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No podemos hacer negocio con la tragedia de los más débiles compatriotas.|

Los panameños siempre nos hemos caracterizado por ser gente buena, y altamente sensible y solidaria. Es difícil entender entonces que existan personas y hasta funcionarios que, atendiendo su amor al dinero, se olviden de estos valores y medren con la tragedia que a todos nos ha tocado vivir, especialmente de gente humilde, de la campiña y de los insulares nuestros.

El asunto es mucho más grave si, quienes han tenido que ver con ese lúgubre negocio, son funcionarios públicos que tienen el deber legal de procurar no solo la salud de las personas, y por lo cual reciben una generosa paga, sino que el sonido de sus cajas registradoras, los hagan ensordecidos e insensibles al clamor y dolor de nuestros compatriotas, en un acto de pérfida deslealtad que deshonra la institución a la que el Estado panameño le asigna la función de la salud pública.

Se les debe respetar el debido proceso a los imputados, pero resueltas las instancias de investigación y, existiendo el caudal probatorio suficiente que permita la convicción del juez, se imponga la pena ejemplar, porque lo establece el artículo 50 de nuestra Constitución Política, que el interés privado deberá ceder siempre al interés público o social, como norma general y quien es servidor público no puede agenciarse para prestar al Estado que representa, bienes y servicios, porque se convierte en Juez y parte y transgrede disposiciones legales y sobre todo, principios de ética elemental.

¡Así de sencilla es la cosa!

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