El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Enrique Avilés
Es innegable que las dictaduras juegan un papel hegemónico, o de control, fundamentado en estrategias que para nada sustentan la gobernabilidad en la representación democrática que permite asistir sanamente los sentires de la población respecto a políticas públicas, por el contrario, estas dictaduras, en caso particular las cívica-empresariales y no militares, se empeñan en mantener su control en estrategias de coerción qué incluyen la creación de etiquetas de satanización del movimiento social intentando así justificar su gestiones de represión desde niveles sutiles hasta llegar al deleznable terrorismo de estado, con tal de aplastar los movimientos. Se asiste pues al ‘revival’ de las cacerías de brujas propias del macartismo, en donde los argumentos actuales de judicialización ficticios o sembrados, son el blanqueo de capitales, malversación de fondo, portar armas ilegales, todas cartas marcadas del gobierno para imponer su criterio utilizando arbitrariamente el poder judicial del estado al mejor estilo reencauchado del nazi-facismo. Esto acompañado de una mediática televisiva y periodística sesgada y replicadora del discurso de satanización, lo que no debe sorprender en sociedades donde el empresariado oligárquico posee buena parte de esos medios como es el caso de Panamá. Así inicia la primera avanzada de establecimiento de las actuales dictaduras cívico-empresariales, Panamá tristemente es un ejemplo de ello.
La imposición de la hoy nefasta ley 462 es la probeta perfecta para, dentro de una agenda de shock justificada en crisis de diversas índoles, en este caso particular, de la seguridad social, dar paso a la aplicación de la estrategia de satanización en principio desde comentarios despectivos del ejecutivo con las propuestas de los sectores populares, al aseverar que nadie propuso algo mejor, que fueron a la discusión a arengar y no a brindar soluciones, que lo que hicieron las discusiones fue perder tiempo en tomar decisiones, para terminar imponiendo una ley que a todas luces está a favor del sistema financiero especulador y de la corrupción institucional de la caja de seguro social, en detrimento de las jubilaciones de las mayorías que ahora deben trabajar hasta 15 años más para cobrar un 50 % menos de lo que ofrecía en jubilación la otrora Ley 51, o sea de 60% a 30%, todo esto con el apoyo de una asamblea que traicionó las aspiraciones populares.
El segundo paso de la estrategia es, una vez dado el descontento de los sectores organizados del pueblo por dicha aprobación, iniciar la deslegitimación de las causas de descontento. Lo que fue notorio al tratar de irracional la postura de las organizaciones sociales, alegando que se les tomó en cuenta a todos y que todos tuvimos que sacrificar, que era lo mejor posible obtenido, que ni los empresarios quedaban contentos, pero que como buenos y respetuosos de la democracia acataban la ley. Esta línea no fue suficiente para disuadir el descontento que daría inicio a las primeras manifestaciones populares. Ante esto el gobierno sigue con la estrategia exagerando la violencia de los manifestantes, calificándolos de vándalos violentos ante las unidades de control de multitudes, cuando son estas últimas las que inician la violencia provocando a los manifestantes para llegar a la confrontación. Esta fase intimidatoria en muchas ocasiones logra su cometido en desmovilizar la protesta, pero en el caso nuestro no fue así, quizás porque en el avance vertiginoso de aplicación del shock con un presidente que estado así las cosas volvió a abordar como escenarios de crisis temas finiquitados para la población, como lo es el cierre de la mina que para el ejecutivo hay que abrirla así sea evadiendo al órgano judicial y al legislativo, lo que fue meter leña al fuego. Sin olvidar la firma de un memorándum de bases con Estados Unidos a espaldas del pueblo, violentando el tratado de neutralidad y el proceso constitucional establecido para ello. Todo merced de una crisis imperial estadounidense en la que nuestro ejecutivo alega como sus razones finales que Panamá no debe llevar una diplomacia contradictoria al coloso del norte, visto esto último por el pueblo como la entrega incondicional genuflexa de nuestra soberanía, sumándose como causa a su protesta a la escena e intensificando sus acciones. Sin olvidar que el movimiento incluyó también en la protesta los posibles desplazamientos de poblaciones en el canal por embalses, todo a merced de la crisis hidrográfica del mismo.
El hacer arder, como pino seco, los ánimos de la población, fue el resultado de la aplicación del shock acelerado que esperaba quizás respuestas de desmovilización por incertidumbre ante temas variados, sin sopesar lo sensible de los mismos en la población. La respuesta del gobierno fue escalar la estrategia de satanización, o sea pasar a la fase máxima que incluye la promoción de la represión, tratando de polarizar la población al etiquetar a los actores de las protestas de comunistas, terroristas, radicales, gestores de agendas ocultas y desestabilizadores, todo para iniciar persecuciones con fines de judicializar a los líderes. Esto evidencia el motivo de la intransigencia del ejecutivo, no se trata únicamente de imponer las políticas en detrimento, lo mefistofélico del asunto es la alevosía de desarticular al movimiento social con desprestigio y terror de estado que lo juzgue con casos amañados, al tiempo que lo fracture en su economía con el mismo modus operandi. Cerrar sus fuentes económicas llámese cuentas o cooperativas por ser de “dudosa procedencia” y crear escenarios falsos de desprestigio, todo a costa de una democracia que terminará por ser una vulgar pantomima, una dictadura empresarial ultra impositiva. Ante ese escenario, no es suntracs el que está en problemas, todos estamos en problemas, todos los que no pensemos igual que este empresariado fascista. Por ello, no queda más que gritar como en la gran marcha del viernes “suntracs no está solo, suntracs somos todos” viva Panamá sin dictaduras cívico-empresariales.
El autor es historiador y docente universitario.
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