
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Recientemente se han hecho estudios sobre el empleo y han arrojado cifras que dan cuenta de la grave situación que vivimos los panameños.
Son miles los jóvenes que deambulan de un lugar para otro, pero no encuentran empleo y si lo encuentran los mismos son sin estabilidad o no se les paga seguro social y la CSS hace pocos días informó que los trabajadores que pagan a cuota obrero patronal han disminuido dramáticamente. Las empresas privadas siguen desarrollando la conspiración para destruir la CSS y los inspectores tanto del Ministerio de Trabajo como de ola CSS no actúan con la debda diligencia y efectividad, porque el gobierno ah dicho públicamente que este gobierno esta constituido de empresarios para apoyar la clase empresarial.
Mientras tanto, la precarización laboral que es el deterioro constante de las condiciones de trabajo, caracterizado por la inestabilidad, bajos salarios, falta de seguridad social (informalidad) y jornadas excesivas, está ejerciendo una amplia ejecución que abarca a muchos sectores pero debilitan al sector trabajador y disminuye el poder de compra, elemento éste que impide el crecimiento económico y la participación pujante y dinámica de los trabajadores en el mercado de bienes y servicios en el país..
El proceso de pauperización del empleo genera inseguridad, vulnerabilidad, problemas de salud física/mental y dificulta la planificación de vida a largo plazo, afectando desproporcionadamente a jóvenes y especialmente a las mujeres según los estudios aludidos.
Sin embargo, la política económica del gobierno de Mulino ha optado la decisión de “flexibilizar” aun más las normas laborales a fin de lograr regresar al país a una etapa superada en el año 1972, cuando fue aprobado e implementado el Código de Trabajo que dignificó a los trabajadores.
Regresaremos sin duda a un nivel de esclavitud en donde se echa por tierra la posibilidad de trabajar y poder desarrollar los anhelos como persona o familia de, la gran mayoría de los panameños que tendrán que alegrarse sólo de poder sobrevivir.
Con la pretensión del Gobierno empresarial, atrás quedará también el precepto cristiano que dice: «El trabajador es digno de su salario» es un principio bíblico (1 Timoteo 5:18, Lucas 10:7) que establece la justicia fundamental de remunerar justamente el esfuerzo laboral. Significa que quien trabaja merece recibir su paga, equiparando el trabajo con el derecho a un sustento digno, a menudo comparado con no poner bozal al buey que trilla.
No obstante, quienes gobiernan ahora, les ha florecido en su corazón una ostensible aporofobia, que los ha llevado por la senda de la precarización laboral. Hay personas engreídas en cuya actitud y comportamiento se denotan como niños malcriados, altivos y groseros. Así apareció el proyecto de Ley que amenaza a quienes protesten, y sostiene que se van a dar a respetar, olvidando que la Constitución Política le prohíbe proferir tales amenazas que se constituyen en delitos penales por la cual pudieran ser procesados.
La protesta social no puede ser criminalizada. Nuestra Constitución Política la reconoce. Con el pretexto del orden público, no podemos volver al oscuro escenario del ahogamiento de las garantías constitucionales que, son el resultado de la lucha del pueblo panameño por su dignidad, y que junto con la persecución a los trabajadores nos expondrían a un grado de injusticia que este pueblo no merece ni es lícito deshumanizar nuestra sociedad y legitimar el sometimiento y la tiranía en contra de la libertad conque fuimos constituidos.
¡Así de sencilla es la cosa!
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El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.