Este proyecto de Ley contiene muchas ilegalidades, que tienen la finalidad de generar una ola masiva de despidos para alimentar el clientelismo de los partidos políticos en el poder

Los funcionarios públicos están amenazados de quedar en una absoluta orfandad jurídica y en manos de los caprichos del poder empresarial de turno

Editorial

 

El propio mandatario de la Nación, ha manifestado de una forma despectiva y antipopular, que este es un gobierno empresarial, esto quiere decir, que harán todo lo necesario para vulnerar los derechos de los trabajadores, no solo de la empresa privada, sino también del Estado, igual que el de los estudiantes, indígenas, campesinos y grupos en riesgo social, que únicamente fueron tomados en cuenta por el actual gobernante para que le dieran su voto y luego darles la espalda.

Lo anotado se evidenció durante la pasada crisis que atravesó el país por la derogatoria de la Ley 462 de la CSS, donde el pueblo panameño en vez de respuestas, diálogos y consensos, recibió palo, cárcel, ofensas, destituciones, vulneración de garantías fundamentales y cruel represión de alto nivel, similar a como se vivió en la dictadura de Chile de Pinochet y otros sátrapas del Continente.

En esta ocasión se vuelve a mancillar a los trabajadores, propiamente, los del sector público, con la presentación el día de ayer 17 de septiembre de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, por parte del Órgano Ejecutivo, que pisotea los derechos de los servidores públicos.

El Proyecto en mención está lleno de medidas autoritarias que solo buscan justificar los despidos, especialmente, de aquellos que se encuentran protegidos por la Carrera Administrativa. En tal sentido, esperamos que FENASEP, se pronuncie al respecto y haga las denuncias respectivas o será que también los han callado.

Ejemplo de lo mencionado es el artículo 264 del mencionado proyecto perverso de Ley, que elimina de un plumazo el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, creado mediante la Ley 23 de 12 de mayo de 2017. Este tribunal tiene entre sus funciones decidir en apelación temas concernientes a acciones de recursos humanos que perjudican a los servidores públicos y que demoraron varios años en poder constituirlo. Al eliminar este tribunal solo bastará con la negación de la reconsideración para acudir en lo Contencioso Administrativo ante la Sala 3era de la Corte Suprema de Justicia, cuyos costos legales son muy onerosos para los funcionarios que con los salarios muy limitados y comprometidos que tienen, se verán ahora impedidos de apelar ante el tribunal y hacer valer sus derechos de una forma rápida, gratuita y con imparcialidad.

Esperamos que los diputados analicen bien este proyecto de ley, que contiene muchas ilegalidades, que tienen la finalidad de generar una ola masiva de despidos para alimentar el clientelismo de los partidos políticos en el poder, que cuentan con el respaldo de los autodenominados independientes que podrían hacer con este proyecto lo mismo que con el la Ley 462 de la CSS, es decir traicionar nuevamente al pueblo.

15 Hay varios Likes:) Gracias...