El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por Rubén Castrejo Camarena
Han pasado más de dos meses desde que inició la huelga de los educadores panameños. Durante este tiempo, hemos sido testigos de una lucha firme, digna y valiente por parte de quienes, más allá de impartir clases, han salido a defender la dignidad del magisterio, el derecho a la seguridad social y el respeto a la institucionalidad democrática del país.
En lugar de tender puentes y buscar una salida dialogada, el gobierno ha optado por el camino más corto: el de la descalificación, el insulto y la represión. El presidente de la República ha calificado de maleantes, facinerosos y comunistas a los docentes que ejercen un derecho legítimo, reconocido por la Constitución y por el Código de Trabajo: el derecho a huelga.
Este derecho no es una concesión graciosa del Estado. Es una garantía constitucional consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Panamá. Es irrenunciable. No puede ser limitado por contrato, mucho menos anulado por capricho político. La huelga no es delito: es un instrumento legítimo de defensa colectiva, amparado en un Estado democrático.
Pese a ello, los estamentos de seguridad han respondido con brutalidad. ¿Es esa la forma de construir democracia? ¿Esa es la respuesta de un Estado que se dice de derecho frente a un gremio que educa, que forma ciudadanos y sostiene uno de los pilares fundamentales de la sociedad?
En este contexto, el actuar de la Ministra de Educación ha sido especialmente grave. No solo ha fallado en su rol de facilitadora del diálogo, sino que ha incurrido en posibles abusos de autoridad y extralimitación de funciones. Ordenar sanciones o suspensiones a docentes en huelga sin el debido proceso constituye un acto arbitrario, ilegal y sancionado por la legislación penal vigente.
Pero lo más preocupante ha sido su reciente decisión de nombrar nuevos docentes en reemplazo de los huelguistas, ignorando los procedimientos legales establecidos por la Ley 47 de 1946 (Ley Orgánica de Educación), modificada por la Ley 34 de 1995, y el Estatuto del Educador (Ley 1725 de 2001). Estas normas regulan claramente los mecanismos de contratación, los requisitos y el ingreso al sistema educativo público.
Saltarse esos procesos, bajo el argumento de «garantizar el derecho a la educación», no solo es un acto de oportunismo político. Es una acción ilegal, sin sustento jurídico, que viola derechos adquiridos, socava la carrera docente y abre una peligrosa puerta a la sustitución arbitraria y represiva como forma de castigo.
Gobernar no es violar la ley. El poder tiene límites, y ese límite es la ley. Cuando un gobierno los ignora, cruza una línea peligrosa: la del autoritarismo.
Panamá necesita funcionarios que entiendan que la autoridad debe ejercerse con responsabilidad y dentro del marco legal. Que el poder no está para castigar la disidencia ni para perseguir a quienes alzan la voz. Hoy más que nunca, el país necesita liderazgos éticos, capaces de rectificar, dialogar y reconocer sus errores.
Los docentes no están solos. Están acompañados por una sociedad que comienza a despertar. Porque cuando un gobierno insulta, reprime y atropella el derecho, lo que está en juego no es solo una huelga: es el Estado de derecho, la democracia y la dignidad de un país entero.
Sobre el autor:
Rubén Castrejo Camarena es periodista y abogado. Ha ejercido su vocación desde la comunicación crítica y el análisis jurídico, con enfoque en temas sociales, derechos humanos y democracia. Colabora frecuentemente en espacios de opinión nacional.
