La extracción de oro en esa región del país, adquiere mayor relevancia ahora que el sistema financiero mundial basado en el dólar, acusa serios agujeros y las personas recurren a asegurar sus inversiones prefiriendo al oro y al cobre que se han revalorizado en forma sostenida en los últimos años.
La única posibilidad que verdaderamente el país pueda seguir permitiendo la extracción de esas minas, sería si el Estado actúa como socio en condiciones de igualdad en los beneficios y con acceso a control y auditoría de toda la actividad en general. Si no se contempla condición como la estipulada, entonces el país debe cerrar la actividad porque no estaríamos protegiendo el futuro de los panameños, sino permitiendo dolosamente otro atraco, del cual no habrá regeneración posible.
El Estado está en la obligación y especialmente la comisión que se asignó para tal efecto, de dar al país un informe de sus resultados y actuar en consecuencia y no seguir permitiendo que se siga extrayendo mineral y exportarlo dentro de la ilegalidad, tal como está ocurriendo en la actualidad.
La empresa minera, de una forma grosera patrocina cuanta actividad exista en el país, en una amplia campaña de imagen, mientras que le ha regateado por demasiado tiempo los derechos del país a ser tratado con dignidad y respeto.
¡Así de sencilla es la cosa!
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