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(Especial para el Periódico)
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Ese mismo que nos llamó su patio trasero, lea y entérese bien
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Se prende el asunto venezolano, pero en Estados Unidos
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Trump y Hegseth actuando al margen del Senado y del derecho internacional
Por: Gonzalo Delgado Quintero
Tanto la Cámara Alta como la Baja del Congreso de Estados Unidos, acordaron incrementar los esfuerzos para investigar los ataques realizados por el ejército estadounidense contra lanchas utilizadas en la supuesta actividad de narcotráfico en aguas del mar Caribe, próximas a Venezuela.
Según el informe analizado por ambas Cámaras, el saldo de estos ataques instruidos por la Casa Blanca, arrojan unas 80 personas asesinadas. En tal sentido, un importante número de congresistas demócratas señalan posibles ataques ordenados por Pete Hegseth en su calidad de secretario de Defensa de EU que violan las normas internacionales lo que han tipificado como crímenes de guerra.
El prestigioso diario The Washington Post, después del análisis de imágenes captadas por un dron en donde se observan al menos a dos sobrevivientes del primer bombazo contra una embarcación compuesta por 11 tripulantes, como un hecho muy delicado, le endilgan directamente a Hegseth el hecho de haber ordenado un segundo ataque contra los sobrevivientes de la lancha hundida junto a las costas de Venezuela el pasado 2 de septiembre, lo que ha sido catalogado como una acción criminal que ha provocado una investigación de fondo sobre las órdenes del secretario de Defensa, ahora, Departamento de Guerra de EU.
Según las fuentes consultadas por este Periódico señalan que Hegseth ordenó de manera verbal acabar con todos los tripulantes. “Maten a todos”, reiteraron.
Congresistas demócratas como Tim Kaine de Virginia, entrevistado por CBS dijo que lo actuado por Pete Hegseth podría “elevarse al nivel de un crimen de guerra, si es cierto”; agregó que: “Si ese informe es cierto, es una clara violación de las propias leyes de guerra, así como de las leyes internacionales sobre la forma en que se trata a las personas que están en esas circunstancias”.
Por su parte el Senador Mark Kelly (Arizona), ofreció entrevista a CNN, manifestando que se habrían violado las normas de derecho internacional. Kelly, un antiguo piloto de combate, ha sido fuertemente reprendido por La Casa Blanca, porque pidió desobedecer algunas órdenes a militares que sean “ilegales” o contrarias a la Constitución Americana. “Si eso es cierto, si lo que se ha informado es preciso, tengo serias preocupaciones de que alguien en esa cadena de mando cruce una línea que nunca debería cruzar”, aseguró Kelly a la CNN.
Sobre los movimientos militares de EU en el Caribe, senadores republicanos y demócratas están trabajando en conjunto de manera bipartidista para investigar informes extremadamente preocupantes sobre órdenes ilegales dadas por el jefe del Departamento de Defensa.
Las dos cámaras del Congreso, el Senado y la de Representes, han advertido que pedirán explicaciones por esta grave operación militar. El senador republicano por Misisipi, Roger Wicker, quien es presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, y el demócrata por Rhode Island, Jack Reed, publicaron un comunicado conjunto el pasado viernes en el que se indica que: “El Comité está al tanto de informes periodísticos recientes, y de la respuesta inicial del Departamento de Defensa, respecto a presuntos ataques posteriores a supuestos buques de narcóticos en el área de responsabilidad de Southcom”. El comunicado agrega que: “El Comité ha dirigido requerimientos de investigación al Departamento de Defensa y llevaremos a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con las circunstancias”.
Por su parte, el día siguiente al primer comunicado, los representantes del comité de las fuerzas armadas de la Cámara de Representantes, el congresista republicano por Alabama, Mike D. Rogers, y el demócrata por Washington, Adam Smith, emitieron otro comunicado similar en donde manifiestan que: “Este comité está comprometido a proporcionar una supervisión rigurosa de las operaciones militares del Departamento de Defensa en el Caribe”. Además, dejan claro que estas operaciones no cuentan ni con autorización del Congreso de los Estados Unidos, ni con aval judicial.
Por su parte el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ante los medios que desconocía la historia. “No sé nada de eso”. Aseguró.
El propio Hegseth, quien manifestó meses atrás que somos su “patio trasero”, ha rechazado las acusaciones sobre ser responsables de crímenes de guerra que les son señalados. Ha argumentado que son noticias falsas argumentando que sus operaciones militares en el Caribe “son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional, y todas nuestras acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados, y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”. Con esta declaración se evidencian las profundas contracciones que existen en el propio seno de los Estados Unidos.
La polémica entre el senado y la Casa Blanca se produce en un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela. La Administración Trump ha lanzado una ofensiva retórica contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro y ha desplegado en la región el mayor contingente militar en décadas, con miles de soldados y varios buques de guerra, entre ellos el USS Gerald R. Ford, el más avanzado y mayor portaviones del ejército estadounidense.
Para Estados Unidos, señalan, Venezuela es un narcoestado. Y su presidente dicen, es el líder del cartel de los soles, un supuesto grupo criminal de narcotráfico, de cuyos señalamientos no ha aportado ninguna prueba. Este supuesto cartel, creación fantasma, según fuentes de entero crédito, de la propia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), es hoy en día el mejor y mayor argumento que tiene el Departamento de Estado que le sirve de maniobra para un posible ataque cuyo interés supremo lo origina el presidente Trump a partir de sus más allegados consejeros.
El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue militar en Puerto Rico y de buques del Ejército estadounidense en el Caribe, frente a Venezuela como el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico, involucrando a Colombia.
Tanto el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. La ONU aseguró que se tratan de violaciones del derecho internacional y pidió a Estados Unidos ponerles fin.
De todo este despliegue, pareciese que desenfocamos el interés de fondo de sectores político – económicos de Estados Unidos, quienes, desde hace muchos años, perdieron el control del petróleo venezolano y tratan de recuperarlo aprovechando la posición política de la actual administración de EU, que no se ha detenido en desfigurar, según les convenga, cualquier situación que no responda a sus mezquinos intereses, tal como lo hacen con Venezuela y otros países y que en su momento, meses atrás, lo hicieron con Panamá, argumentando una inexistente presencia china en el Canal. Una declaración mentirosa que llevó a que hoy, nuevamente, mantenga acantonada en diversos puntos, una importante presencia militar estadounidense en nuestro territorio.
El autor es periodista, escritor y analista.
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