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Los muertos, los tuertos y los ciegos

 

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

El 8 de julio de 2010 unos 6,000 trabajadores bananeros del pueblo de Changuinola, en la caribeña provincia panameña de Bocas del Toro, fueron reprimidos salvajemente por el ejército (Fronterizos) y la policía enviados por el gobierno de Ricardo Martinelli, operación dirigida en el campo por Jimmy Papadimitriu. Hoy, cegados también por el poder, pretenden reeditar esos tristes episodios y tienen planes de reprimir al pueblo y esto nos puede llevar a un callejón sin salida, porque no quieren respetar la voluntad mayoritara del pueblo que rechaza enérgicamente el contrato leonino que vende a la patria y crea un enclave minero, afectando gravemente la dignidad nacional. 
No nacieron así, si no que al mirar las injusticias, declarar enemistad con ellas, al decidir oponerse a la arbitrariedad y a la violación de sus propios derechos y los de los demás, fue la chispa que prendió el fuego, y el gobierno que intentó descabezar de un plumazo al sindicalismo, dispuso movilizar a cientos de unidades anti multitudes y a soldados comandados por Abrego, y la actitud del gobierno fue destruir a los trabajadores y ello colmó el vaso del sosiego y se sucedieron tres días de combate donde el gobierno no solo perdió la legitimidad, sino que fue autor de un crimen de lesa humanidad que dejó dolor y tristeza en muchos hogares de gente humilde, que no entendían cómo el gobierno, que dice servirles y protegerlos, se convertía en su propio y cruel verdugo.

La represión y la violencia estatal en la provincia de Bocas del Toro, dejó a más personas ciegas que el viernes negro del que tanto se ha hablado y escrito. Solamente en Changuinola hubo 11 muertos. Esa operación perversa, estuvo a cargo de un equipo conformado por Alma Cortez, José Raúl Mulino, quien era el Ministro de Seguridad, pero no mandaba, Juan Carlos Varela que ya tenía choques con Martinelli y dirigida personalmente por el flamante ministro de la presidencia, Jimmy Papa Dimitriu, el segundo hombre con más poder en ese régimen y responsable primario junto a Martinelli de ese grave crimen de lesa humanidad.

La criminal Operación en julio de 2011, fue dirigida en el terreno por el flamante ministro de la presidencia, Jimmy Papa Dimitriu, el segundo hombre con más poder en ese régimen y responsable primario junto a Martinelli de ese grave crimen de lesa humanidad, y del cual no han pagado por sus fechorías.
Los centenares de heridos, los 11 muertos, los ciegos y casi 82 personas que perdieron parcialmente su visión, fue el resultado de órdenes por parte de civiles que, recibió la policía y los fronterizos de disparar a la cara de los manifestantes, lo cual tampoco los exonera. Hoy pareciera que quieren reeditar esos tristes episodios por los que pasó la nación en una noche oscura y grotesca, movida como ahora por la rampante corrupción y desamor a la patria.

El 8 de julio de 2010 unos 6,000 trabajadores bananeros del pueblo de Changuinola, en la caribeña provincia panameña de Bocas del Toro, fueron reprimidos salvajemente por el ejército (Fronterizos) y la policía enviados por el gobierno de Ricardo Martinelli.

Los trabajadores estaban movilizados por reivindicaciones laborales, y contra la famosa Ley Chorizo, impuesta a sangre y fuego en la Asamblea Nacional de Diputados de ese entonces, por los partidos Panameñista, Cambio Democrático y Molirena, pero el gobierno los trató como “terroristas”. Un millar de ellos fueron alcanzados por perdigones, 11 murieron, otros quedaron ciegos de por vida y 82 perdieron parcialmente la visión.

Yo visité Changuinola una semana después, y todavía el centro de Changuinola, donde quedaba el Global Bank, La Policía y otras oficinas públicas, parecían un campo de guerra.

Se tiene información que otros seis se suicidaron poco después de los hechos, traumatizados por la violencia atroz y por golpes contundentes recibidos por parte de la policía, solo en Changuinola.

cientos de ciegos de un gobierno que prefirió, como también quiere el gobierno actual, imponer su voluntad a sangre y fuego y en modo alguno proteger a sus ciudadanos.

Se dice que por orden de Jimmy Papadimitriu, un año después, las comunicaciones fueron bloqueadas a toda la Comarca, en una clara violación a las garantías constitucionales, y de las cuales nunca ha rendido cuenta Papadimitriu, y los muertos y heridos, como si fueran bestias, nadie ha asumido la responsabilidad por los hechos y pagado semejante crimen de lesa humanidad, en donde las autoridades instituidas para defendernos, quedaron desarrollando la acción infame de reprimir y asesinar a nuestros compatriotas, hecho del cual es necesario deslindar las debidas responsabilidades.

La saña con que se dispuso acabar con la vista de los trabajadores de las bananeras, estuvo contenida en la orden de disparar directamente a la altura de la cara, hecho insólito que ni siquiera durante lo que denominan la “dictadura militar” nunca se realizó con tanta vesania y perversidad.  Luego de esa operación que, descubrió la clase de régimen que nos gobernaba, y después de haberle causado semejante daño al pueblo, obviando el principio jurídico que dice que todo el que cause un daño tiene la obligación de repararlo, ese gobierno pasó una Ley donde nuevamente nos causan otro daño adicional, al ordenar que del erario público se destinara una suma para, medio indemnizar a las víctimas, cuando esa indemnización debió asumirla de su pecunio, quienes al margen de La Ley y La Constitución causaron tanto mal en una clara extralimitación en el ejercicio del poder público.

Esa violencia desarrollada con tanto ensañamiento, se dispuso como parte de un plan para destruir al movimiento sindical y popular, a fin de desmantelar cualquier fuerza contestaria en el propósito de instaurar a toda regla un régimen corrupto, sin la más mínima oposición. Finalmente, lograron instaurarlo, pero no completaron su tarea, porque la gente decente de algún modo se levantó, pero quedan aún sin resolver las debidas responsabilidades penales y civiles por el daño causado y la vida generosa de compatriotas y hermanos que hoy son mártires de la lucha contra la corrupción y la avaricia.

Hoy, en Panamá, como si no hubieran aprendido la lección de esos tristes hechos, el régimen actual, ha diseñado la misma hoja de ruta de imponer, como la Ley Chorizo, el Contrato leonino que le entrega a una empresa minera tracalera que ha extraído durante más de cinco años y medio en que no tienen ningún asidero jurídico en qué amparar legalemnte el robo d enuestros recursos como nación la friolera de 14,235,000 ( atorce millones, doscientos treinta y cinco mil), toneladas de material refinado que han sido llevados a la China y Alemania para su separación final y comercializado por un valor aproximado a los 71,175 (setenta y un mil millones de dólares), de los cuales al Estado panameño, a estas alturas no ha visto un solo real, se le segrega una parte de nuestro territorio que contiene un tesoro inmenso de riqueza mineral, entre oro, cobre, plata, molibdeno y otros minerales de alto valor económico, y al país le quedan migajas y la destrucción e irreparable desolación e inmensa contaminación.

Algún día, tenemos que enderezar, el moribundo Estado que vivimos. Porque no es posible que, quienes causaron y causan daño en la actualidad y aún continúan en su afán, hoy se rían de sus fechorías, y el pueblo le toque sufrir los estragos de sus desmanes y tenga que tolerar la gigantesca impunidad de esos delincuentes, porque la memoria de esos mártires del pueblo, claman justicia, y sé que Dios escucha a los humildes.

¡Así de sencilla es la Cosa!

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