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Sectores poderosos que constituyen el poder fáctico, insisten en apropiarse del Canal.

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

De hecho se están apropiando de toda estas áreas y los precios que tiene los comercios allí, le impiden al pueblo poder ir a disfrutar lo que es suyo.

Desde hace mucho rato, poderosos intereses económicos del país, han intentado modificar las  disposiciones de la ley 21 de 1997, que aprueba el plan regional para el desarrollo de la región interoceánica y el plan general de uso, conservación y desarrollo del área del Canal, para abrir puertas para acabar con la cuenca del Canal y pone en peligro el funcionamiento futuro del Canal, que opera con agua y que busca satisfacer a personas que de alguna manera han ido ocupando territorios del Canal y estudios serios indican que la cuenca del Canal, lejos de aumentar, ha disminuido peligrosamente por la agresión y destrucción de la que ha sido objeto todos estos años. La cuenca del Canal garantiza también, el consumo de agua potable a más de millón y medio de personas que viven en el área metropolitana.

El Canal de Panamá aporta en forma directa más de 2,000 millones de dólares al año al Estado, pero estos dineros en vez de ser orientados para la inversión en programas de desarrollo de generación de empleos y de reactivación estratégica de la economía, son, sin embargo, consumidos en gastos del Estado y en mantener una onerosa planilla estatal y privilegios de altos funcionarios que, hoy día son inviables a la luz de la crisis sanitaria y económica que vivimos los panameños. El Pueblo panameño tiene que mirar con ojos de profunda preocupación, como se está manejando este tema que, en modo alguno, debe servir para satisfacer propósitos clientelares y exponer y liquidar la gallina de los huevos de oro de la economía del pueblo panameño.

La Socióloga, Aida Torres, presidenta de la Asociación de Comunidades del Área del Canal, (ACAC), El Arquitecto Gerónimo Espitia, La Arquitecta Denia Araúz, la Economista y empresaria, Rocío de Carneiro, La socióloga Amelia Sanjur, La Arquitecta Laura Candanedo, El Economista José Dominador Jiménez, y muchos otros miembros distinguidos de la ACAC, están convocando al pueblo panameño para que estemos alertas a fin de evitar las acciones y pretensiones perniciosas de estos sectores que, dé al traste, en medio de esta crisis, en contra del principal patrimonio nacional.

Si estos sectores llegaran a prosperar, sería afilar el cuchillo para meterle una puñalada trapera a la Operación del Canal, que depende esencialmente del mantenimiento y en todo caso ampliación de la cuenca del Canal y no de su reducción irresponsable. Por algo, desde que traspasó en 1982, gran parte del territorio del Canal, se adoptó una Ley, que luego se rescata en el artículo 315 de la Constitución Vigente: “El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña; permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones y su uso estará sujeto a los requisitos y condiciones que establezcan esta Constitución, la ley y su Administración”. Por lo cual esta pretensión insistente de echarle manos al Canal y a los bienes revertidos, resulta claramente contradictorio con ese artículo de la Constitución y terminaría siendo un gigantesco dislate y despropósito.

El Canal de Panamá, solo puede operar a cabalidad y prestar el importante servicio al comercio mundial, si la cuenca del Canal tributa el volumen de agua necesario. En los últimos treinta dos años, es cada vez más es evidente que, el agua se ha convertido en un desafío. Cualquier intento por despojar al pueblo de su principal bien patrimonial, pone en serio riesgo la operación del Canal y su consecuente impacto económico en nuestra economía, precisamente en medio de la actual y dramática coyuntura histórica.

Recientemente, el municipio capital a través de su alcalde, ha desatado una persecución política y jurídica contra la presidenta de ACAC, Licenciada Aida Torres, precisamente porque ella es una de las personalidades fundamentales en la lucha contra los intentos que llevan adelante estos sectores para violentar la Ley 21 de 1997, que es la norma que les impide el que se apropien del principal bien del pueblo.

El pueblo panameño debe estar alerta contra quienes se están apropiando privadamente de parques y otros sitios de uso público que, están protegido por la Constitución Nacional y por la Ley, así como Amador y todas las islas de Naos, Perico y Flamenco que cada día se la apropian perversos y se le niega al pueblo panameño el uso y el disfrute de esos bienes que costaron la sangre generosa de nuestros mártires y el sacrificio de todo el pueblo panameño.

«Vamos a hacer de esa parte de la geografía nacional que hoy incorporamos a la soberanía, el uso más colectivo posible. El pueblo tiene el derecho de disfrutar del esfuerzo de su lucha» General Omar Torrijos Herrera

¡Así de sencilla es la cosa!

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