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La marcha rebelde del desacato.|


Por: José Dídimo Escobar Samaniego

No tengo duda acerca del acertado hecho cuando en 1972, se buscó una representación auténtica y profunda de pueblo a través de los 505 representantes de la unidad política llamadas corregimientos, denominado el poder popular.

Eran gente noble y decente que eran líderes naturales en cada comunidad del país y que hacían toda la labor con sus Juntas Comunales, además de haber sido los constituyentes de la actual constitución vigente, sin cobrar salario alguno.

Años después se les dispensó un irrisorio salario de trescientos balboas, y en 1982 ese salario subió a quinientos balboas. Todo ese tiempo, esos representantes y las Juntas Comunales y locales se escogían por votación popular y todo era transparente. Pero cuando murió Torrijos, la ambición política de sus detractores terminó por desprestigiar ese mecanismo único de representación y en las reformas constitucionales de 1983, se le dio una estocada al poder popular.

Después de la Invasión de 1989, se pervirtió y trató de prostituirse el poder popular a través de la corrupción y desde el 2009, los municipios y juntas comunales fueron escenarios en donde se manejaron desvíos de, multimillonarios fondos chuecos, para el uso del clientelismo político, destruyendo de manera cruel la legitimidad política de los gobiernos locales, pringados desde entonces, igual que el gobierno central en la rampante corrupción.

De todos esos lugares de las Juntas Comunales como Playa Leona, alcaldía de Río de Jesús, y otros célebres lugares, recordamos el manejo inescrupuloso de muchos millones de balboas de las partidas circuitales y que, se dilapidaron en el clientelismo que atentó y atenta contra la dignidad humana, mientras que al día de hoy no hay nadie que esté preso o haya tenido que restituir al erario público, lo que era nuestro patrimonio público.

Por supuesto que, compartimos la idea central de la descentralización del poder público, pero tal propósito no puede ser pretexto para generar un amparo a la falta de control de los bienes públicos por el pueblo y más aún, pretender quitarle al pueblo el derecho de ejercer ante todos los funcionarios por elección, el poder revocatorio cuando en sus ejercicios no se ajusten al mandato que expresamente se les entregó y que no los habilita para hacer lo que les venga en gana y excederse, sino estrictamente lo que la Ley establece y la moral obliga.

Quienes convocan a los representantes del poder popular supuestamente para su defensa, están encerrados en un dilema triste, de movilizarse esta semana, para enfrentarse en un inusitado acto de rebeldía y claro desacato, contra el pueblo que dicen representar, porque no son ellos los mandantes, sino solo los mandatarios que, deben cumplir fielmente la orden de sus mandatarios y no al revés y porque no pueden evitar de lograr un resultado, el cual es la cohonestación de los actos del que verdaderamente vienen a apoyar, quien está sometido al proceso revocatorio, pretendiendo intimidar irracionalmente a quien les otorgó el mandato.

Si existe un valor democrático inestimable, este es el poder revocatorio que, es la manera en que, la soberanía popular siempre este inhiesta y vigente como debe de ser en una democracia que se precie de tal.

La única manera de fortalecer al poder popular es transparentando todos sus actos, eligiendo a los mejores y no por lo que inescrupulosamente repartan, asimismo las juntas comunales y locales deben ser constituidas a través de elecciones directas del pueblo, manejar todos los recursos con absoluta probidad y rendirle cuentas a cada comunidad como debe ser.

¡Así de sencilla es la cosa!

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