Recientemente, un grupo de empresarios cohonestadores de la corrupción han halado la cuerda mentirosa de la seguridad jurídica a los efectos de proteger a los avivatos de la empresa Kansas City, que maquino toda clase de movidas y chanchullos, para que el pasado gobierno le otorgara, sin tener derecho ello, una extensión automática de la concesión sobre el ferrocarril de Panamá, misma que, es ostensiblemente leonina y dañosa a los intereses del país, y además huérfana de todo derecho y de amparo jurídico.
El Estado panameño, en la concesión que por 25 años explotó la empresa Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC, tuvo ganancias por más de 3,500 millones de dólares en ese periodo, mientras que Panamá no llegó a recibir, en ese periodo, la suma de 50 millones de balboas, lo que representa 1.75 % de las ganancias y a ello hay que restarle 40 millones que Panamá tuvo que indemnizar a la empresa por un traslape, además, de que el estado Panameño tuvo que pagar cerca de 35 millones de dólares en alquiler de instalaciones a la empresa, lo cual hace un total de egresos del estado de más 75 millones, que cuando restamos los ingresos quedamos en pérdidas por más de 25 millones en 25 años, es decir perdimos un millón de balboas por años. Si a ello restamos el valor del dinero presente de lo que tuvimos que pagar y la taza de inflación que, aunque baja, también cuenta, la suma de pérdida del estado en esta transacción de prorrogar el contrato, en los mismos términos que el contrato de concesión leonino anterior, representa una exposición criminal de los intereses del país en favor de una empresa tracalera que viola el sentido más elemental de justicia con el país que es propietario de los bienes del Ferrocarril.
De conformidad con el contrato anterior, la empresa tenía la obligación de traspasar a Panamá todas las instalaciones y el equipo que utilizó y por lo cual pudo hacer el negocio para su propio beneficio. Sin embargo, en una maniobra mafiosa, se apropia de los bienes de la república de Panamá y los vende a una empresa canadiense, como si fueran de su propiedad y vende también la concesión que en forma ilegal, y arbitraria, es decir, contra la ley, se le extendió a la anterior empresa concesionaria por parte de autoridades que, en ese momento traicionaron los intereses nacionales de forma cruel, por lo que son autores de acciones que transgreden el código penal patrio.
En el año 1981, hace 44 años, dirigí una brigada de la Federación de Estudiantes de Panamá, que hicimos un recorrido por la línea del Ferrocarril y cruzamos de la ciudad de Panamá hasta Colón. En ese proyecto hicimos un campamento en Frijoles, varios kilómetros al norte de Gamboa y donde llegaban muchos científicos que desarrollaban estudios científicos en la isla de Barro Colorado. Allí, en ese lugar, vivía un obrero del Canal que era patriota, es decir, de los nuestros. El propósito de esa jornada era un reconocimiento de toda la línea férrea en el objetivo de prepararnos para que Estados Unidos de Norteamérica, cumpliera al pie de la letra con lo que se había firmado en los tratados del Canal de 1977 y, además, por el valor histórico del ferrocarril en la vida de Panamá que fue la primera vía férrea que unía los dos grandes océanos, desde 1855.
En el año 1998 el ferrocarril de Panamá se le concesionó a la empresa Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC. En ese contrato extremadamente leonino que, ya cumplió 25 años de existencia, Panamá empezó perdiendo hasta el modo de caminar, como ya hemos escrito, porque la compañía reclamó un traslape que se había cometido en Colón con los terrenos de los puertos de Cristóbal y Coco Solo, responsabilidad de la Autoridad Portuaria de esa época, además de un crédito de cuarenta millones de balboas que conforme el contrato se le otorgó a la empresa para que con nuestro dinero hiciera una serie de rellenos e inversiones.
En ese entonces la carga por contenedores que se manejaba en los puertos panameños era de solo 800 mil contenedores al año. Hoy se manejan más de 10 millones de contenedores anuales.
El negocio multimillonario para la compañía ha sido de maravilla, sin embargo, para Panamá no ha sido similar historia.
Lo que era un recurso que el Estado deliberadamente nunca quiso potenciar, ahora significó altas utilidades a la empresa, pero los que vivimos dentro del área revertida, perdimos el derecho de uso de la Avenida Gaillard, Diablo Road, que comunicaba Balboa con Alto de Jesús o Diablo Heights y Cárdenas. El Estado tuvo que construir a su costo, la carretera alterna que va contigua al aeropuerto de Albrook y la rotonda, y Los Ríos. Se perdieron los 11 campos de juego de Balboa, solo para mencionar algunos casos insólitos de la concesión en los que el Estado entregó a la empresa sin recibir beneficio alguno.
En ese contrato, el Estado se amputa la posibilidad de construir otra línea férrea por la duración del contrato que debió terminar en febrero del 2023, pero todo se maneja con opacidad y hasta oscuridad absoluta. En la actualidad la república de Costa Rica y México tienen en servicio o desarrollan un Canal seco constitutivo de un viaducto y líneas de tren que pretende competir con Panamá, y como el contrato nos limita como Estado, no podemos hacerle frente a este desafío, siendo que deberíamos desarrollar otra línea férrea por el lado oeste del Canal que comunique a la Zona Panamá Pacífico con Zona Libre y los puertos de Colón y entonces tendría sentido construir un puerto en el área de Farfán y Palo Seco tal como recomendaron los expertos originalmente y no como caprichosamente algunos avivatos quisieron imponernos el puerto de Corozal. El proyecto tico costaría arriba de cinco mil millones de balboas para un recorrido de cerca de trescientos kilómetros, mientras que en Panamá solo se trata de menos de 80 kilómetros y el de México más caro y ya lo tienen listo.
Panamá tiene el deber de estar a la altura de su responsabilidad histórica y utilizar todo el potencial de servicios que tenemos y poner esos recursos a disposición de la satisfacción de las necesidades del pueblo panameño, quien es el dueño de esos bienes.
Esa concesión leonina cesó por muerte natural, pero no hay nada que podamos hacer para que la sociedad panameña reciba en justicia lo que le corresponde por lo que, ya es hora de que empecemos a prepararnos para recuperar dinámicamente al ferrocarril y los puertos y ponerlos al servicio de los panameños con alta eficiencia, así como lo hace el Estado de Singapur o lo hace China y otros.
Ese leonino contrato no tiene ninguna cláusula que le dé sustento alguno a su prolongación automática, sin embargo, en una desidia y negligencia mayúscula, El estado por medio de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), otorgó hace más de dos años la continuidad automática y con los mismos términos limitantes y altamente onerosos para el país, que obligan a establecer una comisión especial de investigación, porque nadie puede actuar contra la sociedad y el estado y no asumir las debidas responsabilidades.
Hasta ahora el ferrocarril, han estado exonerados de impuestos, y no aportan al desarrollo del país, sino que, en esa relación insustentable, el país pierde cada día y los beneficios solo caminan por una sola dirección que no es precisamente, el pueblo panameño.
Recientemente, la empresa Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC., una vez renovada de manera oscura la concesión, sabiendo ,uy bien su origen, procedió a venderla, en una suma multimillonaria, es decir, haciendo un gran negocio con los bienes patrimoniales del Estado panameño y sin que el país pueda aprovechar para su beneficio lo que le pertenece. Este tema los profundizaremos en un próximo artículo en donde despejaremos las interioridades de este nuevo atraco y estafa al pueblo panameño, el que se está consumando con la aquiescencia de las autoridades que, están para todo, menos para resguardar y proteger nuestro patrimonio nacional.
La concesión, dada su ausencia de legalidad y siendo contraria al interés nacional, no solo tiene que revisarse, sino que el estado está obligado a reposeerla y desarrollar el negocio, además que debe ser declarado la ilegalidad de cualquier transacción que se haya realizado en detrimento del interés de todos los panameños que tenemos derecho a que los bienes patrimoniales de todos reviertan en beneficios y no pérdidas a todos los panameños.
Ya para concluir, la Contraloría General debe cumplir su función constitucional y legal, culminar las respectivas auditorías que sirvan como evidencia de los delitos realizados por altos funcionarios del gobierno anterior y por supuesto también los directores o representantes del ferrocarril y que les caiga todo el peso de la Ley, porque no puede quedar impune el daño que se le ha inferido a la república y al patrimonio de todos.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
