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La circunstancia política, partidos y movimientos políticos en post-pandemia 2.|


Por: Gonzalo Delgado Quintero

En nuestro país hay en este momento una pugna iniciada por los sectores más recalcitrantes, provocada principalmente por grupos de la ultraderecha radical, que de manera militante tratan por un lado de excluir al movimiento popular organizado y por el otro, desacreditar a las estructuras formales existentes, muy particularmente a los partidos políticos.

Este grupo ultraderechista a fuerza de desacreditar con sin razón a los partidos políticos y a sus miembros más destacados, busca disputarse en una sola contienda, la posibilidad de hacerse del control del poder absoluto, con una visión calculada para las elecciones del año 2024. Su punta de lanza, como lo han hecho grupos de iguales características en otros países, es la denuncia constante de la corrupción ocurra o no ocurra. Nunca de cambios estructurales profundos.

Vienen orquestando y promoviendo una especie de contienda suave, bajo valores seudo éticos  y un civismo almidonado, cuyos protagonistas son estos grupos de la ultraderecha que se han venido organizando en los movimientos autoproclamados independientes tipo MOVIN y otros sectores de centro derecha que mantienen incluso, presencia en estructuras del Estado. O sea que comen de la pera y hablan mal de ella.

En este escenario, estos encopetados hacen convocatorias populares; sin embargo, el pueblo está  expectante, tiene dudas razonables no de la necesidad de realizar el movimiento social y la protesta, sino de quienes convocan. Estos sectores de la derecha radical siguen tratando de confundir al pueblo, pero no lo han podido lograr, a pesar de sus capacidades económicas, de tener los medios de comunicación en sus manos y de ser ellos, los dueños de los medios de producción.

Pero al margen de toda esa capacidad de la derecha, los sectores populares, grupos comunitarios, sindicatos, gremios, asociaciones, sectores de izquierda y del pueblo en general comienzan a tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, el 22 de septiembre, los trabajadores organizados  convocaron a una gran marcha, cuyo objetivo principal fue por la defensa de la Caja de Seguro Social, en el entendimiento de la grave crisis que hoy sacude la principal institución del pueblo y que es necesario defenderla de sus detractores. El Gobierno y el PRD, no pueden quedar ahora, como los que produjeron la situación ambivalente parecida a la que  concluyó en el sistema de seguridad social en el 2005 que no es al final, con defensas baladíes, como realmente se puede resolver este asunto.

La pandemia de la Covid-19 puso al descubierto y profundizó la crisis institucional existente en el país, que ha sido ampliamente denunciada por trabajadores, estudiantes, gremios, sindicatos y muchas otras fuerzas vivas. Dicha crisis institucional tiene su raíz en el agotamiento del modelo político-económico instaurado tras la invasión de Estados Unidos (EE. UU) en 1989 y sorteada por el Gobierno de Laurentino Cortizo, que apostó por espacios de diálogo que en principio se propuso de muy buena fe, pero que en el transcurso de su desarrollo, el egoísmo y el poco entendimiento de la profundidad de los temas y sus posibles repercusiones, volvió ese esfuerzo  ilegítimo, por la exclusión de importantes sectores de la población, sobre todo, de una importante representación de los trabajadores.

En este punto se produce una bifurcación de las  fuerzas políticas, unas en el apoyo al “Pacto del Bicentenario: cerrando brechas” impulsado por el Gobierno de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otras, en la demanda de una constituyente originaria que pueda refundar los cimientos del sistema político panameño.

Igualmente, lo mismo ocurre en otro tema. Esas mismas fuerzas, unas promoviendo las reformas de la seguridad social en el diálogo y las otras desde ya, rechazando tales conclusiones y demandando a su vez, respuestas a sus propias propuestas sobre la CSS elevadas desde hace meses al Ejecutivo sobre el destino final de esta institución y otros temas, que muy bien fueron abordados en el XX Congreso de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP).

Estamos en varias crisis a la vez y de carácter multifactorial.  Por ejemplo la crisis institucional en Panamá es de larga data. Pero se profundizó a raíz de la imposición del modelo político-económico que se instauró en Panamá tras la invasión de EU en diciembre de 1989.

Y lo peor es que se impuso por conveniencia de algunos grupos del poder económico, un régimen corresponde a una democracia chueca y bajo el  modelo neoliberal que solo observa el interés pujante del crecimiento económico en las Ciudades de Panamá y la Zona Libre de Colón, pero que no ha permeado al resto del país. En esa circunstancia a pesar de lo que se diga y además, siendo la panameña, una economía pujante, somos con gran pesar,  el sexto país más desigual en el mundo y el segundo en el continente americano, superado solo por Brasil.

Lo mismo pasó con las expectativas del Canal de Panamá cuya generación de riquezas  se quedó concentrada en pocas manos y en una pequeña franja territorial que se ve beneficiada directamente.

La situación era preocupante antes de la pandemia: De por sí, según datos recabados por especialistas, el 10 % de la población económicamente más solvente es hasta 37 veces mayor al 10 % más empobrecido, eso va empeorando;  la esperanza de vida de personas de Pueblos Originarios es hasta 11 años menor que el resto de la población, eso está empeorando; en 2019, se registraban más 1.200.000 personas sin hogar  y esa cantidad es un tercio de la población-;  históricamente se priorizó la inversión en infraestructura en detrimento de la inversión en educación y eso ahora es peor en ambas direcciones, nada para invertir en los dos temas;  cada 2 de 10 personas panameñas pertenecen a la economía informal, logrando la tasa de informalidad más alta del continente, eso creció más con la pandemia y poco es el retorno a la formalidad, lo que infiere directa y negativamente sobre la seguridad social. Datos recuperado de: (https://www.celag.org/panama-crisis-politica-y-la-constituyente-originaria/)

Otros análisis especializados apuntan en que lo referente al plano político-institucional, la crisis institucional se debe a una escasa posibilidad de participación política para la población empobrecida, la prohibición de sindicalización de sectores específicos -“libertades recortadas”; así como la coexistencia entre la Asamblea Nacional y el Poder Judicial que promueve la corrupción, justicia selectiva y niega el acceso a la justicia a Pueblos Originarios, mujeres y otros sectores vulnerables y solo atiende el favor hacia la clase política y del poder económico.

La afectación económica producida por la pandemia hizo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara un Instrumento de Financiamiento Rápido para que Gobierno panameño trabajara en revertir la balanza de pagos afectada por la pandemia del Covid-19.  Según se plantea, al gobierno no le queda de otra que recurrir a los préstamos y ello ha llevado al mayor endeudamiento del país.

Pero en la parte quizás más sensitiva  tenemos que cerca del 35 % de la población no cuenta con seguro social, mientras que del 65 % que está cubierto solamente el 30 % son personas aseguradas directamente. Para el 45 % de las mujeres no hay cobertura y casi un 30 % de ellas depende del seguro de su pareja, según los datos actuales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La pandemia radicalizó la discusión respecto a las reformas constitucionales y otros temas fundamentales que también sería parte de dichas discusiones.

Sigue…

El autor es periodista, escritor y analista

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