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El dinero Sucio del Narcolavado….|

…un peligro real para la democracia y el Estado.


Por: José Dídimo Escobar Samaniego

HACE un año atrás, el Tribunal Electoral de Panamá envió para su discusión y aprobación, un paquete de reformas electorales, aprobadas inicialmente en la Comisión de Reformas Electorales, que tuvo la oportunidad de poder tomar medidas puntuales en su propuesta que dieran credibilidad y blindan la pureza del sufragio, pero sucumbieron ante quienes quieren insistir en que las elecciones sean un parapeto y por ejemplo el clientelismo sigue campante y reinante cuando el mismo constituye la ofensa más profunda a la dignidad de los ciudadanos y termina por envilecer e invalidar el proceso electoral como una vía transparente para el ejercicio del poder público.

Tampoco se atrevió la Comisión de Reformas ponerle un alto al financiamiento privado de los candidatos, a pesar de que el Estado sufraga casi todos los gastos electorales en los que incurren los candidatos y los partidos políticos y hasta los independientes que resultan electos.

El financiamiento privado a los candidatos termina con que, los candidatos que surgen victoriosos, no responden al pueblo que los eligió, sino a los sectores que los financiaron, pagando con su representación el favor recibido en la campaña, desvirtuando así, la muy endeble democracia que trata de hacer pasar como bueno, toda una serie de vicios electorales que, en cualquier país democrático serio, son simplemente inaceptables.

Tal es el caso que candidatos que han repetido por 8 veces como candidatos, han realizado sus campañas con dinero oscuro o con plata y bienes del Estado.

Pero el tema más peligroso que, cada día hace mayor crisis, es el financiamiento de los candidatos por sectores económico vinculados al narcotráfico y al blanqueo de capitales. Para ejemplo, un botón de lo que sucede en la actualidad. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido el centro de una investigación judicial en EE.UU., que siguió con un proceso penal en el Estado de California y Nueva York, su hermano condenado a cadena perpetua, y ahora él, detenido en Honduras, espera un proceso de extradición, solicitado por autoridades judiciales de EE.UU.

Según documentos judiciales presentados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tanto Hernández como otros «funcionarios de alto rango» están fueron investigados por las autoridades, según reconocieron fiscales estadounidenses durante el desarrollo del caso del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.

Se conoce que, Hernández está señalado por fiscales del país norteamericano de supuestamente proteger a Fuentes Ramírez a cambio de altas coimas.

Controlando el poder desde Tegucigalpa, aseguran los investigadores que, el exmandatario «aceptó millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas y, a cambio, brindó a los narcotraficantes protección». En la campaña electoral que ganó, gracias a un inmenso Fraude, que la República de Panamá no se dignó en rechazar, como ocurrió cuando no era cierto en Bolivia o los reparos que tiene sobre el gobierno venezolano que, nos hace todavía reconocer a un gobierno que no existe por instrucciones de Washington.

Estas acusaciones sobre el presidente de Honduras, vienen desde hace dos años, cuando en marzo de 2020, un fiscal de Nueva York y un agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) apuntaron contra Hernández, pocos días después de la detención de Fuentes Ramírez en el Aeropuerto Internacional de Miami.

De acuerdo con los fiscales estadounidenses, Hernández y el presunto narcotraficante sostuvieron encuentros en 2013 (aun siendo diputado) y 2014, en las que se acordaron los sobornos para que el mandatario aceptase movilizar incluso a las Fuerzas Armadas de Honduras, en aras de proteger los negocios ilícitos con drogas.

El exmandatario no es el único alto funcionario de su país que las autoridades judiciales estadounidenses vinculan con el narcotráfico, su hermano y ex congresista Juan Antonio ‘Tony’ Hernández fue declarado culpable de narcotráfico en EE.UU. en octubre de 2019. En su juicio también se señaló al presidente como presunto receptor de un millón de dólares, procedente de los negocios ilícitos del narco mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Luego, en abril del año pasado, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó de narcotráfico y delitos con armas al exdirector de la Policía Nacional de Honduras Juan Carlos Bonilla Valladares, alias ‘El Tigre Bonilla’. Su caso tendría vinculación con el de ‘Tony’ Hernández.

Las reformas electorales, que aprobó finalmente la Asamblea Nacional de Panamá, permiten el financiamiento de privados y estamos a un paso de que las fuerzas del narcotráfico adquieran una importante cuota de poder político a través de distintos partidos y hasta de supuestos independientes, de modo que, Panamá podría caer en la condición de Estado fallido y controlado por el Narcotráfico que tiene su base de operaciones de producción y lavado en el vecino país de Colombia que produce más del 75% de toda la cocaína que se consume en el mundo. La proximidad geográfica de Panamá con Colombia, nos envuelve en la vorágine del tráfico de drogas ya que estamos en medio del principal productor mundial de drogas y el principal consumidor; los EE.UU. y Europa, y ese negocio ilícito representa más de 650 mil millones de dólares, demasiado importante y jugoso y con capacidad de soborno inimaginable en razón de la pérdida de valores y principios morales y éticos en nuestra sociedad.

Últimamente, ha salido a relucir, varios casos que asocian elementos de distintas entidades de seguridad nacional, autoridades judiciales, administrativas y diputados con investigaciones que los vinculan al truculento negocio del narcotráfico y a distintos actos de corrupción, que vienen a ser diferentes caras de la misma moneda que está acabando con el país.

Es un hecho notorio y comercialmente lógico que, el reclutamiento que hace el crimen organizado es a personas que puedan abrir ciertas puertas porque tienen o ejercen el poder. Siendo esto así, los casos revelados sobre mandos medios de funcionarios colaborantes con la narcoactividad, tiene una doble lectura. La primera es que son los chivos expiatorios para ocultar los mandos superiores. Segunda, es que, el Ministerio Fiscal, en mandos superiores se presta para el encubrimiento o están con esos grupos o simplemente, están supeditados políticamente.

Finalmente, es difícil creer que, nuestra propia Asamblea, de la cual pretenden reelegirse la mayoría, en medio de este enrarecido clima de transparencia, hubiesen puesto controles efectivos al proceso electoral, sino todo lo contrario, hicieron todo lo posible para envilecer aún más el proceso electoral panameño hasta llevarlo a un grado de corrupción tan grande que, terminaría por destruir nuestra malograda democracia y expondría nuestra seguridad nacional a niveles nunca antes vistos.

¡Así de sencilla es la cosa!

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