El silencio que antecede a la tormenta que provocaría la aprobación del proyecto minero

Por Gonzalo Delgado Quintero

Para no pasar agachado, mencionaré la minería. Seré corto. Además, mejores que yo en este tema, han expuesto magistralmente, solo es cuestión de buscar las exposiciones hechas en la Asamblea Nacional de Diputados. Han sido extraordinarias muchas de ellas, lo que me lleva a pensar que hay sobradas esperanzas en la buena defensa de la nación istmeña de largo aliento patriótico.

Estos expertos, en su mayoría panameños, muy bien informados y formados en diversas academias de prestigio mundial, han señalado todo tipo de violaciones e incongruencias del proyecto minero en discusión; pero antes, hubo la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el convenio de 1997 dado a Minera Petaquilla que es la misma First Quantum y que desde el 2017, sigue extrayendo los materiales preciosos y otros a pesar del limbo jurídico.

En Panamá, hasta los pequeños negocios informales están obligados a tener al menos un certificado del juez de paz. Esta empresa, nada. Porque ha seguido operando a lo vaquero, ilegalmente, lo que en nuestra lógica significa que cualquier extracción bajo esa circunstancia es hurto y hasta robo agravado porque amenazan, y lo peor es que a pesar del vacío jurídico, siguen sacando nuestro cobre, oro, plata, tierras raras, cascajo, piedra, arena y otros metales al margen de la ley.

Por tanto, según los expertos, lo que ahorita está sucediendo en la Asamblea Nacional, con la discusión del nuevo proyecto de Ley 1043 resulta garrafal. Dicen unos, iniciar de cero con una licitación; otros, irnos a un referéndum y los menos, cambiar una serie de cláusulas leoninas que vulneran un sinnúmero de aspectos legales y constitucionales.

Han explicado hasta la saciedad que muchas de las cláusulas de este proyecto violan nuestra soberanía; que se establecería un enclave; se daña el medio ambiente contaminando ríos, quebradas, suelos, bosques, fauna y demás; que de aprobarse, se pone en peligro la seguridad jurídica pero del propio país, sobre todo, si no se aclara o se cambia entre otras, la cláusula 46 en materia de contratación internacional y que por ahora, la supuesta demanda que le harían a Panamá por 50 mil millones, sería posible si ese proyecto ley es aprobado, porque le daría, entonces sí,  asidero jurídico en ese sentido, en el nuevo contrato.

Al aprobarse este proyecto tal y como está, Panamá estaría perdiendo la oportunidad de definir un buen contrato con alta rentabilidad impositiva, regalías y participaciones en igualdad de condiciones y ganancias, siendo socios. A la empresa, también se le otorgan actividades más allá del ámbito minero cuando puede desarrollar proyectos eléctricos, comerciales, suministro de agua, portuarias y aeroportuarias etcétera.

He observado a expertos como Felipe Argote, Roberto Ruiz Díaz, Luis Barría, Juan Jované, Raiza Banfield, Israel Gordón, Maribel Gordón y muchos más. Han actuado, a pesar de sus aspiraciones o líneas ideológicas y políticas, en su mayoría, con criterio altruista y patriótico. Además, todo el movimiento social y sindical, gremios de profesionales, estudiantes, docentes, funcionarios públicos, sectores políticos,  religiosos y el pueblo en general están prestos y determinados a la movilización y mucho cuidado, porque este espacio de tiempo, desde el último paro de hace un año y meses atrás, cuyo incendio lo provocó la chispa volátil del alto precio combustible, solo ha sido un impasse para la reagrupación de sus fuerzas. No caigan en el error de creer que se  diluyeron en un diálogo bypasseado.  Cuán equivocados estarían, porque no se ha cumplido nada, y los empresarios y más, los dueños de supermercados dispararon los precios, lo que elevó aún más el costo de vida.

Los expertos han hablado, no sé qué esperan para echar hacia atrás ese proyecto minero y comenzar de cero. Que el gobierno asuma, en tanto, la administración y que haga valer la soberanía sin precio ni duda. Finalizo en que también se han mencionado las altas coimas repartidas a casi todos los candidatos electorales a puestos electores en los próximos comicios de 2024, sobre todo, a diputados, y que a eso se debe la insistencia, porque están comprometidos, de aprobar un contrato leonino que nos empeñaría por los próximos 40 años.

El autor es periodista, escritor y analista

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