«La educación no puede ser tratada como una mercancía»
Juan Jované
Pese a que la cúpula empresarial, con sus conocidas retóricas demagógicas, han insistido desde hace ya bastante tiempo en la prioridad de la educación como eje central del progreso, lo cierto es que su gobierno, encabezado por el señor Mulino, con la participación del señor Chapman y la señora Molinar, parecen decididos a arruinar la educación oficial pública.
Es así que, no solo es cierto que, de acuerdo a la información contenida en el artículo titulado Recortes millonarios y muertes sin respuesta: el abandono del Estado a la educación pública, publicado en La Estrella de Panamá, el 22 de septiembre, el actual gobierno apenas ha logrado en lo que va del año un gasto en educación igual al 1.8% del PIB. Esto hace prácticamente imposible que se logre cumplir con el presupuesto asignado equivalente al 7.0% del PIB que exige la Ley vigente (B/ 5,380 millones).
Gran parte de esta subejecución, pese a la notoria carecía de infraestructuras adecuadas para la educación, se refleja en la incapacidad demostrada por el MEDUCA de ejecutar su presupuesto de inversiones. Es así que, para ilustrar la situación se puede señalar que esta institución apenas ha logrado ejecutar el 37.9% de su presupuesto de inversión.
Pese a esta situación que, sin duda profundiza la crisis de la educación panameña, en el presupuesto presentado a la asamblea por el señor Chapman, en lugar de asignar el 7.0% del PIB a la educación pública, que significaría un monto de B/ 6,417.2 millones (usando la proyección del FMI del PIB 2025), contiene una drástica reducción del presupuesto de 2026 para la educación.
Todo esto lleva a una pregunta fundamental: ¿Cuáles son las causas que impulsan al actual gobierno a negarle los necesarios recursos a la educación oficial pública? Es posible pensar en varias respuestas.
Se puede pensar que la causa más inmediata que lleva al gobierno de turno a impactar financieramente la educación es su interés de cumplir con los requisitos de compactación fiscal, impuestos por los organismos financieros internacionales, el capital financiero globalizado y los sectores económicamente dominantes locales. Sin embargo, esta no parece ser la única razón, lo que lleva a pensar en algunos factores estructurales.
Es conocido el hecho que la ideología neoliberal, que es la base del gobierno de la empresa privada que hoy sufre el país, en realidad no acepta la idea de derechos universales, que deban ser proveídos de manera suficiente por el Estado a todos los ciudadanos. La idea de una desigualdad es concomitante a esa ideología. Es así, por ejemplo, que F. A. Hayek, en su libro Constitución de la Libertad, afirma que “tan ventajoso es para la comunidad que al menos algunos niños puedan iniciar su carrera en vida con las ventajas que solo las casas ricas pueden ofrecer… “.
Detrás de esta envoltura ideológica se esconde la idea de que la educación puede ser tratada como una mercancía, cuya generación abre un campo a las ganancias privadas y la acumulación de capitales. Esto ya sea directamente por el colapso del sistema educativo oficial – público, inducido por la falta de financiamiento, o indirectamente por la implantación del sistema de las escuelas subrogadas, propuesto por Milton Friedman.
A todo esto, se suma el objetivo de los sectores económicamente poderosos de lograr un sistema educativo segmentado, con una educación para las elites dominantes y otro para los sectores subalternos. Este objetivo busca, además, hacer pasivos social y políticamente a estos sectores subalternos, se trata de un elemento destinado a asegurar la hegemonía del bloque dominante.
En este contexto las acciones guiadas a lograr un presupuesto decente para la educación, se debe enmarcar en la lucha contra la política de choque del gobierno de turno, esto es hermanada a la lucha por la afirmación de la soberanía nacional, por un seguro social solidario, contra la minería metálica a cielo abierto y contra la desposesión de los pobladores de Rio Indio. Se trata de construir un futuro independiente con democracia, justicia social y sostenibilidad ambiental.