamente del gobierno que detente el poder), frente a este tema, ha sido laxa, inconsistente, ambivalente, improvisada, emotiva y, únicamente, reactiva ante la situación de ataque o crisis, no así proactiva, esquematizada y planificada de cara a una implementación de criterios sólidos y jurídicamente bien fundamentados que responda en todos los tiempos a la defensa nacional del interés económico del país, ya que estos ataques cíclicos tienen un carácter geo económico y financiero externo, el cual se desarrollado en medio de intrigas y la rivalidad de mercados de servicios; y en muchos casos, entre las potencias, y de éstas contra la posición geográfica de Panamá y sus ventajas competitivas mercantil frente a otros territorios de servicios bajo sus jurisdicciones, en particular de EE.UU., Gran Bretaña y de la Unión Europea.

Entre los territorios offshore en el mundo, que más compiten contra Panamá, tenemos a: Islas Vírgenes Británicas (IVB), Islas Vírgenes, Islas Bahamas o Comunidad Británica de las Bahamas, Estado de Delaware – EE.UU., Montana – EE.UU., Miami – EE.UU., New York – EE.UU., Nevada – EE.UU., Dakota del Sur – EE.UU., Wyoming – EE.UU., Principado de Liechtenstein – U.E (entre Suiza y Austria), Samoa Americana (territorio de EE.UU. no incorporado a la Unión), Anguila (territorio británico de ultramar), Dominica, Fiyi, Guam (territorio de EE.UU. no incorporado a la Unión), Palaos (circula el dólar de EE.UU., como moneda de curso legal), Liberia y Samoa.

Otros territorios económicos que compiten, fuertemente, contra la economía de servicios de Panamá (Offshore, y servicios bancarios) y cuyos regímenes impositivos son mucho más flexibles pero que no les exigen (ni la OCDE, el GAFI y el Consejo Europeo) regulaciones especiales en sus legislaciones bancarias, o impositivas, a los que “Tax Justice Network” clasificó como territorios de alto índice de secreto financiero, de un total de 133: Islas Caimán, Estados Unidos de América, Suiza, Hong Kong, Andorra, Singapur, Luxemburgo, Japón y los Países Bajos (antes Holanda).

Pero la rivalidad geoeconómica y las conspiraciones externas, en contra del sector servicio internacional panameño (offshore y bancario) no se limitan a los territorios económicos antes mencionados, pues existen otras jurisdicciones que, igualmente compiten, tenazmente, con Panamá en estos y en otras clases de servicios internacionales (navieros, logística, zonas francas, entre otros).

A este tercer grupo de rivales económicos de Panamá se asocian Belice, República Dominicana, Gibraltar (bajo jurisdicción británica), Islas Man (británicas), Islas Caimán (territorios británicos de ultramar), Jersey (dependencia de la Corona británica en el Canal de la Mancha), Suiza, Islas Seychelles, Hong Kong (bajo régimen Administrativo Especial de la República Popular China, antes de Gran Bretaña), Mónaco, Luxemburgo, Madeira (Portugal), Mauricio, St. Kitts and Nevis (Estado Asociado al Reino Unido y que llega a la independencia dentro del seno de la Commonwealth), Vanuatu, Hungría, y otros.

Los gobiernos de la República de Panamá, han realizado tenaces reformas en la legislación nacional de sociedades anónimas y bancaria, para cumplir las exigencias de los organismos internacionales de control de los delitos de evasión fiscal internacional. Una responsabilidad, que compete no a Panamá, sino a cada Estado con respecto a sus ciudadanos y empresas. Y es que, pareciera que, estos organismos ya antes señalados, pretenden hacer de Panamá el fiscalizador y el responsable de una obligación que es soberana y propia de cada país del mundo, cuestión inadmisible.

Caso contrario se observa en muchas de las jurisdicciones citadas, las que casi se mantienen inmutables, pues la apertura de sociedades anónimas y cuentas bancarias, son posibles realizarlas vía electrónica, sin la presencia física del cliente (personas naturales o jurídicas), contrario a Panamá (por ejemplo, Montana, o Delaware), con lo cual se realizan muchos de los supuestos delitos de evasión fiscal, lavo de activos y otros, que son las causas por las que, supuestamente, se suele exhibir internacionalmente a Panamá en las llamadas “listas negras y grises”.

Pero los nuevos tiempos, y las actuales condiciones del mundo cambiante, exigen de cada economía, y en especial de la panameña, nuevas alternativas jurídicas mercantiles de control que refuercen la legalidad de los servicios internacionales prestados, y que originen en nuevos nichos de ganancias y la captación de inversiones extranjeras directas, para enfrentar la dura lucha por el control de los mercados y la venta de los servicios internacionales; de ahí, por ejemplo, la aprobación de la Ley 2 de 1 de febrero de 2011,  “que regula las medidas para conocer al cliente, así como, otras decenas leyes más tendientes a crear un clima de confiabilidad y de legalidad de los negocios en Panamá, estabilidad jurídica, tanto para los servicios legales, como los bancarios en general.

A estas normativas, también, se asocia la recién aprobada la Ley N°. 624 de 11 de noviembre de 2021, que adecua la legislación nacional en materia de Transparencia Fiscal Internacional y de prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, sin que los mencionados organismos sientan total y absoluta satisfacción con los esfuerzos que realiza el país; una cuestión, por completo inaceptable. Y es que, se ha llegado a tan nivel de acoso y presión al país, que las ventas de sociedades anónima (de Panamá) es casi que vista y, presuntamente, tachada como una cuestión delictiva y hasta de bajo nivel de garantías de seguridad, lo cual es totalmente erróneo y desatinado el criterio, con lo cual se perjudican a los abogados del país y se afecta de manera sensible el derecho de venta de servicios legales, consagrado en el Acuerdo de la Ronda de Uruguay de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las críticas y ataques al modelo de sociedades offshore de Panamá que surgen de los centros de control e influencias político – económicas globales (OCDE, GAFI, y la UE), son los responsables indirectos de las filtraciones y ataques cibernéticos a las estructuras empresariales de Panamá.

¿Qué características internacionales, en sí, tienen las filtraciones de los mal llamados “Papeles de Panamá” y “Papeles de Pandora”?

El primero podría estar asociado a la manipulación política, ya que van orientados (más que a exponer publicaciones), a desprestigiar y chantajear a políticos, candidatos presidenciales, presidentes, diputados, artistas, personalidades de impacto mundial y a personalidades religiosas, verbigracia: expresidente Sebastián Piñera de Chile, presidente Guillermo Lasso, de Ecuador (cuya acusación fue archivada), y Luis Abinader, actual presidente de República Dominicana y otros cientos de políticos más.

El segundo estaría vinculado con las cuestiones geoeconómica, pues tal vez, están orientadas a menguar e influir, negativamente, en la imagen internacional de Panamá, su reputación de mercado confiable, el ocasionar un impacto de baja en la venta de servicio internacionales del sector servicio de offshore de Panamá y los servicios bancarios.

El tercero de carácter penal, por cuanto las actividades son encubiertas, clandestinas, presentan visos de planificación (iter criminis) que se desarrollan sin el conocimiento, ni la autorización de entes nacionales judiciales y de represión de los delitos internacionales, como la Interpol y otros.

Pero a la zaga de estos grupos de territorios económicos que compiten abiertamente contra Panamá, en venta de servicios internacionales de offshore, banca, navieros, logística, contenedores, etc. han surgido en los últimos tiempos nuevos rivales que, han llegado, con la intensión de disputarle el servicio de tránsito de cargas y mercaderías al Canal de Panamá.

Al reciente grupo se asocia, México (Istmo de Tehuantepec – Corredor Multimodal Interoceánico- para 2023), Honduras (Canal Seco – inaugurado el 17 de enero – con capacidad de transporte de cargas de 5 horas entre los dos océanos, con conexiones a Nicaragua, El Salvador y Guatemala), Colombia (con el llamado Canal Seco de 220 km de longitud, que iría desde el Pacífico a una ciudad en proyecto de construcción cercana a Cartagena de Indias, en el Caribe) y, finalmente,  Nicaragua, la que desde hace  muchos años viene soñando la construcción de un Canal a Nivel, con una extensión de 278 km de largo, del Pacífico al Atlántico).

De lo expuesto, es posible recomendar la necesidad de plantearse, en el marco de la política exterior del Estado, una estrategia de acción y de defensa de los intereses nacionales tendiente a responder legal, diplomática, electrónica y cibernética a los ataques externos, tanto de la listas negras y grises, como de los piratas informáticos y rivales económicos de Panamá.

Legal, porque debe estar dirigida a encausar penalmente, tanto a lo interno de nuestro país, como a en los tribunales internacionales a los autores de las filtraciones y a quienes con ellos se encuentren en asocio.

Diplomático, porque se hace necesario llevar a cabo, diálogos, negociaciones y acuerdos que resuelvan finalmente las exigencias de los organismos internacionales como el GAFI, la OCDE, el Consejo Europeo, y otros, por incluir a Panamá en las listas de dudosas calificaciones, por cuanto no se cuestionan a los territorios y jurisdicciones económicas que se encuentran bajo los dominios, control político y jurisdiccional de las potencias parte de los mencionados organismos.

Electrónico y cibernéticos, porque se hace necesaria la existencia de una bien equipada estructura electrónica y cibernética en los estamentos de seguridad del Estado panameño dirigidas a combatir los ataques a los intereses económicos del país, del Canal de Panamá, del Centro Bancario Nacional, de la Zona Libre de Colón, de las Zonas Económicas Especiales, de la Autoridad Marítima de Panamá, etc., por parte de los piratas informáticos (hacker).

El PIB de la Panamá, registró un alza del 14,9%, entre enero y septiembre de 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de Panamá, y según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo BID, se prevé que para el presente año 2022 habrá un crecimiento del 8,2% del PIB de Panamá.

Todo es indicativo que, ha llegado el momento de detenernos y pensar en la adopción de un conjunto de medidas políticas y de respuestas adecuadas (diplomáticas, económicas, financieras, bancarias, cibernéticas y electrónicas, etc.) a circunstancias tendientes a defender y reforzar, desde todos los ámbitos, la posición geográfica de Panamá y sus sectores económicos, incluido el de servicios internacionales. Labor esta que debe adoptarse como política integral del Estado, sin importarnos quien o quienes detenten el poder en el país.

De no reaccionar a los peligros que, cíclicamente, enfrenta la economía de servicios legales y, bancarios, internacionales de Panamá, en violación a su derecho internacional de comercio de dichos servicios, correremos el riesgo de ser soberanamente enajenados y afectados en nuestra economía, con lo cual nuestros rivales económicos nos estarán obligándonos a desaparecer este sector de la economía nacional que, históricamente, desde 1927, ha representado grandes dividendos al país, ya que ésta son un instrumento vital para todo aquel que quiera hacer negocios en Panamá, y desde Panamá al exterior.

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