Defender la soberanía y recuperar el Canal para el pueblo

Juan Jované

En las actuales condiciones el gobierno de Estados Unidos, con la complacencia del gobierno antinacional del señor Mulino, han eliminado la soberanía de Panamá en una parte importante de las áreas revertidas, a fin de establecer bases militares norteamericanas. A esto se añaden las intenciones de Trump por apoderarse de Canal de Panamá. En este caso las exigencias del imperio han venido incrementándose, de manera que hoy Trump no solo exige el paso gratuito por el Canal de las embarcaciones de guerra de las fuerzas armadas de Estados Unidos, sino que, además, demanda que todos los buques de la flota mercante de ese país tengan paso gratuito.

Frente a esta situación, resulta fundamental desarrollar toda una estrategia para defender y fortalecer la soberanía nacional, exigiendo la eliminación del reciente memorándum de entendimiento que permite la presencia militar extranjera en el país.

Esta estrategia de defensa de la soberanía conlleva necesariamente la tarea de promover la conciencia nacional de la población, a fin de generar la construcción y movilización de una fuerza social que obligue al gobierno de turno a retroceder en su actitud antinacional. Este es un requisito que, lastimosamente, se encuentra ausente en la declaratoria del reciente grupo político que se autodenomina “Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía”. A nuestro juicio, esta coalición busca deliberadamente separar la lucha por la soberanía de las luchas sociales de la población.

No es casualidad, entonces, que en la declaración emitida por estos políticos tradicionales queden ausentes problemas tan cruciales como lo es la lucha por la derogatoria de la nefasta Ley 462 que reforma el sistema de pensiones. Llama la atención que aún con la presencia de ambientalistas no se toque el problema del intento de reapertura de la contaminante mina de First Quantum en Donoso.

Se trata de algo más que un simple error, ya que es la confluencia entre la lucha por la defensa de la soberanía y las que guardan relación con la política de choque de Mulino y Chapman de donde puede surgir la fuerza social que efectivamente enfrente exitosamente las pretensiones imperiales de Trump. Esto es algo que, a nuestro juicio, si ha sido comprendido correctamente por el grupo de jóvenes que se aglutina en Sal de la Redes.

Un elemento central para la necesaria movilización es entender que la lucha por la soberanía implica completar la recuperación del Canal de Panamá para la población. Se trata no solo de la necesaria reconfiguración de la Junta Directiva de la ACP, que se encuentra totalmente en manos de los sectores económicamente dominantes del país. También se refiere a lograr con efectividad el uso más social posible de los recursos que genera el Canal de Panamá.

A diferencia de lo que han planteado los diversos gobiernos, incluyendo el actual, en el sentido de que los aportes de la ACP son utilizados para financiar subsidios que benefician a la población, es posible demostrar científicamente que estos recursos se han venido utilizando para llenar parcialmente el hueco tributario que generan los empresarios por medio de la evasión de los impuestos. Se trata de una demostración urgente, ya que la falsa tesis del gobierno, parece haber penetrado en parte del pensamiento de algunos jóvenes luchadores por la soberanía.

Si se toman los últimos datos de la DGI sobre el llamado incumplimiento tributario (básicamente evasión y elusión de impuestos) del sector empresarial, resulta que para el 2022 el mismo fue de B/. 7,832.1 millones, cifra que representó el 10.2% del PIB de ese año. Si se tiene en cuenta que ese mismo año el aporte de la ACP al fisco fue de B/. 2,535 millones, se puede concluir que los mismos fueron utilizados para cubrir el 32.4% de la corrupción empresarial que significa la evasión y la elusión tributaria. Si la situación se proyecta para el 2025, se estaría observando una evasión y elusión de impuesto del sector empresarial de cerca de B/. 9,350.8 millones, en condiciones en que los aportes de la ACP al gobierno central, apenas lograrían compensar solo el 29.8% de esta suma.

Se trata de defender la soberanía, de movilizar a la población, atender las luchas sociales y completar la recuperación del Canal para la población.

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