La Gigantesca Evasión de los sectores económicos más poderosos, alcanza una suma anual total de B/. 10,864.4 millones (13.1% del PIB), siendo un verdadero atraco y cuyo déficit tendrá que pagarlo el pueblo y especialmente los más pobres.
Juan Jované
Dada la muy significativa apertura económica y financiera de la economía panameña, resulta evidente que la evaluación de cualquier política económica debe hacerse teniendo en cuenta el contexto internacional en que la misma se hace. Es así que la valoración del Presupuesto General del Estado Para la Vigencia 2026, pasa por tener clara la situación económica a nivel global. Esta, obviamente, no muestra una tendencia especialmente expansiva.
Solo con el fin de dar un ejemplo de los pronósticos, se puede señalar que la reciente publicación del FMI, titulada World Economic Outlook (Octuber, 2025), destaca que “persisten graves dudas acerca de la estabilidad y la trayectoria de la economía mundial.” De acuerdo a esto, tomando en cuenta los factores desatados por la política de Trump, agrega que: “las economías, las instituciones y los mercados del mundo han ido adaptándose a un panorama caracterizado por el aumento de proteccionismo y una mayor fragmentación, con sombrías perspectivas de crecimiento a mediano plazo que exigen una recalibración de las políticas macroeconómicas.”
Mas allá de lo anterior, dada la relación entre la economía panameña y la norteamericana, también resulta útil destacar que Paul Krugman (Premio Nobel de Economía 2008), en un reciente artículo publicado bajo el título The U.S. Economy is in Worse Shape Than it Looks, llama la atención sobre el práctico estancamiento de la economía de Estados Unidos. Este autor argumenta con hechos que la misma aún no ha caído en situación recesiva, gracias a la inversión en centros de datos con inteligencia artificial. Incluso se ha comentado que esta inversión puede ser en realidad una burbuja, la que explotaría en algún momento.
A ello se deberá añadir que la política errática de Trump con respecto a los aranceles, no solo genera una incertidumbre global que impacta negativamente la inversión, sino que también genera una inflación que ya aparece claramente a nivel de las estadísticas. El último informe del U. S. Bureu of Labor Statistics, referente al mes de septiembre de 2025, se establece que el crecimiento anual del índice de precios al consumidor de Estados Unidos creció en 3.0% en el último año, cifra alejada de la meta de la Reserva Federal (2.0%). Esto amenaza con una situación de estanflación.
De lo anterior se desprende que el contexto internacional en que se deberá desenvolver la economía panameña en el 2025 no apunta hacia el auge, sino hacia la recesión, por lo menos hacia el estancamiento con inflación. Incluso el Outlook del FMI antes citado, señala la posible afectación a las cadenas de valor internacional, lo cual sería un resultado negativo importante para nuestra economía.
La consulta a cualquier texto de principios de economía llamaría la atención que, en las condiciones antes descritas, que apuntan hacia la baja, el Estado debería llevar a cabo una política económica anticíclica, en la que el gasto público se utilizaría para sostener la demanda efectiva, la actividad económica y el empleo.
En lugar de esto, el señor Chapman ha propuesto, con la complacencia del Conep, el Ejecutivo y la mayoría de la Asamblea, una política procíclica, de contención y reducción significativa del gasto público. Se trata, entonces de una política procíclica, que daña los intereses de las grandes mayorías de la población, quienes dependen de lograr un empleo, así como de la cantidad y calidad de los servicios públicos.
Los argumentos del señor Chapman, genuino representante de los intereses de los sectores económicamente dominantes del país, destinadas a justificar su propuesta presupuestaria se sostienen en narrativas construidos sobre falacias.
En primer lugar, el señor Chapman, argumenta que la contracción del gasto público es inevitable, debido a la insostenible situación deficitaria fiscal, que estaría amenazando con la pérdida del grado de inversión, la cual perjudicaría los intereses del capital financiero local.
Chapman, olvida, de manera muy conveniente para el sector social que representa, que el balance presupuestario se puede lograr no solo reduciendo el nivel del gasto, también se puede alcanzar incrementado los ingresos. Este último camino, sin incrementar las tasas impositivas, lleva a la necesidad de reducir significativamente la evasión y elusión tributaria de la empresa privada. La magnitud de la misma, según las últimas estadísticas disponibles de la DGI, alcanzan a una suma anual total de B/. 10,864.4 millones (13.1% del PIB). Se trata, obviamente, de un camino que el actual gobierno es incapaz de seguir.
Un segundo argumento que utiliza el señor Chapman, que se evidencia muy claramente en el caso del ITSE, se basa en el bajo nivel de ejecución del presupuesto por parte de los aparatos estatales. Esto lo hace acusando a los administradores de los mismos de incapacidad, sin ofrecer otras posibles explicaciones, como puede ser su propia política de contención del gasto.
Lo que evita en este caso el sr. Chapman es que, si su argumento fuera cierto, entonces la solución no se encontraría en negarle recursos a los gastos necesarios para la atención de la población y el desarrollo sostenible. La misma se encontraría en admitir el fracaso del actual gobierno del señor Mulino y el cambio inmediato de sus administradores.
En realidad, a nuestro juicio, el presupuesto Mulino – Chapman busca una forma de equilibrio fiscal que no implique sacrificio para los sectores económicamente dominantes. El esfuerzo, consecuentemente lo debe cargar la población. Esto explica la distorsión que significa el enorme presupuesto de los aparatos represivos que hacen parte del Ministerio de Seguridad.