El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Victoriano Rodríguez Santos
El 7 de septiembre de 1977, mediante el Tratado Torrijos/Carter, abolimos el estado colonialista que mantenía Estados Unidos en Panamá. Un tratado que ningún panameño firmó, aberrante y prácticamente ilegítimo, el cual entregaba parte de nuestro territorio para uso y usufructo de un país extranjero.
Hoy a 46 años de la eliminación de ese enclave colonial -en el corazón de nuestra patria -nuevos Bunau Varilla, panameños-, pretenden entregar parte del territorio nacional y nuestra soberanía, mediante un contrato lesivo, traicionero, infame y violatorio hasta del espacio aéreo panameño.
Pretenden que la empresa cuyos accionistas -entre otros- hay varios gobiernos extranjeros, conocido por los actuales ministros, el señor Presidente de la República y el actual Vicepresidente -quien en este momento corre por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), como candidato a la Presidencia de la República-, sin mucha posibilidad, porque este pueblo repudia ese contrato y a todos aquellos que han accionado contra la majestuosidad de la Patria y la Soberanía Nacional, esa que rescatamos en 1977 y se consolidó el 31 de diciembre de 1999.
El Ejecutivo ha hecho una tramoya, buscando mecanismos para que la Asamblea de Diputados actúe como el peor de los circos, cuyas focas aplauden, -a la orden del domador de fieras-.
Es decir, los diputados como y niños de pecho no podrán pensar, ni entrar a debatir siquiera el cambio de una coma, ellos tienen que aprobar ese nefasto adefesio tal cual les llega. ¡Qué ignominia! ¡Qué falta de respeto!
De aprobar ese esperpento, pasarían a la historia como simples cobardes que no se atrevieron a defender su Patria –cuando ésta más lo necesitaba- y antepusieron posibles intereses y beneficios económicos -que pudieran recibir del Ejecutivo y/o de la empresa que pretende apropiarse de nuestros recursos naturales, destruyendo la flora, fauna y terrenos adyacentes, incluso expulsando a los pobladores.
Es necesario dejar expuesto que si la minera, producto del uso del agua de los afluentes del Canal de Panamá; las aguas del Canal bajaran su nivel, nuestro principal recurso económico pudiera quedar como una tina seca llena de gusarapos, sin que puedan transitar los barcos por los cuales se hizo la ampliación.
Recordemos que el Canal de Panamá aporta seis (6) veces más de lo que presuntamente va a aportar la minera. Nadie con dos (2) dedos de frente entraría a calificar bien la destrucción de su País, como la que pretende hacer el Ejecutivo.
¿Por qué el Ejecutivo ha permitido a la minera continuar operando, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley? Recordemos que el contrato, corre la misma suerte que la principal. ¿Cuál es la razón por la cual no se atreven a hacer un referéndum sobre ese proyecto? La Constitución Nacional en su artículo 290 prohíbe, expone y mandata: «Ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de las sedes de embajadas de conformidad con lo que disponga la Ley.» ¿Por qué insisten en la negociación de un proyecto que la población repudia y prohíbe la Constitución?
Ningún documento, contrato o lo que fuere que lesione y vulnere la dignidad y soberanía nacional debe permitirse y esta población tiene que despertar, de lo contrario también cometeríamos alta traición a la Patria. “La Patria no se vende, la Patria se defiende”. “De rodillas nunca.” Dios te salve, Panamá.
Ciudadano humanista y patriota.
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