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Dónde está la solidaridad del Empresariado nacional con los panameños?|


Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Guillermo Chapman, ex ministro de Economía y Finanzas, y socio  fundador de INDESA,  hace un año atrás, hizo unas  declaraciones como parte de una conferencia titulada «Hacia la nueva economía» en  la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2020) organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), en la que habló sobre los problemas del Estado panameño y las desigualdades en el país, pero prendió el rancho cuando señaló que, se deben eliminar los impedimentos que establece la Constitución Política respecto al ejercicio profesional de extranjeros en la República de Panamá.

La SPIA, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, “rechazó categóricamente la propuesta de eliminar el requisito de ser panameño para ejercer profesiones” y advierte que dicha propuesta es inoportuna e insensible en momento en que muchos panameños han perdido su empleo, además señala que: «está en contraposición a los artículos 40 y 73 de la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley 15 de 26 de enero de 1959, atentando directamente contra los profesionales de la ingeniería y arquitectura idóneos en el país.

Por su parte, desde el El Colegio Nacional de Abogados, han expresado en reiteradas ocasiones lo que expresan que es una posición de principios, que no están dispuestos a transar lo que lo que la Constitución y la Ley establecen, y menos cuando no se da el principio de reciprocidad entre los países que se beneficiarían.

Los gremios médicos están atentos y han expresaron por boca de sus dirigentes que, si se trata de imponer estas consideraciones de Chapman, obligarían a sus organizaciones a tomar medidas heroicas para salvaguardar los derechos de que gozan los nacionales.

Señalan los distintos gremios que, es particularmente importante destacar que la Ley 15 y sus modificaciones subsiguientes, ya permiten la contratación de profesionales extranjeros cuando no existan profesionales panameños idóneos para prestar estos servicios en el país. Para estos casos, y para contrataciones de más de un año, la Ley 15 incluye la obligatoriedad de la contratación de un profesional panameño para que reciba el adiestramiento necesario de modo que, pueda sustituir al extranjero al término de su contrato, asegurando la transferencia del conocimiento. Además, la Ley 15 permite que los extranjeros, en cuyos países se permite el ejercicio de tales profesiones, puedan obtener el certificado de idoneidad en igualdad de condiciones a los panameños (reciprocidad)».

Manifestaron, desde hace un año atrás que, plantear «eliminar el requisito de ser nacional panameño para ejercer una profesión y que eso este simplemente limitado a cumplir con las normas de la política de migración y con las normas de la idoneidad que establece este país, es contradictorio, pues como se mencionó se vulneran las leyes y la Constitución, en cuanto a profesiones de la ingeniería y arquitectura» apunta el gremio y agrega,  «es desconocer el aporte de nuestros ingenieros y arquitectos idóneos en el desarrollo nacional sobre la base de un principio no negociable como la seguridad humana».

La SPIA indicó entonces que, las soluciones a la situación del país «debe enfocarse buscando desarrollar políticas públicas integrales que lleven a mejorar la calidad de los servicios públicos, incluida la educación, no buscando importar migrantes o mediante reformas laborales para que extranjeros ejerzan puestos de trabajo que pueden ser ocupados a cabalidad por panameños.

Los mismos sectores empresariales y sus voceros oficiosos, siempre han expresado estos deseos, en los cuales persisten con insistencia, aún en momentos en que la sociedad panameña requiere de la mayor solidaridad de los sectores privilegiados, que pretenden olímpicamente, deslindarse de su natural responsabilidad social.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, se han aprobado una serie de reformas al Código de Trabajo, con la cual no están de acuerdo la mayoría de los trabajadores organizados, porque recarga el costo de la crisis económica y de la pandemia en los hombros de los más débiles y desprotegidos.

¡Así de sencilla es la cosa!

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