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Carrizo en su laberinto

Juan Jované

 

El candidato a la presidencia José Gabriel Carrizo Jaén mantiene una campaña sostenida en la idea de que el mismo puede continuar con la política económica y social de la actual administración, en la que él mismo ha participado como vicepresidente de la República. Ahí está la gran debilidad de su candidatura.

Para explicar esta afirmación, se tiene, en primer lugar, que señalar que desde el punto de vista del producto interno bruto (PIB) la reactivación del impacto de la pandemia se completó en el 2022,en la medida que este indicador superó en términos reales en 4.1% al nivel previo a la pandemia (2019). Esto significa que ya no resulta factible achacar a este fenómeno todas las dificultades observadas.

El problema está en que la reactivación económica no ha mejorado la situación de una gran parte de la población. En esta línea de pensamiento se debe recordar que, el bienestar social tiene dos componentes: el nivel de la ocupación y de las remuneraciones, que les permiten a los trabajadores adquirir los bienes y servicios que necesita a través del mercado;  la disponibilidad efectiva y de calidad de los servicios sociales básicos, tales como la educación, la salud y el agua potable.

En el campo del mercado laboral, en una reciente investigación que realizamos, utilizando como referencia al período 2004 – 2019,  se llegó a la conclusión de que más del 90.0% de la reducción de los niveles de pobreza dependen directamente de los incrementos de la tasa de ocupación y de el nivel de remuneraciones medias de los asalariados. Este mecanismo ha estado bloqueado, en la medida que se ha observado una reactivación económica sin empleo y altamente inequitativa.

Es así que, mientras que el PIB superó el nivel previo a la pandemia, lo cierto es que la tasa de desempleo actual sigue siendo muy superior a la observada antes de la irrupción del Covid 19. De acuerdo a los voceros del actual gobierno la tasa de desocupación sería actualmente de 8.9% de la población económicamente activa. Esta resulta significativamente superior al 7.1% observado en el 2019 y el 6.0% registrado en el 2018, así como extraordinariamente superior en relación al 4.1% del 2013.

A lo anterior se debe añadir que existe un práctico consenso de que existen problemas en la calidad del empleo generado, ya que gran parte del mismo se da bajo la forma de trabajo informal. También debe tenerse  en cuenta una desaceleración en la contratación que ha significado que, tomando como referencia los cinco primeros meses del año,  el número de contratos laborales registrados por el MITRADEL durante este año es inferior en 30.0% al observado en 2019, lo que se debe tomar como un indicador de una caída en la dinámica del empleo.

En el campo de los ingresos se ha observado un impacto inflacionario relativamente elevado. En el 2022 la tasa promedio inflacionaria llegó al 2.9%. A esto se debe agregar que en el 2021 el ingreso medio de las personas ocupadas en relación a la línea de la pobreza fue inferior en 4.2% al registrado en el 2019.

Por lo que se refiere a la capacidad de acceso de la población a lo servicios públicos, lo cierto es que en este ámbito también se ha observado un franco deterioro. Este se expresa en las constantes y crecientes protestas relacionados con el agua, la salud, la educación, el transporte, entre otros.

Estamos, entonces,  frente a una reactivación fallida, gracias a una política inadecuada, pese al creciente endeudamiento público, la que cualquiera puede entender, no vale la pena repetir. Se trata de una candidatura de muy baja probabilidad de éxito.

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