El instinto elemental de conservación, ha llevado a la Asamblea Nacional de Diputados a enviarle una carta al presidente Mulino, urgiéndolo a abrir alguna puerta, aunque sea una ventana para un diálogo que tiene que empezar por la derogación de la impuesta Ley 462 que tiene al pueblo en las calles y a punto que se agote la paciencia popular.
En la mañana de hoy, el jefe del ejecutivo, que ahora está aislado e íngrimo de respaldo popular, ya que en estudios de opinión solo cuenta con un poco más del 10% de aprobación, el más bajo nivel de todo el mundo, intenta ahora abrir un diálogo, pero solo para hacer modificaciones cosméticas, que a la Ley, que no modifican el infame modelo de pensiones contenido en la misma, hecho que el movimiento social y popular que está en las calles no puede aceptar, sino la revocación de la Ley y la instauración de un verdadero diálogo donde se respete e incorporen los elementos que el pueblo ha señalado en una nueva Ley que genere paz en el país y por tanto la eliminación del método chocante, grosero, arbitrario e irrespetuoso conque se ha venido gobernando en los últimos diez meses y medio que lleva esta administración, poniendo incluso en riesgo, la soberanía del país, su neutralidad, su integridad territorial y la dignidad nacional.
De igual modo, el gobierno debe abstenerse de violentar la constitución política, acatar el fallo de inconstitucionalidad del contrato minero con First Quantum Minerals Ltd,. del 27 de noviembre de 2023, así como dar término a la persecución judicial y política a los gremios sindicales y gremiales del país, sus dirigentes y asumir la responsabilidad por los daños cometidos contra personas a las que se han inferido serias afectaciones a sus derechos humanos.
El gobierno debe asumir también la responsabilidad de liquidar los privilegios insostenibles de conformidad con nuestra situación financiera actual, entre ellos las jubilaciones especiales dentro de la policía nacional, estructurar un sistema juicioso sobre el escalafón policial porque es inaceptable que existan en Panamá más de 400 oficiales que gocen del rango y privilegios en una fuerza pública que no se compadece y que no defienden nuestra soberanía, pero sí atacan al pueblo de manera irracional como inadmisible.
La Asamblea por su parte, frente a la insensata postura de apoyar la Ley 462, donde diputados, motivados por el ejecutivo, traicionaron al pueblo, ahora no saben qué hacer, dado que ellos son responsables directos, los 48, por la crisis que estamos viviendo, al desconocer el clamor popular y al comportarse con toda deslealtad frente al pueblo, pensando en sus beneficios personales y los privilegios de nombramientos y favores políticos que se les prometió y dando término a la esperanza de que podrían haber hecho la diferencia con los políticos tradicionales.
“Nuestros tribunales se oponen a los justos, y no se encuentra justicia por ninguna parte.
La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal.
Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad.” Isaías 59:14-15 NTV
Ojalá el gobierno, lejos de continuar con su misión de la supresión de nuestros derechos y garantías constitucionales, de seguir reprimiendo y gastando grandes recursos en su guerra contra el pueblo, pueda volverse de ese camino y tomar la senda de la sensatez y genere las acciones necesarias para pacificar el país. Hay que recordar que la paz es el fruto de la justicia, y si hoy hay brutalidad en la nación es; porque el gobierno nacional ha sembrado la injusticia que pare la violencia.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
