El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por Ramiro Guerra. Abogados y cientista político.
Que mejor referéndum que, el pueblo en las calles, rechazando el contrato firmado por el gobierno y la empresa First Quantum.
Inverosímil, esta empresa no ha tenido reparo en desafiar la jurisdicción del país y grave igual el comportamiento del gobierno que ha permitido semejante oprobio por parte de esa empresa. Pareciera que para First Quantum, en Panamá no existe el derecho y si existe para ellos no tiene eficacia alguna. Este contubernio empresa – gobierno, se ha llevado por la cerca el código penal, a pesar que han incurrido en la violación de varios delitos. Mas grave aún, el orden constitucional violado.
El fallo de la Corte suprema, su pleno, declaró inconstitucional el contrato de 1997 y en el fallo dejó claro que la minería a cielo abierto, atenta contra la biodiversidad del país.
Lo escribimos y lo reiteramos, el gobierno ha comprometido negativa y peligrosamente la frágil institucionalidad, arrastrando consigo a la contraloría, la Corte Suprema, al ministerio público y la asamblea nacional. Una suerte de complicidad forzada desde el poder del ejecutivo.
Este affaire está dando mucho que hablar tanto nacional como internacional. El daño causado al país, a la nación, no tiene forma de reparación y resarcimiento.
Cuento de asaltantes de camino, eso de que la inversión extranjera se verá afectada, si no se aprueba el contrato. Todo lo contrario, se enviaría un mensaje positivo al mundo, de que, en Panamá, se cumple la ley y que el filibusterismo de algunas transnacionales no tiene cabida.
Escuchar a funcionarios, decir que, tienen dudas con relación al contenido de ese contrato, pero que hay que aprobarlo, revela un cinismo inaudito, una conducta divorciada abiertamente de la Ley, un grave y desafiante, poco me importa con lo que el pueblo opine.
Así las cosas, la democracia es trasquilada por quienes juraron guardar la Constitución y la Ley.
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