Lucinda y la neutralidad de la educación

Juan Jované

 

Tal como se argumentó en un artículo previo, la actual política gubernamental se propone una política de choque, la cual genere nuevas avenidas a la obtención de beneficios y acumulación del capital de los sectores económicamente dominantes. Se trata, a final de cuentas, de resolver el bloqueo de la acumulación de capital.

 Este fenómeno de bloqueo se refleja en el hecho de que entre el 2018 y el 2024 la empresa privada perdió 10,233puestos de trabajo. Esto no puede explicarse por el cambio tecnológico. El mismo si bien puede explicarse parcialmente por la intensificación del trabajo a que se viene sometiendo a los trabajadores asalariados, tiene su raíz en el proceso de crisis en la acumulación de capital.

El problema descrito, que se expresa en la base económica del bloque histórico vigente hasta ahora, que toma la forma del transitismo – extractivismo, no es el único que enfrentan los sectores económicamente dominantes. Esto es claro si se tiene en cuenta el deterioro de la hegemonía ideológica – política de los mismos, la cual resultó clara en las movilizaciones contra – hegemónicas del 2022 y el 2023, en las que afloró, aun cuando en un ambiente de acciones claramente defensivas, las contradicciones de la población con los intereses de los sectores económicamente dominantes. Esto significa que, junto a la política de choque en el plano de las relaciones económicas, los sectores económicamente dominantes y su gobierno, también se plantean la necesidad de enfrentar los problemas de su hegemonía.

 La reciente resistencia, centrada en los educadores, los pueblos originarios y algunos sectores sindicales, frente a las reformas al modelo de pensiones ha llevado en la práctica a un mayor deterioro de la hegemonía política – ideológica del bloque dominante (empresa privada y gobierno). Es evidente que la única posibilidad que tuvo el gobierno del señor Mulino, apoyado plenamente por los sectores económicamente dominantes, para imponer la Ley 462 fue la de hacerlo a sangre y fuego, en un movimiento que ha venido a consolidar en el país una situación de autoritarismo, represión y control policial-militar.

El impacto sobre la hegemonía ideológica del bloque dominante se expresa con mayor fuerza en el práctico colapso del consenso que es capaz de suscitar el actual gobierno. No es casualidad que en la última encuesta publicada por el diario La Estrella de Panamá, el 81.5% de los encuestados respondieron que el actual gobierno no representa los intereses de la mayoría de los ciudadanos.  Obviamente se trata de una cifra sesgada hacia abajo, teniendo en cuenta que dicha encuesta no abarcó las provincias de Bocas del Toro y Darién.

Sin embargo, también es claro que el carácter del gobierno de turno, el cual se encuentra directamente dirigido por elementos de los sectores económicamente dominantes, hace relativamente fácil vincular las acciones represivas dictatoriales con dicho sector. Este, entonces, está en la necesidad de activar los aparatos ideológicos tanto del Estado como de la sociedad civil, con el fin de recomponer su hegemonía ideológica.

Es evidente, para comenzar, la posición cerrada de los medios masivos de comunicación controlados por el sector económicamente dominantes tratando de justificar las supuestas ventajas de la Ley 462, así como las medidas dictatoriales del gobierno. A esto se debe agregar la campaña sistemática en favor de la reapertura de la contaminante mina de Donoso y de la construcción de los embalses de Río Indio.

En el plano más profundo tanto el gobierno de Mulino, como los sectores económicamente dominantes, pretenden reformar todo el sistema de educación oficial del país, a fin de que el mismo les sirva como mecanismo fundamental para la difusión de su visión ideológica – política. Se trata, entonces, de ajustar la educación con el fin de recomponer su maltrecha hegemonía.

Desde luego que la oligarquía íntimamente entiende que la educación no es un campo de acción neutro, ya que la misma puede servir como un campo de práctica de la libertad, que le permita a los sectores subordinados entender su situación y buscar superarla, pero que también puede y ha servido como mecanismo privilegiado para imponer la ideología del bloque dominante. Esto último es lo que busca el gobierno y los sectores económicamente dominantes.

Se trata, como en otros casos, de un objetivo que lejos de ser declarado se enmascara haciéndolo pasar como una acción neutra coincidente con el interés de toda la Nación. Esto se evidencia en el discurso de la ministra de educación, la cual predica lo que se podría llamar el falso principio de la neutralidad de la educación, según el cual esta se trata de un espacio de una práctica social neutra.

Es imperioso desenmascarar esta posición. Es fundamental, entonces, entender que como señala Pablo Freire al referirse a la formación de los estudiantes: “cuando más se proclama la neutralidad de la formación… tanto mejor se sirve al >>establecimiento<<”.

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