El engendro de las tinieblas, ese es el fruto de los que suprimen las libertades y ordenan la suspensión de las garantías constitucionales para darle rienda suelta a sus instintos salvajes de destrozar vidas y honra de los panameños.
Por Ramiro Guerra.
Abogado Y Cientista Político.
La decisión del régimen, de suspender las garantías fundamentales, en la provincia de Bocas del Toro, pecó de exabruptos que violaban el texto constitucional, en lo que concierne a la acción del Habeas Corpus. Error que corrigieron, pero no los exime, en el decreto de gabinete que extendió la suspensión de garantías por cinco días adicionales.
La medida de bloquear toda comunicación de la provincia de Bocas del Toro, con el resto del país, llevaba implícitas varias violaciones al texto constitucional.
A los bocatoreños, se le suspendió criminalmente su derecho de contactar a familiares, lo mismo que tener acceso a los medios de comunicación (internet, wasap).
¿Que intenciones tenía esa medida? Poco o ninguna veces se había adoptado una medida como la citada. Toda la provincia se vio afectada.
El comercio, la actividad terrestre (transporte, y toda la población, electricidad).
¿Cual era la motivación de tan burda, salvaje y excesiva medida?, en el marco de la suspensión de garantías fundamentales.
Conjetura tal ves, a diario salen a flote y a la luz, la brutal represión y con ella, violaciones inenarrables a los derechos humanos. La dignidad e integridad humana, fue salvajemente violada, aprovechándose de la oscuridad y la incomunicación. De manera salvaje, ciudadanos fueron arrestado dentro sus viviendas y muchas de ellas además de las golpizas, el destrozo de sus enseres.
Pareciera que la orden fue, la de bocatoreño visto, bocatoreño arrestado y hasta desaparecido.
Las imágenes que gracias a la tecnología, a diario salen a la luz pública, producen indignación por la crueldad con que fueron tratados los detenidos.
En esos días de suspensión de las garantías fundamentales, en Bocas del Toro, reinó el orden a base de escopetas y pistolas.
El país está pendiente de que el ministerio público haga su trabajo; se presume personas asesinadas, encontradas dentro las plantaciones de banano. El presidente de las aldeas infantiles y la defensoría del pueblo, sus investigaciones dan cuenta del exceso y brutal represión.
El empresariado y sus organizaciones guardan silencio. Son cómplices de estas atrocidades y hasta justifican la vileza con que actuaron las fuerzas de seguridad.
Desde el inicio de la lucha contra la ley 462, estos clanes de la oligarquía, pedían a grito que, el gobierno adoptara medidas como las denunciadas. (inhumanas)
La cantidad de heridos es grande. No olvidemos que en todo el territorio , verbigracia Arimae en el Darién, fue duramente reprimido con un odio que puede explicar los grados de violencia ejercido por los fronterizos.
Aeronaves volando sobre comunidades, sobre todo de los originarios, le arrojaban bombas lacrimógenas. Las madres salían de sus viviendas con sus hijos, afectados por los gases lacrimógenos.
Como bien lo señaló el Dr. Silvio Guerra, codificador y penalista, las suspensión de las garantías, no son una patente de corso, para hacer y deshacer en lo que concierne a los derechos humanos, en el sentido, de violarlos salvajemente.
Es importante señalar que, los delitos relativos a la violación de los derechos humanos, no prescriben. No cabe impunidad alguna. La justicia a veces tarda pero llega.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
